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lunes, 26 de mayo de 2014

El TSJ de Cataluña resuelve la problemática sobre el plan de parentalidad

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia de 20 de marzo de 2014 se ha pronunciado por primera vez sobre la naturaleza, finalidad y requisitos del plan de parentalidad que, según el Código Civil de Cataluña, debe aportarse a toda demanda. En concreto, el supuesto contemplado en la misma es una solicitud denulidad de actuaciones al no haberse aportado el referido plan a la demanda de modificación de medidas.

La resolución establece que:

1.- El plan de parentalidad no solo debe aportarse en procesos de mutuo acuerdo sino también en los procesos contenciosos.

2.- El plan de parentalidad debe concretar la manera en que los dos progenitores ejercerán las responsabilidades parentales, detallándose los compromisos sobre la custodia, tanto si es monoparental como compartida.

3.- El plan de parentalidad no debe contemplar los alimentos que se deben abonar por los progenitores pero si los aspectos de la vida diaria del menor tanto en el ámbito personal como en el patrimonial. A modo de ejemplo señala los siguientes puntos que deben incluirse:

- El lugar de residencia del menor y las reglas que permitan determinar a que progenitor corresponde la custodia en cada momento.
- Las actividades cotidianas y la forma de organizarlas entre los progenitores.
- Los cambios de custodia y el reparto del coste que pueda generar
- El régimen de relación y comunicaciones entre el hijo y el no custodio cuando no esté con él.
- El régimen vacacional y las fechas especialmente señaladas.
- Tipo de educación y actividades extraescolares.
- La forma de comunicar el deber de informaron sobre educación, salud y bienestar del menor
- La forma de adoptar decisiones que necesiten el consentimiento de los dos progenitores.

En definitiva, establece la Sentencia que el plan de parentalidad del CCat es la propuesta de un progenitor (o de ambos si es de mutuo acuerdo) para organizar la vida diaria con la finalidad de poder prevenir los problemas mas frecuentes que pudieran surgir de manera que se eviten futuras discusiones entre los padres, pudiendo contemplar incluso la mediación familiar para resolverlos.

En cuanto a si es preceptiva su aportación junto con la demanda, el TSJC concluye que, pese a no ser un requisito de inadmisión, el Secretario judicial ha de requerir al actor para su aportación inicial o, si es demandado o reconviniente, para que la acompañe a la contestación o reconvención y, en caso de que no lo haga, tanto el Ministerio fiscal como la contraparte pueden denunciarlo en cualquier estadio del proceso, señalando sin embargo que dichos planes no vinculan al Tribunal pues han de ser aprobados de acuerdo con el principio del interés del menor. Ahora bien, si ni el Secretario judicial, ni las partes lo hubieran aportado o requerido será el Juez quien deberá solicitarlo antes de dictar sentencia en 1ª Instancia para poder resolver las cuestiones que constituyen el citado plan de parentalidad.

Fuente: Comentario de Carmen Varela, en LexFamily.es



miércoles, 21 de mayo de 2014

España: El TSJ de Galicia censura que se prohibiesen las visitas de los menores con su madre

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su Sentencia de 22 de febrero de 2012, ha resuelto un recurso de casación interpuesto por la madre biológica de unos menores declarados en desamparo criticando duramente la actuación de la entidad pública que suspendió sin causa alguna la relación de la madre con sus hijos.
La madre de los dos menores declarados en situación de desamparo, vio fracasar en las instancias su demanda de cese de la suspensión de la patria potestad y de revocación de dicha declaración, efectuada por resolución de 27 de enero de 2009 de la correspondiente delegada provincial de "igualdade e benestar" (Vicepresidencia de la Xunta de Galicia), en cuya virtud, además de declarar a los menores Olga (nacida el 21 de diciembre de 2004) e Luis Andrés (nacido el 4 de octubre de 2006) en tal situación legal de desamparo asumiendo esa entidad pública (la delegación provincial) su tutela, se acuerda "suspender cautelarmente el derecho" de los padres de los menores "a relacionarse con sus hijos, así como prohibir cualquier clase de relación entre dichos menores y otros parientes allegados".
 En la resolución de tutela pública de 27 de enero de 2009 se acordó "suspender cautelarmente el derecho" de los padres de los menores "a relacionarse con sus hijos" así como "prohibir cualquier clase de relación entre dichos menores y otros parientes o allegados".


martes, 20 de mayo de 2014

España; Avances del Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia

Ana Mato, Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
La noticia es del mes pasado pero recién hoy me entero y por su relevancia en temas de protección a la niñez la anoto. Dejo algunos puntos de la nota de prensa y, abajo, el informe que se presentó al Consejo de Ministros y el texto del Anteproyecto.

Es un retroceso respecto del anteproyecto del PSOE del 2012 que no avance en proporcionar criterios (al modelo inglés) para la búsqueda del interés superior del menor y simplemente se le utilice como fórmula de solución.

"El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia.
Esta reforma de la legislación de protección de la infancia convierte a España en el primer país del mundo en integrar en su ordenamiento la defensa del interés superior del menor, que primará siempre ante cualquier otra consideración. Éste ha sido el elemento que ha guiado la elaboración de ambos Anteproyectos de Ley, desde el consenso y la cooperación con las Comunidades Autónomas y con las entidades sociales especializadas. Fruto de este diálogo, nacen medidas que agilizan y flexibilizan los procedimientos de adopción y acogimiento, que fortalecen el derecho de los menores a participar en su entorno y que aumenta su protección en situaciones de violencia de género o ante casos de abusos sexuales.

De hecho, se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor por parte de las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan tales hechos en el ejercicios de su profesión, puesto que, si no lo hacen, incurrirían en un delito de omisión.



jueves, 8 de mayo de 2014

España:Ttribunal Supremo falla estableciendo custodia compartida de los hijos menores del matrimonio

El TS casa la sentencia recurrida que denegó la medida de guarda y custodia compartida de los hijos menores del matrimonio, y que había sido acordada por el Juzgado de 1.ª Instancia. A juicio de la Sala la valoración del interés de los menores no ha quedado adecuadamente salvaguardado y la solución aplicada en la resolución impugnada no ha tenido en cuenta ninguno de parámetros imprescindibles para determinar el régimen de custodia aplicable, que pueda asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor y, en definitiva, aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial, garantizando al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda es lo más beneficioso para ellos.
Fuente: Iustel


martes, 24 de septiembre de 2013

España: El CGPJ aprobò el informe al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad, en su reunión del 19 de septiembre, el informe al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio.
El informe valora de manera positiva la relevancia que el anteproyecto confiere a la mediación en el Derecho de familia, al regular con mayor detalle la labor mediadora en supuestos de crisis matrimonial y, en general, en los diferentes conflictos que puedan suscitarse en el ámbito familiar.
En relación con la guarda y custodia  y el régimen de estancia, relación y comunicación de los padres con los hijos, el anteproyecto incorpora unos criterios legales a los que el juez deberá sujetarse para resolver respecto de esos aspectos que, en términos generales, se ajustan al criterio fijado por la doctrina jurisprudencial.
Respecto a la guarda y custodia compartida, la reforma analizada establece que podrá ser establecida por el juez sin que ninguno de los progenitores lo haya solicitado con tal que ambos pidan la custodia exclusiva para sí mismos. En la actualidad, esta posibilidad tiene un carácter excepcional según la regulación que le otorga el vigente artículo 92.8 del Código Civil.
La reforma propuesta, según criterio de este Consejo, puede originar situaciones problemáticas, difícilmente puede revertir en interés de los hijos ni servir para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia.
Por el contrario, es previsible que el otorgamiento de oficio de la guarda  y custodia compartida agudice las tensiones y controversias que frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de convivencia en aspectos tan transcendentes como  la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos.
Por todo ello, el informe considera que la concesión de la guarda y custodia conjunta debería quedar condicionada, como acontece actualmente, a que al menos uno de los progenitores  solicite la aplicación de ese régimen.

Y, en lo que atañe a la incorporación al convenio regulador del denominado “plan de ejercicio de la patria potestad conjunta”, el Consejo cuestiona que se establezcan unos criterios para determinar la contribución de cada cónyuge a las cargas familiares y los alimentos (tiempo de permanencia de los hijos con los padres, capacidad económica de estos últimos, atribución de la vivienda familiar, etcétera), pues ello afecta a la autonomía de la voluntad de los intervinientes. Por tanto, el informe considera que debería mantenerse la regulación actual sobre ese aspecto, de manera que los padres puedan pactar lo que estimen pertinente sobre ese particular, salvo que lo acordado fuera perjudicial para los hijos.

El informe completo acá.

lunes, 23 de septiembre de 2013

España: Tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue informado, en su sesión del 11 de julio, de la Memoria explicativa de las tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia.

Los vocales Fernando de Rosa Torner, vicepresidente del órgano constitucional, y Carles Cruz Moratones dieron cuenta al Pleno del documento, elaborado por el Grupo de trabajo de jueces de familia. La elaboración de las tablas ha sido una apuesta de ambos vocales delegados de Familia en este mandato.
A propuesta del Grupo de trabajo de jueces de familia, el CGPJ ha venido trabajando en la creación y puesta a disposición de jueces, magistrados, abogados y ciudadanía en general de estas tablas, entendidas como un instrumento orientador adaptado a las experiencias en esta materia y elaborado conforme a bases científicas con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Consejo ha publicado una aplicación informática on line de las Tablas para realizar los cálculos de cada caso de forma sencilla.

Este instrumento de cálculo en línea está a disposición de los jueces, tribunales –a través del Punto Neutro Judicial y de la Extranet de esta página web- y de todos los operadores jurídicos y la ciudadanía en esta página del Poder Judicial.
El sustrato estadístico de las tablas se actualizará cuando se produzcan cambios en la estructura de gastos de las familias y, como mínimo, cada cinco años.  

Dejo aquí una orientadora columna sobre este tema, de la destacada abogada española Carmen Varela:

“Después de varios meses de expectación entre los operadores jurídicos que sabíamos desde el año pasado que el Consejo General del Poder Judicial estaba elaborando unas tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos, la semana pasada vieron la luz, no sin gran polémica y controversia entre jueces, abogados de familia y fiscales.
Tal y como su propio nombre indica, las referidas tablas son orientadoras, lo que significa que no serán de preceptiva imposición sino que el juez podrá modularlas en atención a las circunstancias concurrentes y alega el CGPJ que serán un instrumento muy útil en el ejercicio de la función jurisdiccional en los procesos de familia, “pues incrementa los niveles de previsibilidad de la respuesta judicial, aumenta la seguridad jurídica y facilitara acuerdos y soluciones de auto-composición en este tipo de procesos, evitando en buena medida los costes sociales de los procesos contenciosos”.

lunes, 16 de septiembre de 2013

España: Pagar la pensión de alimentos directamente a los hijos

Columna del sitio español "Mundo Jurídico":
Muchos padres deciden pagar la pensión de alimentos directamente a sus hijos cuando son mayores de edad.

En Mundojurídico.info son muchas las consultas que nos han hecho acerca de si una vez que los hijos son mayores de edad, se les puede pagar directamente a ellos la pensión de alimentos, bien mediante transferencia a una cuenta bancaria del hijo o bien mediante la entrega en mano del dinero.
Respecto a esta posibilidad, y con independencia de la edad del hijo, la mayoría de los Juzgados opina que el pago de la pensión de alimentos directamente a los hijos incumple la sentencia  o el convenio regulador que se hubiera dictado  en su momento, y que por lo tanto no es válido.
Sin embargo, y en sentido contrario, hay juzgados ( los menos)  que consideran que sería válida la entrega de la pensión de alimentos a los hijos mayores cuando éstos declaran haberla recibido.
Nuestra opinión, no obstante, es cumplir con la sentencia y hacerle el ingreso al otro cónyugepara evitar estas situaciones. De esta forma y aunque pueda parecer razonable hacer el ingreso de la pensión de alimentos a los hijos cuando éstos son mayores de edad, si esto no es aceptado por el otro ex cónyuge de forma escrita no debe hacerse , ya que a pesar de haber abonado los alimentos nos podrían ejecutar la sentencia y tendríamos serias dificultades de oposición.
En cualquier caso, os dejamos algunas sentencias en un sentido y otro para que podáis leer los argumentos que se recogen al respecto.
Sentencia favorable a la entrega de la pensión a los hijos:
Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1º) de 22.03.2012: “Aunque la sentencia indicaba que los pagos se realizarían dentro de los cinco primeros dias de cada mes en la cuenta que designara la madre, cabe señalar que la falta de cumplimiento de este requisito en absoluto significa que la deuda no se pagase, y por lo tanto, nunca puede justificar la continuación de la ejecución dineraria promovida por estos conceptos por la citada señora, ya que la misma reconoce que durante siete mensualidades aceptó la entrega de la pensión alimenticia directamente a sus hijas “en mano”, luego es claro que esta forma de pago fue aceptada por la hoy ejecutante como una forma válida de recibir el dinero y por lo tanto no puede ir en contra de sus actos. Las dos hijas recibieron de su padre las entregas de dinero en concepto de pensión de alimentos, y luego ellas, como han declarado en el juicio se lo entregaban a su madre,. No hay ningún indicio que permita albergar dudas sobre la sinceridad de estas testigos, hijas del ejecutado pero también hijas de la ejecutante”.
Sentencias contrarias a la entrega de la pensión directamente a los hijos:
Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) de 27.11.2008: ” No constituye un modo de satisfacer la pensión los pagos realizados directamente al hijo, pues lo que se está ejecutando es una sentencia de separación en la que se aprueba un convenio regulador, según el cual el apelante abonará en la cuenta designada por la madre los alimentos, por lo que no se trata de una prestación alimenticia de ascendientes a descendientes pues entonces deberían haber sido demandados ambos progenitores por sus hijos, sino que se trata del modo en que cada uno de los progenitores va a contribuir a satisfacer una obligación no cuestionada de alimentos para sus hijos y que es común a ambos. El acuerdo alcanzado entre padre e hijo para entregarle aquél la pensión directamente no es oponible en la presente ejecución por cuanto los titulares de la relación procesal son el padre y la madre, y por lo tanto, es ajena a ellos un acuerdo no alcanzado entre las mismas partes”.
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª) de 10.07.2012: “A efectos de la ejecución, lo que no puede estimarse es la compensación de las cantidades entregadas directamente al hijo ya que entre las causas de oposición recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil no se contempla aquella”

Fuente: Mundo Jurídico.


viernes, 19 de agosto de 2011

España: Ejecutivo anuncia Anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia

Recientemente, el ejecutivo español ha anunciado y hecho público su anteproyecto para reformar la Ley de Protección integral del menor. Dejo abajo un fragmento del comunicado oficial de La Moncloa, pero quiero destacar, en sintonía con mi presentación del sábado recién pasado en el Foro del PRO, como un novedoso  recurso y una intuición compartida, la necesidad de precisar el proceso de búsqueda del interés superior, y, para esto, seguir la experiencia inglesa de la Children Act. No sólo soy yo entonces, quien considera que este es el camino para introducir en nuestro sistema jurídico una herramienta de utilidad sino que el largo trabajo de dos años del ejecutivo español coincide en esa misma dirección. Nada como que otros coincidan con uno.

• Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
• Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
 El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajin (en la foto), sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. 
El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares. 

El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley. El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. 

Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia. Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996. Interés superior del menor Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado. 

Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar. Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído. También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera.

Opinión de UNICEF España:

"UNICEF España saluda como positiva la elaboración de este anteproyecto, y confía que las aportaciones que tanto UNICEF como otras organizaciones de infancia han realizado en las consultas previas sean tenidas en cuenta. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 supuso en su momento el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño como referente para las legislación española, pero muchos de sus aspectos deben ser revisados después de 15 años de vigencia.

A la espera de conocer el contenido definitivo del anteproyecto de ley, UNICEF considera muy positiva la inclusión en el texto de criterios específicos para la valoración del “interés superior del niño”, de manera que su opinión y su bienestar presente y futuro sean siempre la referencia fundamental a la hora de tomar decisiones judiciales o administrativas sobre los menores de edad. También se valora positivamente la apuesta decidida por el trabajo con las familias para prevenir la desprotección, y la apuesta por el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial como respuesta prioritaria cuando no es posible que un niño permanezca con su familia (especialmente en el caso de los más pequeños).

La exigencia de estándares de calidad en los centros de protección de menores y la regulación de los centros de menores con problemas de conducta han sido también dos de los temas reclamados tanto por UNICEF España como por el Comité de los Derechos del Niño que se contemplan en el anteproyecto.

UNICEF confía en que esta iniciativa fundamental para los derechos de los niños en España llegue a buen fin en este periodo de Gobierno o, en todo caso, sea una iniciativa prioritaria en una próxima legislatura."