miércoles, 20 de mayo de 2015

21 de mayo e Infancia

Como el primer 21 de mayo del segundo mandato de la presidenta Bachelet no existió ningún anuncio concreto, es fácil que se pueda sostener: “se cumplió”. Los anuncios giraban en torno a avanzar en el proceso de reformas, avanzar en estudios, etc.

Transcurrido 1 año y dos meses de gobierno no se ha presentado ningún proyecto de ley sobre defensor del niño, ni ley de garantía de derechos (como se llama ahora a la ley de protección de derechos), ni reforma a la ley penal adolescente; no se ha aumentado la subvención para residencias y hogares, no existe política de infraestructura para centros de protección, no se ha dado suma urgencia a la reforma de la Ley de adopción que sigue en la Comisión de Familia de la Cámara Baja, ni se ha tomado decisión sobre el destino del proyecto de reforma del Sename (que estaba tramitándose y que, entiendo, se ha congelado).
El único avance lo marca la ratificación del Congreso al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmado por el anterior gobierno y enviado a su ratificación por el actual.

Se han realizado numerosos estudios. Algunos por el Ministerio de Justicia, otros por el Consejo Nacional de Infancia y otros por Unicef. Ninguno de ellos se ha hecho público. En un reciente seminario –de sorprendente escasa difusión- la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia anunció que el proyecto de ley de garantía de derechos ingresaría a trámite parlamentario en agosto. Ese plazo limita drásticamente la participación ciudadana sobre este proyecto e incluso, no deja suficiente espacio para realizar un proceso de consulta indígena, que conforme al Convenio 169, resulta necesario.  Se sobreentiende que existe un anteproyecto, elaborado por un prestigioso experto nacional, pero que aún no ha sido hecho público ni discutido con las ONG’s y actores relevantes, Es bueno recordar que un grupo de ONG's entregaron al ex presidente Piñera un anteproyecto de ley de protección de derechos. 

La participación infantil en estas materias ha seguido un tortuoso camino. Mientras por un lado (Consejo Nacional de Infancia) se llevó a cabo un interesante proceso de consulta, por otro (Sename) se puso abrupto fin a la institucionalidad que mediaba esa participación de modo permanente, que eran los Programas de Prevención Comunitaria (PPC).


De este modo, los anuncios de mañana, en el actual contexto político, no dejan mucho espacio a la imaginación ni la esperanza. Puede que ingresen incluso proyectos de ley en el actual gobierno, pero no cuenten con la prioridad necesaria para ser tramitados, dado el caudal de discusión legislativa existente.

martes, 5 de mayo de 2015

En programa "Hablemos de justicia", conversando sobre Niños en Tribunales

En este capítulo del programa de la dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile, “Hablemos de Justicia”, el periodista Julio Mundaca conversa junto a las juezas Nora Rosatti (jueza penal) y Carolina Benavides (jueza de familia) y el profesor Francisco Estrada, experto en derechos del niño, sobre los niños en el sistema de justicia.


martes, 28 de abril de 2015

Violencia de género y rol del Gobierno en Chile

La investigadora del ICSO (UDP) y académica de la Escuela de Historia UDP, Hillary Hiner se refiere a la violencia de género de Chile, enfatizando en la importancia de entender ésta ya no sólo como violencia exclusivamente al interior del hogar, sino que en otras áreas como el Estado, el trabajo, en la calle, en las protestas, entre otros

viernes, 3 de abril de 2015

Detenido por PDI de Curicó por deudas de $29 millones en pensión alimenticia

La Policía de Investigaciones (PDI) de Curicó logró arrestar a una persona que mantenía pendiente una orden de arresto emanada del Juzgado de Familia de Talca, por deudas asociadas a pensiones alimenticias que alcanzan la suma de 29 millones de pesos.
El sujeto, identificado con las iniciales B.J.G.V., fue detenido en el sector La Isla de Villa Prat de la comuna de Sagrada Familia, luego de diversos empadronamientos efectuados por los detectives de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Curicó, quienes pudieron dar con su paradero.

Para la PDI Curicó este caso sería inédito dada la alta suma de dinero que adeuda el arrestado, así lo destacó el jefe de la Brisexme Curicó, comisario Salgari Melo Tanner, quien además señaló que nunca en esta provincia habíamos detenido a una persona por una suma tan elevada en deudas por pensiones alimenticias.
En ese contexto, el jefe policial agregó que “resulta complejo conseguir resultados positivos con personas que mantienen deudas por años, debido a que cambian frecuentemente de domicilios para evadir el accionar policial. Este caso no fue la excepción. Pese a ello, la labor de los detectives para detectar el actual domicilio fue fundamental”, dijo.

Sumado este caso, durante el presente año, los montos asociados a arrestados por pensiones alimenticias superan los 200 millones de pesos, lo que se considera un éxito, ya que la labor policial en este ámbito beneficia directamente a las familias demandantes. “Durante el pasado mes arrestamos a más de 60 personas por este concepto y sabemos que la comunidad se encuentra satisfecha de nuestra labor, porque saben que estamos atendiendo a las necesidades de las madres y padres que requieren del cumplimiento de pago por alimentos”, sostuvo el comisario Melo.


Fotografía: tvmaulinos.com

martes, 24 de marzo de 2015

Interés Superior del Niño. 12 fallos en Jurisprudencia Nacional

La semana pasada tuve el gusto de realizar las clases del programa de formación general 68° de la Academia Judicial sobre interés superior del niño (ISN).
Uno de los módulos fue un taller de análisis de jurisprudencia para el que preparé esta selección de 12 fallos a partir de un trabajo recopilatorio del interés superior del niño en fallos de Cortes en nuestro país, en el que estoy embarcado desde hace un tiempo. El listado aparece en orden cronológico. Así, la selección obedece a criterios de interés por la evolución del uso del principio del ISN en nuestras cortes.

El trabajo de análisis consistía en poner nota (escala de 1 a 7) en cuatro ítems respecto del uso que cada fallo hacía del ISN:
1. Nivel de desarrollo argumentativo. ¿El ISN es una frase asperjada, es al menos un párrafo, merece un considerando especial?
2. Ubicación. ¿El ISN está ubicado periféricamente respeto del núcleo del argumento o en el corazón del fallo?
3. Relación con otras normas y principios. En la lectura de Cillero el ISN juega un rol hermenéutico y de solución ante conflicto de normas o principios. De ahí la relevancia de que se explicite ese conflicto.
4. Enlace con hechos. ¿El ISN guarda relación con las proposiciones fácticas, con el objeto del juicio, con la teoría del caso de las partes? ¿O es algo que se redacta al final sin que posea algún mínimo enlace con los hechos del proceso?

Cabe destacar que el fallo de la ministra de fuero Jessica González recibió nota 7 en sus 4 ítems, evaluación que comparto.


Dejo aquí este ejercicio y el dossier de fallos porque pueden resultar de interés para otros ejercicios docentes.

viernes, 6 de marzo de 2015

Argentina: El fallo de la primera adopción igualitaria

El fallo de la primera adopción igualitaria

Una jueza de Río Grande aceptó la adopción de dos menores por parte de un matrimonio igualitario. En la Argentina es el primer caso de una pareja que logra adoptar niños judicializados. Los fundamentos y la sentencia completa.
En los autos “M.D.C. y B. D s/ADOPCIÓN”, la jueza Susana del Valle García, titular del juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande N° 1, otorgó la adopción plena de dos hermanos menores. Es el primer caso donde chicos judicializados son adoptados legalmente por un matrimonio gay, desde la vigencia de la ley de matrimonio igualitario.

Ya en septiembre de 2013 se les concedió la guarda de los niños. Los menores se encontraban institucionalizados por haber fallecido su madre y por necesitar de forma urgente asistencia médica.
En la solicitud de adopción, los actores refirieron que “han formalizado su relación sentimental, luego de compartir juntos ocho años, el día 8 de diciembre del año 2011, en esta ciudad de Río Grande, oportunidad en la cual contrajeron matrimonio”.
“Con el fin de completar sus vidas para integrar y constituir una familia planearon incorporar un hijo. Buscaron estabilidad laboral y económica, mientras maduraban su relación como pareja”, añadieron.
La guarda pre-adoptiva se inició en los autos caratulados “L.S.G.D. Y otro s/Guarda con fines de adopción”, radicada ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia, Secretaría Nº 2 de la ciudad de Iguazú.

Según las constancias de Protección de Personas y sobre Guarda desde que “los niños viven con los presentantes han formado una estrecha relación, participando de tareas hogareñas y de su educación, encontrándose ambos cursando sus estudios en forma regular, mejorando notablemente su salud, reforzando su confianza en sí mismos, encontrando contención en ellos”.
En su decisión, la jueza Susana del Valle García señaló que “los presupuestos formales y sustanciales que prescribe la ley 24.779, art. 325, incs. a) y c) se han cumplido, ya que se han acreditado legalmente en la especie todas las reglas específicas de tal normativa, por lo que - adelanto - prosperará la adopción plena requerida en el líbelo inicial”.
“Respecto de la progenitora de los niños, la misma ha fallecido. Como consecuencia del deceso fue decretado el estado de abandono de D. y D., quedando en estado de adoptabilidad”, relató en la sentencia.
La magistrada aseguró, asimismo, la que prueba fehacientemente “del tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la guarda - 03 de setiembre de 2013 – supera ampliamente el plazo legal de seis meses que dispone la ley de adopción, en su art. 316”.
“Se desprende que la dinámica familiar es favorable para el desarrollo psicosocial de los niños, encontrándose éstos contenidos, cumpliendo los adoptantes las funciones de padres con cariño y firmeza; circunstancia de vital importancia debido a las innumerables contingencias a las cuales se han visto sometidos los niños, a partir del fallecimiento de su progenitora”.
Asimismo, para la jueza del Valle García se ha acreditado que “los peticionantes reúnen los requisitos establecidos en el art. 315, primer párrafo del Código Civil”.
En estos términos, la magistrada agregó que “no cabe duda alguna, de la lectura de los presentes autos y del que corre por cuerda, que los actores les brindan cariño, protección y una formación acorde a la evolución psicofísica a los niños. Que les han brindado trato de hijo a ambos por igual (…) y lo integraron a su núcleo familiar”.
“Los niños, durante todos estos años, ha formado su personalidad e identidad y han construido vínculos afectivos en función de la educación y cuidado que le han proferido sus guardadores, quienes constituyen, además, su única familia, situación que se acentúa mediante la declaración del estado de abandono dispuesta en los autos referenciados”, explicó del Valle García.
Por todo lo expuesto, la jueza consideró entonces que “los requisitos del art. 317 del Código Civil se encuentran validamente acreditados en su totalidad”.
Al mismo tiempo agregó: “En este sentido, considero que se encuentra garantizada la protección de los niños dentro del ámbito familiar en el cual se ha instalado de la mejor manera posible”.
En consecuencia, la jueza afirmó que “los hermanos sean cobijados bajo una misma familia, y de tal modo no sufrir una separación más, en lo que atañe a sus lazos biológicos, es una cuestión que redunda exclusivamente en beneficio éstos”.


jueves, 5 de marzo de 2015

España: El TS ordena que el primer apellido de un niño sea el de su madre porque así le conocen ya en su entorno

El Tribunal Supremo de España ordena en una reciente sentencia que el primer apellido de un niño siga siendo el de su madre en interés del menor, puesto que así es como se le conoce en su entorno familiar y en el colegio.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, anula la dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Provincial de Guadalajara al estimar que el progenitor que reclamó la paternidad e instó al cambio de apellidos actuó de forma tardía, ya que el pequeño ya estaba escolarizado cuando se inició el proceso de reclamación y nunca había tenido antes relación con su padre.
En estas circunstancias, según la Sala de lo Civil del alto tribunal, "es identificable el interés del menor en seguir manteniendo su nombre y en este caso su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo en los diferentes ámbitos familiar, social o escolar".

RECLAMACIÓN TRAS MÁS DE DOS AÑOS

El pequeño llevaba los dos apellidos de la madre desde que nació, y no fue hasta que cumplió los dos años y medio cuando el padre interpuso demanda reclamando la paternidad y el cambio de orden de los apellidos para que el primero fuese el suyo y el segundo el de la madre.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara estimó íntegramente la demanda paterna en una sentencia que fue confirmada posteriormente por la Audiencia de Guadalajara, que aplicó la norma general vigente en aquella fecha.
Según dicha norma, establecida en el artículo 109 del Código Civil y la Ley de Registro Civil, la filiación determina el orden de los apellidos, que puede ser modificado al alcanzar los hijos la mayoría de edad o emanciparse.
Además, en este caso, la Ley de Registro Civil de 2011, que acaba con la prevalencia del apellido paterno frente al materno, no había entrado en vigor en el momento de dictarse sentencia en Guadalajara. Esta norma autoriza una interpretación correctora de la anterior porque en sus aspectos fundamentales la vigencia constitucional de los principios que la inspiran sí están en vigor, según razona el Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal Supremo considera que el progenitor reclamó la paternidad de forma tardía, que el hijo estaba escolarizado cuando se inició el proceso, y que, además de utilizar el primer apellido de su madre desde su nacimiento, no había tenido una relación personal con su padre. En estas circunstancias, según la Sala de lo Civil, "es identificable el interés del menor en seguir manteniendo su nombre y en este caso su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo en los diferentes ámbitos familiar, social o escolar". 
El niño llevaba los dos apellidos de la madre desde que nació, pero, cuando tenía dos años y medio, el padre interpuso una demanda reclamando la paternidad y el cambio de orden de los apellidos para que el primero fuese el suyo y el segundo el de la madre. Un juzgado de Guadalajara estimó íntegramente la demanda paterna en una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Guadalajara en 2013. La sentencia de instancia aplicó la norma general vigente en aquella fecha, que establece que la filiación determina el orden de los apellidos, aunque los hijos cuando alcancen la mayoría de edad o la emancipación puedan alterarlo. Se apoyaba en el artículo 109 del Código Civil, la Ley del Registro Civil y el Reglamento del Registro Civil.

El Tribunal Supremo asegura que cuando está en cuestión el interés superior del menor "la respuesta no puede ser de interpretación literal de la norma". La sentencia explica que aunque la ley del Registro Civil 20/2011, que acaba con la prevalencia del apellido paterno frente al materno, no entró en vigor hasta el 2014 por razones estructurales y organizativas del nuevo Registro Civil, autoriza una interpretación correctora de la antigua, porque en los aspectos sustantivos la vigencia constitucional de los principios que la inspiran sí están en vigor.

Vía Iustel. 


miércoles, 4 de marzo de 2015

Una audiencia histórica


Una audiencia histórica


Hay razones objetivas para un título con algún aire de grandilocuencia. La audiencia de formalización de hoy (y que continúa mañana) es única en la historia judicial chilena tanto por las cuestiones que comprende (dinero y política, deslegitimación de los políticos, descrédito de la élite empresarial), como por los involucrados (los capitanes de uno de los principales grupos económicos del país, un subsecretario de estado, un grupo de privados coludidos con funcionarios públicos, algunos de los mejores abogados de la plaza).

La transmisión vía streaming de la audiencia por el poder judicial fue una iniciativa de la Dirección de Comunicaciones, visada por sus superiores, que permitió honrar en serio los principios de transparencia y publicidad, y, adicionalmente, permitió un debate informado sobre la actuación de los fiscales, de los defensores, del juez, sin los intermediarios mediáticos, no muchas veces confiables. Es sin duda, una actuación que debe mantenerse como política institucional en caso que concitan alto interés público.

La audiencia tuvo a los fiscales como los principales protagonistas -como la generalidad de las audiencias de formalización- y ellos respondieron con creces a las expectativas, en especial considerando los líos internos del Ministerio Público. Más allá de esas turbulencias, hoy todos pudimos ver y escuchar cómo se lleva a cabo una investigación penal compleja que abarca 19 situaciones delictivas diferentes, con un manejo muy preciso de los diversos hechos ilícitos y un correcto encuadre en la normativa penal pertinente. El Fiscal Nacional asumió el riesgo de soportar el peso principal del relato y exhibió en esta tarea destreza en una presentación, pedagógica incluso, que debiera ser imitada en casos similares. Carlos Gajardo, a su turno, asumió la tarea de argumentar la petición de medidas cautelares -las que sólo serán resueltas mañana-  y mostró en este desempeño el manejo detallado de la carpeta y se permitió mayor efusividad en la adjetivación de los comportamientos delictivos de los ejecutivos de Penta. Hay alguna asimetría en el acopio de antecedentes pero es necesario recordar que esto es sólo el comienzo, no el final, de un proceso investigativo formal, por lo que esa disparidad no es problemática.

El abundante equipo de defensores mantuvo silencio, salvo por una estrategia de Julián López, proseguida por Davor Harasic, de discutir todo lo posible a través de incidencias y planteamientos. En esa línea intentaron –sin éxito- dejar fuera a algunos de los querellantes. Aprovecharon para ello la tardía presentación de querellas. Si ya en diciembre se conocía esta fecha para formalizar fue poco seria la fecha en que se interpusieron. Por momentos el magistrado Escobar se dejó confundir  y en vez de pedirle a Julián López que formulase una petición y, así, luego resolverla, se puso a buscar en su computador fechas de querellas para compatibilizarlas con la resolución que las aceptó a trámite.  Hay allí un problema menor en la forma en que el tribunal notificó. Sin embargo, el magistrado logró superar esos momentos y logro que la audiencia retomase su desarrollo normal.

El debate por las medidas cautelares recién comenzó, pero los fiscales han estructurado un sólido argumento para acreditar los presupuestos, los requisitos que la ley exige para aplicar la prisión preventiva a los Carlos. La situación de Wagner, me parece, no debiese ser problemática para el juez -y luego para la Corte de Apelaciones- en decretarla.

Mañana va ser muy interesante observar el desempeño de la singular y potente dupla del Consejo de Defensa del Estado, su presidente Juan Ignacio Piña y la experimentada María Inés Horvitz. Si, como parece indicar, se suman a la petición de la fiscalía de prisión para los Carlos puede ser determinante para convencer al juez.

Los defensores, a su turno, van a desempeñar un rol bastante previsible pero ya desgastado por las veces en que han presentado en prensa esos argumentos.

Que todos observemos por televisión o internet, como dos de los hombres más poderosos comparecen en una sala del imponente Centro de Justicia como cualquier imputado y señalan su rut y domicilio puede marcar el inicio de una época donde la ciudadanía retoma confianza en sus instituciones.


Francisco Estrada
Abogado, profesor de Derecho.




lunes, 2 de marzo de 2015

Valioso fallo de Corte de Apelaciones de Santiago sobre conciliación, medidas de protección, cuidado personal.

Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de enero de 2015, rol Nº 2054-2014.
Redactada por Ministra (s) María Cecilia González Diez.

Tags: implicancia, conciliación, cuidado personal provisorio, medidas de protección

El 2015 comienza con un muy valioso fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del que anoto rápidamente algunos rasgos.
Este fallo contiene varios elementos que merecen relevarse. El primero, por lo inusual, es que comprende muy bien el sentido de la conciliación y la función del consejo técnico y del tribunal en esta instancia. La mano de la redactora –una prestigiosa jueza de familia- se nota y para bien en esto.
También es meritorio el entendimiento del carácter provisional de las medidas de protección.
Es asimismo importante en la argumentación, la forma en que se construyen lo soportes de las conclusiones, que suele ser un aspecto deficitario en las sentencias nacionales.
Llama la atención la polarización de algunas pericias pero también que uno de esos polos lo marca una profesional que –desde mi experticia de litigante- siempre desempeña el mismo rol pericial, a lo Gardner, (descartar abuso sexual, descalificar a la madre, encontrar al padre absolutamente competente) lo que parece poco acorde a criterios de imparcialidad.
En fin, es un gran fallo que espero sea confirmado por la Corte Suprema- fue recurrido- que contribuye a mejorar el entendimiento sobre tareas cotidianas de la justicia de familia. 

Dejo algunos fragmentos y más abajo el texto completo del fallo.

“CUARTO:                  Que, los procedimientos llevados a cabo en los Tribunales de Familia se rigen por principios, uno de ellos es el "Principio de Colaboración". La ley sostiene que en el procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia primará el principio de la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes; esto es, durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas.  El conflicto familiar reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto, razón por la cual, la ley instituye un procedimiento que confiere primacía a las soluciones autocompositivas del conflicto familiar. En efecto, la ley promueve y fortalece, tanto al inicio como durante el proceso, la posibilidad de que las partes accedan a soluciones cooperativas. Para ello, además de contar con instancias de conciliación, en la cual el juez con la asistencia de los profesionales del Consejo Técnico procura un acuerdo entre las partes, la ley consagra la mediación como un sistema alternativo de resolución de conflictos, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por sí mismas una solución a su conflicto.
QUINTO:                    Que, por lo expuesto, las opiniones que expresen los Jueces  de Familia y miembros del Consejo Técnico en las audiencias, relativas a buscar soluciones colaborativas entre las partes, no los inhabilitan para seguir conociendo de la causa."

(...)

"UNDÉCIMO:               Que, el padre alega que se le entregó el cuidado personal provisorio de su hija, sin embargo, dicho cuidado personal fue entregado en un procedimiento especial proteccional, como medida cautelar provisoria.  Las medidas de protección de que trata la Ley N° 19.968, corresponden desde un punto de vista dogmático, a medidas que comparten la naturaleza de tutela cautelar, en cuanto tienen por fin la cautela preventiva contra un peligro inminente, que autorizan al Juez de Familia a conceder medidas que cubran no solamente peligros patrimoniales, sino también, la seguridad personal de los involucrados, en la medida que concurran las exigencias del periculum in mora y el fumus boni iuris, que perfilan el instituto de estas medidas, como un proceso de cognición limitado a una mera exigencia de verosimilitud, elemento que justifica su carácter esencialmente provisorio. En ese orden de cosas, las medidas que en ese contexto se dictan, mantienen eficacia hasta que se mantenga inalterable la situación fáctica que las genera, de modo que establecida la innovación de la situación de hecho sobre la base de la cual se adopta una medida cautelar determinada, el tribunal se encuentra facultado para ampliarla, limitarla, modificarla, sustituirla o derechamente suprimirla, cuestión que dependerá de la actividad ponderadora de los hechos que el juez de la causa realice." 


viernes, 27 de febrero de 2015

En programa "Hablemos de justicia", conversando sobre Niños en Tribunales

En este capítulo del programa de la dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile, “Hablemos de Justicia”, el periodista Julio Mundaca conversa junto a las juezas Nora Rosatti (jueza penal) y Carolina Benavides (jueza de familia) y el profesor Francisco Estrada, experto en derechos del niño, sobre los niños en el sistema de justicia.


jueves, 12 de febrero de 2015

Auto acordado de Corte Suprema sobre Salas Gesell en tribunales de familia

Auto acordado que regula la implementación y uso de un espacio adecuado para el ejercicio del derecho a ser oídos de niños, niñas y adolescentes en tribunales con competencia en materia de familia.

Teniendo presente:
1°. Que con el objetivo de procurar la mejor atención jurisdiccional de niños, niñas y adolescentes, esta Corte ha realizado diversas acciones para propender al respeto de su interés superior; para proteger su derecho a la intimidad, establecer condiciones factibles para el ejercicio de su derecho a ser oído y resguardar su dignidad y el respeto de sus derechos dentro del procedimiento judicial.
2°. Que el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, en conformidad cón el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, involucra el derecho de éstos a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les conciernen, y en particular se les reconoce el derecho a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte.
3°. Que, a mayor abundamiento, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 12 expresó la importancia de la entrega de información al niño, niña o adolescente acerca de "las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias", consagrando que este "derecho a la información es fundamental, porque es condición imprescindible para que existan decisiones claras por parte del niño".
4°. Que, por su parte, el ordenamiento jurídico nacional consagra un marco normativo fundamental de resguardo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, constituido por el reconocimiento que la Constitución hace del derecho a la integridad física y psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y además la aplicabilidad de las normas internacionales derivadas de Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; imponiendo al Estado y a la sociedad la obligación de proteger sus intereses y atender a su situación, debiendo implementar políticas públicas y programas que se adapten a sus necesidades particulares.
5°. Que la normativa nacional en materia de familia establece resguardos especiales en cuanto a la participación de niños, niñas y adolescentes dentro del proceso judicial. En este sentido, el artículo 69 de la Ley N° 19.968 expresa la necesidad de que la recepción de las opiniones de niños, niñas y adolescentes en el contexto de procesos de aplicación de medidas de protección se realice "en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica"; mientras que su artículo 79 les consagra el derecho a audiencia con el juez. De la misma manera, algunas leyes especiales se refieren a la necesidad de que el juez escuche a niños, niñas y adolescentes al momento de tomar una decisión que les afecte, tales como el artículo 3° de la Ley N° 19.620, sobre adopción, el artículo 85 de la Ley N° 19.947, de Matrimonio Civil y el artículo 1° inciso final de la Ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre, entre otros.
6°. Que, en el referido contexto, el Poder Judicial inició en el año 2010 un proyecto piloto en el Juzgado de Familia de Melipilla, destinado a la instalación de una sala especial de entrevista de niños, niñas y adolescentes, como medida consensuada de establecimiento de procedimientos idóneos para su tratamiento.
7°. Que más aún, en 2012, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial aprobó la ampliación del proyecto a otras jurisdicciones, en conjunto con la implementación de un Manual de Abordaje para la metodología y uso de una Sala Gesell y la realización de capacitaciones en distintos Juzgados de Familia del país, existiendo hasta la fecha jueces y consejeros técnicos capacitados en 22 Juzgados de Familia a lo largo del país, contando cada Juzgado con una sala de entrevista habilitada para niños, niñas y adolescentes.
8°. Que esta Corte estima que es absolutamente necesaria la emisión de directrices que orienten la forma de hacer efectivo el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes ante los tribunales de justicia, a fin de propender a la realización de las normas nacionales e internacionales vigentes en la materia, haciéndose cargo de las particularidades propias de cada jurisdicción.