martes, 26 de abril de 2016

Minuta sobre Problemas del PL sobre Garantías de derechos de la niñez

1. PL no cuenta con presupuesto.
PL tiene Informe financiero que da cuenta que no hay presupuesto adicional. Proyecto repite 14 veces la frase “disponibilidad presupuestaria” para referirse a derechos que pretende consagrar.

2. PL tiene un desajuste severo con actual escenario de derechos del ordenamiento jurídico.
Hay un conjunto de leyes hoy (Ley de Tribunales de Familia, Ley General de Educación, Ley de derechos del paciente, Ley contra la discriminación (ley Zamudio), entre otras) que construyen una serie de derechos de las personas y de los niños. El PL no se enlaza con estas normas ni menos con la jurisprudencia que las ha ido interpretando.


3. PL no avanza (y retrocede o perturba tramitación) proyectos sobre infancia hoy en trámite en parlamento.
Me refiero al PL sobre entrevista videograbada o única a niños víctimas de delitos sexuales, al pl de tipificación de maltrato a niños fuera del espacio familiar, al PL de reforma a ley de adopción, entre las principales de cerca de 80 proyectos (a marzo 2014, según un Informe de mi autoría ).

4. PL equivoca estrategia legislativa al fragmentar reforma de la infancia.
Tendremos un proyecto para garantías generales de derechos, uno para la Subsecretaría de la Niñez, otro para la Defensoría de la Niñez (una suerte de Ombudsman para niños, no una DPP). Faltan presentar aún (pero están anunciados) proyectos que suprime Sename y crea dos nuevos servicios, y proyecto que  reforma ley de Responsabilidad penal Adolescente. Nada se ha dicho sobre reforma del sistema de protección especial (medidas de protección) ni de derogar la actual ley de Menores. ¿Es creíble, es responsable decir que se tramitarán todos estos proyectos? ¿o más bien se quiere decir que se presentaron y anotar ese paso como un triunfo político?

5. PL adolece de serios errores técnicos.
Hay numerosas normas redundantes (repiten la Convención de derechos del niño y ya acogido en tribunales o lo dispuesto en otras leyes) o superfluas (dicen que hay que obedecer la ley), al consagrar derechos no establece un mecanismo de exigibilidad ni es preciso e identificar al obligado.
El mejor ejemplo de un artículo muy mal redactado es el 14.
“Artículo 14.-  Debido proceso y especialización. El Estado velará por asegurar que todo niño pueda hacer valer en los procedimientos en que interviniere los derechos y garantías que le confieren la Constitución, los tratados internacionales vigentes en Chile y las leyes.”

Eso NO es debido proceso. No tiene nada que ver con lo que ya no la doctrina ni los tratados internacionales, sino lo que los mismos tribunales nacionales han configurado como elementos integrantes del debido proceso.

Francisco Estrada V.

lunes, 18 de abril de 2016

La ilusión de la protección, mi artículo en la Revista De Familias y Terapias, del Instituto Chileno de Terapia Familiar

Ya salió el Número 39 de la Revista "De Familias y Terapias" del Instituto Chileno de Terapia Familiar, en que vienen 3 interesantes papers sobre la protección de la infancia, uno de ellos de mi autoría. Dejo aquí el índice y un fragmento de mi trabajo.

Índice
- La ilusión de la protección. Francisco Estrada Vásquez. 
- Abuso sexual infantil: ¿Qué significa escuchar al niño/a? Laura Manzi y Carolina Asensio. 
- La institucionalización de la Niñez: la experiencia de acompañamiento terapéutico con niños, niñas y sus familias. Camilo Morales, Miguel Morales y Bárbara Olivares. 
- Reflexiones sobre el Trabajo con Familias y Niños en Situación de Exclusión y Vulnerabilidad Social desde el IChTF. Sergio Bernales. 
- Utilización de dibujos en supervisión sistémico construccionista. Silvia Quiroga Doudtchitzky y Vania Acuña Peña. 


Si Ud. quiere adquirir este número de la Revista De Familias y Terapias, solicítelo al correo instituto@ichtf.cl o comuníquese con la secretaria de extensión, Sra. Fabiola Meneses al teléfono 56 2 2226 3768  - 56 2 2277 3518, anexo 14

La ilusión de la protección
Francisco Estrada Vásquez


Resumen
Los juzgados de familia operan en Chile bajo la ilusión de la protección. Bajo la misma ilusión opera el sistema de protección de niños, el de protección social y toda la institucionalidad pública y privada. Como todas las ilusiones, esta se encuentra a gruesa distancia de la realidad de los hogares del grueso de los programas que trabajan en el ámbito de la protección especial. Sobre esa distancia discurre este trabajo que, en primer lugar, analiza la evidencia reciente disponible sobre la condición de los centros y hogares, luego examina la ilusión de la protección en el sistema judicial, para luego revisar este fenómeno en sede parlamentaria y respecto de los medios de comunicación.

Palabras clave: protección de derechos, derechos de los niños, niños en hogares, niños institucionalizados.
Abstract
Family courts operate under the illusion of protection. Under the same illusion operates the child protection system, the social protection and all public and private institutions working with children. Like all illusions, there is a thick distance of the reality of households and programs. Runs over that distance this work, first analyzes recent evidence available about the conditions of the centers and residential centers, then examines the illusion of protection in judicial system, then reviews this phenomenon in parliament and media contexts.
Keywords: child protection, child’s rights, residential centers, institutionalized children.

En la penumbra de mi infancia recuerdo a una monjita
que me pegaba en mis posaderas, porque, según ella,
yo era la encarnación del Diablo.
El Río, Alfredo Gómez Morel



Los juzgados de familia, en Chile, operan bajo la ilusión de la protección. Bajo la misma ilusión opera el sistema de protección de niños, el de protección social y toda la institucionalidad pública y privada.
Como todas las ilusiones, esta se encuentra a gruesa distancia de la realidad de hogares y del grueso de los programas de protección especial. Sobre esa distancia discurrirán las próximas páginas.

La justicia de familia cree –parece creer, quiere creer, debe creer, para los efectos de este ensayo los matices no serán escrutados– que los niños gravemente vulnerados en sus derechos son realmente protegidos cuando ingresan al sistema, cuando comparecen a audiencia, cuando se dicta una medida de protección. La dura realidad es que existe abundante evidencia en contra. Pero, y esto es lo que motiva estas líneas, lo interesante es que esa distancia, en general, es conocida por los operadores de este sistema. No se trata de un engaño, de develar un oculto fracaso o de descorrer un tupido velo. El problema a observar, entonces, no es tanto el lamentable estado del sistema de atención a la infancia vulnerada, sino, cosa distinta, el funcionamiento de un sistema que sabe una cosa –que no hay, en la generalidad de los casos, realmente protección– pero opera olvidando ese conocimiento, como si esa protección se produjese realmente.
Llamo a este fenómeno la ilusión de la protección por las similitudes con la ilusión del control. Como es sabido, la ilusión del control, esa tendencia a creer que podemos controlar, o al menos influir, los resultados en los que claramente no tenemos ninguna influencia, bajo ciertas condiciones (Bandura 1997) resulta una positiva herramienta, pero requiere que las “autovaloraciones optimistas de la capacidad” no resulten “excesivamente dispares de lo que es posible” (Bandura, 2009). En palabras de Langer, la ilusión del control “se define como una expectativa de una probabilidad de éxito personal inadecuadamente más alta que la probabilidad objetiva que la justifique” (1975). La ilusión del control es, así, un mecanismo que permite a los actores funcionar sin inconvenientes bajo la creencia de que pueden hacer cosas que están, en verdad, fuera de su alcance.

La información proveniente de variados estudios sobre el funcionamiento del sistema residencial en Chile, no permite semejante optimismo.

martes, 5 de abril de 2016

Corte de Apelaciones de Santiago sobre posibilidad de discutir relación directa entre niño y ex conviviente mujer de su madre biológica

Esta vez subo un fallo relevante de una causa mía. Mi representada, Paula, entabló una relación de pareja con Andrea, cuando ella tenía dos meses de embarazo. El padre biológico no era parte de su proyecto de vida. Paula estuvo presente desde el parto -el 2003- en la vida del niño, que la conoció a ella desde siempre también como madre. Ambas decidieron ponerle el apellido materno de Paula como primer apellido al niño.  Cuando el niño tiene 7 años la relación termina pero ambas mantienen un régimen de relación entre el niño y Paula, que se quiebra el año antepasado por conflictos entre ambas.
Nuestro derecho no regula adecuadamente el régimen de relación directa y regular entre un niño con quien no es su padre, madre o abuelo. Ni siquiera un conviviente heterosexual tiene, en estricto apego las reglas del Código Civil, titularidad para exigir este derecho, para ir a una mediación y luego demandar en el procedimiento ordinario.
Pero poniendo el eje considerativo de este conflicto en los derechos del niño que están siendo gravemente vulnerados por esta situación, recurrimos al procedimiento proteccional para en esa vía lograr resguardar el desarrollo sano del niño
El Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, en una decisión muy pobre, ni siquiera dio inicio al procedimiento y cerró inmediatamente esa causa. Ni siquiera aceptó la petición de la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial designada curadora ad litem, para que el tribunal escuchase al niño.

La Corte de Apelaciones de Santiago, hoy, en un fallo muy valioso que aquí dejo –resguardando datos de identidad del niño- anuló esa decisión y reconociendo el problema dispone que se pueda discutir por vía del procedimiento proteccional esta cuestión. Es una perspectiva que toma realmente en serio los derechos del niño y los resguarda adecuadamente.


Corte de Apelaciones de Santiago, 4 de abril de 2016, rol Nº 3034-2015
Redacción: Ministra Maritza Villadangos
Tags: protección de derechos, relación directa y regular, lesbomarentalidad



Santiago, cuatro de abril de dos mil dieciséis.
Visto y teniendo presente:
Primero:       Que la primera reflexión que  impone efectuar una demanda de relación directa y regular deducida en un procedimiento proteccional, conforme a los artículos 68 y siguientes de la Ley N° 19.968, es que no resulta aceptable que, en términos generales, se ventile de este modo este tipo de materia -que generalmente supone, sin duda, la vulneración o al menos la amenaza de determinados derechos de los niños involucrados en el conflicto de los intervinientes mayores de edad-, puesto que, como se sabe, si bien el proceso debe desarrollarse siempre para los efectos de permitir la dictación de una sentencia dirigida a resolver el pleito a través de un procedimiento racional y justo, atañe al legislador el establecimiento de éste, el que respecto de la acción en comento corresponde al procedimiento ordinario previsto en el Título III del citado cuerpo legal;
Segundo:         Que no obstante lo anterior, enfrentado el órgano jurisdiccional a un caso como el que nos ocupa -que no hace sino poner en evidencia la actual diversidad que es posible avizorar en la conformación de la familia, situación que indudablemente ha encontrado reconocimiento y aceptación de índole social mucho más aceleradamente que de orden legislativo-, debe esta Corte reconocer que en el ordenamiento frente a la literalidad de las expresiones que contienen las normas sustantivas que regulan la materia en relación a la legimitación activa para interponer esta acción -artículos 48 inciso final de la Ley 16.618 y 225 del Código Civil- podría quien sin lugar a dudas posee un interés legítimo en mantener una relación directa y regular con un niño, niña o adolescente, verse impedido procesalmente de reclamar ese derecho, circunstancia que a la luz de la finalidad última que debe iluminar este tipo de acción -interés superior del niño-, no es posible tolerar;
Tercero:      Que, así las cosas, ante la historia familiar de un niño alejado de forma abrupta de un adulto -no pariente- al que se encuentra apegado emocionalmente desde el instante de su nacimiento y al que reconoce como una figura relevante en el área de sus afectos, es que excepcionalmente esta Corte accederá a que esta materia sea conocida a través de este tipo de procedimiento, pues es lo cierto que frente a una denuncia de vulneración de los derechos del menor -a la identidad, salud e integridad psíquica, entre otros- no se advierte otra vía que permita al órgano jurisdiccional adoptar una decisión que proteja su interés superior;
Cuarto:       Que luego de lo dicho y teniendo en consideración que conforme estatuye el artículo 16 de la Ley 19.968, el derecho del niño a ser oído es un principio rector que el juez de familia debe tener siempre en cuenta en la resolución de algún asunto sometido a su conocimiento, estos sentenciadores no pueden dejar de advertir que tratándose este proceso de un conflicto en que se denuncia la vulneración de los derechos del menor Agustín A. E. B., la magistrado a quo omitió escucharlo, situación procesal que ha de considerarse como un desvío inaceptable del principio constitucional del debido proceso, que impone al juzgador respetar el aludido derecho del niño en orden a poder manifestar su personal interés en el asunto debatido, incurriéndose de este modo en una falta procedimental que debe ser corregida por este Tribunal de Alzada al amparo de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 84 del código de procedimiento civil.

Por estas razones y de conformidad con las normas citadas, actuando de oficio, a fin de corregir los errores observados en la tramitación del proceso, se anula la resolución de trece de noviembre de dos mil quince, dictada por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, en los autos RIT P -6345-2015 y todo lo obrado con posteridad a ella, retrotrayéndose el juicio al estado en que el juez no inhabilitado que corresponda proceda a reanudar la audiencia preparatoria, escuchando debidamente al niño E. B. y otorgando, subsiguientemente, tramitación regular a la causa.
Consecuentemente, no se emite pronunciamiento acerca de los recursos de casación en la forma y de apelación interpuestos con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Devuélvase. Redacción de la Ministro señora Villadangos. N° Familia 3034-2015
Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma, Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por los Ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Maritza Villadangos Frankovich.

viernes, 1 de abril de 2016

Proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez

El 22 de marzo ingresó al Congreso, a la Cámara de Diputados, el mensaje presidencial del Proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.584-07).
Dejo aquí el link al documento completo y sus artículos más relevantes. Más adelante subiré mis comentarios.

“Artículo 2.    La Defensoría de la Niñez tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños y niñas que se encuentren dentro del territorio de la República, reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como en la legislación nacional, velando por su interés superior, respecto de los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción o protección de derechos de los niños y niñas.”

“Artículo 4.    Corresponderá especialmente a la Defensoría de la Niñez:
            a)         Difundir, promover y defender los derechos de los niños y niñas de acuerdo a lo que establece la presente ley.
            b)         Derivar al órgano competente, cuando corresponda, aquellas peticiones que reciba sobre asuntos que se le formulen, dentro del ámbito de sus competencias.
            En el ejercicio de ésta atribución, podrá realizar recomendaciones específicas sobre las materias objeto de las peticiones que reciba, de conformidad a lo dispuesto por el literal f) de este artículo.
            La Defensoría de la Niñez no podrá pronunciarse sobre un asunto que se encuentre en trámite ante los Tribunales de Justicia o ante  el órgano de la Administración del Estado competente. Sin embargo, podrá efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la materia de que se trate, de conformidad con las letras f) y h) de este artículo.
            c)         Intermediar o servir de facilitador entre los niños y niñas y los órganos de la Administración del Estado y/o aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción o protección de derechos de los niños y niñas, cuando haya tomado conocimiento, de oficio o a petición de parte de actos u omisiones que pudieren vulnerar los derechos de los niños y niñas.
            d)         Observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado y/o aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción o protección de derechos de los niños o niñas.
            e)         Requerir antecedentes o informes a los órganos de la Administración del Estado y/o aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción o protección de los derechos de los niños y niñas, cuando, dentro del ámbito de sus competencias, tome conocimiento, de oficio o a petición de parte, de posibles vulneraciones a los derechos de niños y niñas por actos u omisiones de las entidades.
            f)          Emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños y niñas.
            g)         Denunciar vulneraciones a los derechos de los niños y niñas ante el órgano administrativo o judicial competente, según corresponda, remitiendo los antecedentes que funden dicha denuncia.
            h)         Actuar como amicus curiae ante los tribunales de justicia, pudiendo realizar presentaciones por escrito que contengan su opinión con comentarios, observaciones o sugerencias en los casos y las materias relativas a su competencia. La presentación de la opinión escrita no conferirá a la Defensoría la calidad de parte ni suspenderá o alterará la tramitación del procedimiento.
            i)          Promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales relativos a los derechos de los niños y niñas ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en la legislación, reglamentos y prácticas nacionales.
            j)          Promover la adhesión o ratificación de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de niños y niñas.
            k)         Visitar los centros de privación de libertad, centros residenciales de protección y cualquier lugar en que un niño permanezca privado de libertad, reciban o no recursos por parte del Estado, sin perjuicio de las facultades de los demás organismos públicos competentes en la materia, con los que deberá actuar coordinadamente.
            l)          Recoger, facilitar y difundir la opinión de los niños y niñas, promoviendo su respeto y consideración.
            m)        Colaborar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus competencias, en la elaboración de los informes que deba presentar a los órganos y comités especializados de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como ante otras organizaciones internacionales.
            n)         Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados nacionales o internacionales.
            o)        Las demás funciones y atribuciones que la ley le otorgue.”


Link al Proyecto de Ley en Scribd AQUÍ

sábado, 26 de marzo de 2016

Cámara de Diputados solicitó a Ejecutivo acelerar ratificación de Convención Interamericana de DD.HH. de las personas mayores

Por la unanimidad de 98 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 509, por medio de la cual se le solicita a la Presidenta Michelle Bachelet acelerar la tramitación del procedimiento de aprobación de la Convención Interamericana de DD.HH. de las personas mayores, suscrito por Chile el 15 de junio de 2015, en la OEA.

Los legisladores resaltaron que nuestro país, en el ámbito internacional, ha suscrito una serie de instrumentos internacionales promoviendo los derechos humanos de las personas, sin embargo, lamentaron que esta situación no ha tenido una mayor especificación en materia de personas mayores, salvo por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Explicaron que la premisa básica de esta convención es el reconocimiento a la persona mayor como titular de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier persona tiene y que, en la medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, al tiempo que se les reconoce sus valiosas contribuciones actuales y potenciales a sus comunidades, sin discriminación fundada en la edad, ni sometida a ningún tipo de violencia.

Sostuvieron que el referido tratado constituye el primer instrumento que regula de forma completa y sistemática los derechos humanos de las personas mayores y representa el norte y la hoja de ruta para los Estados y Gobiernos locales en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores.

"La importancia de la aprobación por parte del Estado de Chile, y en particular de nuestro Parlamento, constituye un paso trascendentes en materia de respeto y promoción de los derechos de nuestros adultos mayores, habida consideración que, además, los tratados sobre derechos humanos constituyen acuerdos con jerarquía constitucional, situación que, evidentemente, representa un significativo paso adelante en cuanto a la protección directa y efectiva de la ancianidad en Chile, lo que obligaría a nuestro Estado a acentuar la importancia ejecutiva y legislativa de generar estándares superiores de protección hacia estas personas", evaluaron

jueves, 10 de marzo de 2016

Oficio de Superintendencia de Educación sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación

La Superintendencia de Educación ha dictado recientemente el Oficio 0027, de 2016, en que fija sentido y alcances sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación, y regula cuestiones íntimamente relacionadas con materias que se discuten en justicia de familia, por lo que considero de alto interés que los actores de este sistema lo conozcan.
Creo que es un oficio que se ajusta plenamente a la letra y el espíritu de la normativa actual, y espero en los próximos días formular algunos comentarios.
Dejo el link al oficio 0027, de 2016, y posteo acá un fragmento:

"5.  Regulación y restricciones al ejercicio de estos derechos.

Los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamentos internos el ejercicio pleno de cada uno de estos derechos que consagra la LGE, el DFL Nº 2 de 1998 de Subvenciones y toda la normativa aplicable (Art. 9 inc. 1º LGE), y por tanto ninguno de estos derechos pueden ser restringidos ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se requiera, y con el fin de fijar procedimientos ordenados y regulares en la entrega de información o respecto a la participación en determinadas actividades,  las instituciones educativas podrán establecer regulaciones en sus reglamentos internos, las que ningún caso pueden afectar el ejercicio efectivo de estos derechos de los padres madres y apoderados.
Por el contrario, constituyen un límite al ejercicio de estos derechos la resolución de los Tribunales de Justicia en las cuales establecen medidas cautelares en favor del alumno o alumna, como una orden de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o madre, respecto del alumno o alumna, en el ámbito escolar.
En el mismo orden de ideas, es dable hacer presente que las resoluciones que se pronuncian sobre la relación directa y regular de los padres y madres no custodios respecto de sus hijos e hijas en tanto no hagan referencia a situaciones de contexto escolar, no obligan a la institución en ningún caso, y no pueden ser invocadas por los interesados para hacer efectivo el cumplimiento de dicha resolución judicial, es decir, el padre o madre no podrá solicitar al establecimiento educacional consideraciones especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no estén expresadas en la respectiva resolución judicial.
Toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial debe contener el timbre del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoria (7) que éste emite y se considerará como vigente en tanto no exista otra, que cumpliendo con los requisitos señalados, la deje sin efecto."


martes, 2 de febrero de 2016

Hoy en Radio Duna: Entrevista sobre Proyecto de Ley sobre garantías de derechos de la niñez



Hoy en la mañana estuve en la Radio Duna conversando con Cony Stipicic y Nicolás Vergara sobre el proyecto de ley sobre garantías de derechos de la niñez. 

Comentamos también los problemas del proyecto de control preventivo de identidad y los problemas que generará con la población infanto-adolescente que evidentemente estará en la primera línea de los controlados.

Los invito a revisar esta entrevista aquí o acá.

lunes, 1 de febrero de 2016

Corte de Apelaciones de Santiago acoge recurso de protección y deja sin efecto cancelación de matrícula

Corte de Apelaciones de Santiago, 29 de enero de 2015, rol Nº 102.136-2015
Acoge recurso de protección
Redacción de No indica.
Tags: cancelación de matrícula, aplicación arbitraria de reglamento, deber del colegio, derecho a la educación


Agradezco al destacado abogado experto en derechos del niño Hernán Fernández avisarme de este fallo en que le correspondió alegar y en que la Corte realiza un entendimiento sustantivo del derecho a la educación, de las normas de convivencia y de la aplicación arbitraria del reglamento del establecimiento educacional en orden a dejar sin efecto la cancelación de matrícula de un niño de 9 años por problemas de comportamiento y disciplina que encuentran su origen en un caso de abuso sexual del que fue víctima.

Párrafos destacados del fallo:

"Octavo:           Que, al haberse aplicado el reglamento, bajo un prisma sancionatorio y no empático o acogedor a un menor vulnerado, se ha efectuado un acto arbitrario, que atenta contra la garantía constitucional del derecho a la integridad síquica del menor, razón que llevará a acoger esta acción, como se dirá; más cuanto que la seguridad y estabilidad que se pretende debe procurarse en el establecimiento educacional que lo acogió.
Noveno:         Que, atendido lo que se ha venido razonado, el establecimiento mantendrá la medida de condicionalidad que afecta al menor, pero, asimismo, dará especial importancia en la atención particular y dedicada que requiere el menor, procurando evitar situaciones de conflicto con otros compañeros y también, evitando la imposición de castigos que importen una degradación de su persona e identidad.
En consecuencia, la unidad técnica especializada del colegio, deberá establecer un programa de integración del menor con sus compañeros y profesores, a fin de asistirlo, guiarlo y apoyarlo en la adquisición de las debidas competencias sociales que aparentemente ha preterido o no ha desarrollado.
Décimo:          Que, de todo lo anterior, el padre deberá ser acompañante de su hijo y deberá reforzar positivamente el desarrollo del menor, aún con apoyo profesional externo, el que se coordinará con el establecimiento educacional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 25 por J.L.S. en contra del Colegio San Antonio, y se declara:
(i)        Que se deja sin efecto la cancelación de matrícula para el año escolar 2016 del menor J.I.L.G. en el Colegio San Antonio, y en su lugar, se decide que el establecimiento citado, renovará la matrícula para el año 2016.
(ii)       Que, tanto el Colegio San Antonio, como el padre, darán aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en los motivos Noveno y Décimo de esta sentencia."

Link al fallo completo aquí.

miércoles, 27 de enero de 2016

Convocatoria a Primera Jornada de Historia de la Infancia en Chile,

Entre el 17 y 19 de mayo se realizará la Primera Jornada de Historia de la Infancia en Chile, organizada por la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Diego Portales y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Primera Jornada de Historia de la Infancia en Chile será un espacio de encuentro entre investigadores de distintas disciplinas (historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, cientistas políticos, pedagogos, abogados y trabajadores sociales), que estén estudiando la infancia a lo largo del tiempo, en la que se buscará por una parte, potenciar el intercambio académico entre especialistas (respecto de metodologías, enfoques, trabajo en red) y, por otra, divulgar los resultados de investigaciones en curso entre un público más amplio.

En la Jornada se contemplará la participación de dos invitadas extranjeras, la Dra. Susana Sosenski (UNAM) y la Dra. Elena Albarrán (Miami University), quienes ofrecerán desde sus propias experiencias un aporte al debate sobre los desafíos teóricos y metodológicos para la investigación en Chile.

Los procedimientos y las modalidades de participación están pensados de la siguiente forma:

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Un autor responsable de la presentación del trabajo deberá enviar un correo con la información a: jornadahistoriadelainfancia@gmail.com
El responsable del trabajo es el autor que realizará todo el proceso de presentación.
Cada responsable puede presentar una propuesta.

RESUMEN
Todas las modalidades de trabajos tienen un resumen que debe enviarse antes del 14 de marzo 2016.
El límite de ese resumen es de 600 palabras.
Puede incluir una imagen en formato JPG que se incluirá en el resumen usando el espacio libre no utilizado con texto.
El título y el resumen deben ingresarse en español y portugués obligatoriamente.

MODALIDAD
Debe seleccionar una modalidad de trabajo entre dos opciones:
-Trabajos Libres
-Talleres

EJE TEMÁTICO
Debe seleccionar un eje temático entre los siguientes:
1.- La infancia en la economía (trabajos y consumo)
2.- Los niños en las políticas públicas (salud, educación)
3.- La mirada de los expertos (pedagogía, pediatría, sicología infantil)
4.- La dimensión estética de la infancia: cine, dramaturgia y literatura
5.- Los niños y la cultura de masas: revistas, radio, televisión
6.- Infancia, memoria y cultura material
7.- Protagonismo infantil y subjetividades
8.- Familia, maternidad e infancia
9.- Infancia y derecho

En la modalidad Trabajos Libres es obligatorio enviar el trabajo completo una vez seleccionado por el comité científico para su presentación. En otras modalidades es opcional.
El trabajo completo es un archivo en MS-Word (con extensión .doc o docx). Debe indicar entre 3 y 5 descriptores Tesauro. La lista completa de descriptores se encuentra disponible para ser seleccionados.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN
Modos de presentación:
1. Trabajo Libre: Deberá ser enviado en forma completa hasta un máximo de 25.000 caracteres con espacios y acompañado de un resumen de no más de los 2.000 caracteres, incluidos espacios y saltos de línea. Los trabajos libres serán agrupados en mesas de 2 trabajos. Cada autor tendrá 30 minutos para la presentación y discusión del mismo. Sugerimos se lea una versión reducida en la presentación de no más de 15.000 caracteres con espacio, a fin de dejar disponible entre 20 a 25 minutos para la discusión.
2. Taller: Las propuestas deberán ser dirigidas con un resumen, desarrollando un tema metodológico o específico sobre alguno tópico de la jornada. El resumen no debe exceder los 2.000 caracteres, incluyendo el nombre de un coordinador y de hasta 6 presentadores. Cada grupo de discusión tendrá 2 horas de duración.
También se considerarán invitaciones a académicos consagrados en el tema en diferentes modalidades.
Propuestas de ponencias o talleres: hasta el 14 de marzo de 2016. Consultas y recepción de propuestas: jornadahistoriadelainfancia@gmail.com

Comité organizador:
Patricia Castillo, Universidad Diego Portales (UDP), Programa Protagonismo Infantil.
Soledad Zárate, Universidad Alberto Hurtado (UAH).

Jorge Rojas Flores, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

lunes, 25 de enero de 2016

Un currículum mínimo para defensores de niños y niñas


El primer Juez de Menores, Samuel Gajardo (1929: 37) propugnaba un sistema libre de “cubileteos legales”. “Nada de escritos, rebeldías, ni traslados. Procedimiento verbal dice la Ley, sin forma de juicio.” (Ibid: 37).  “¿Puede apelarse de resoluciones que el Tribunal adopta en el procedimiento administrativo? Es indudable que no.” (Ibid: 117). Se pretendía proteger, sin forma de juicio, sin abogados, porque “el juez no es un jurisconsulto sino un buen padre de familia” (Gajardo 1929: 95).
Ese sueño fue una pesadilla para infinidad de niños y niñas durante lo que se denominó el sistema tutelar.
Con la entrada en vigencia de la Convención de Derechos del Niño, la idea del niño como sujeto de derechos ingresó progresivamente al discurso institucional pero no enteramente al de las prácticas y presupuestos.
El diagnóstico crudo que hacían Millán y Villavicencio (2002)  hace ya 14 años permanece vigente, incluso  considerando al resguardo constitucional  contenido en el artículo 19 N° 3 en cuanto al derecho a defensa letrada.

El artículo 19 de la ley N° 19.968 –reformado el año 2009-, pese a las buenas intenciones no ha sido acompañado de una política pública respecto de la defensa jurídica de niños y de sus familias, lo que arroja, como inevitable consecuencia, que en justica de familia no existe, en rigor, debido proceso.
Los curadores ad litem no satisfacen los estándares mínimos de defensa jurídica y la mayor parte de las experiencias que conozco, más allá reitero de sus buenas intenciones, no logran construir una institución de defensa letrada.
Problemas similares se encuentran en la actividad de los abogados de las OPD, obligados a ejercer acciones legales en resguardo de vulneraciones graves de derechos de niños y niñas, considerando que las áreas más significativas de fricción en torno a derechos son educación y salud, ámbitos por definición legal a manos del municipio, id est, del superior jerárquico de la OPD.

En este paisaje enrarecido de altas expectativas, de contradicción entre normas internacionales y de derecho interno, Sename ha procurado avanzar, en una medida que es digna de aplauso, a través de la ampliación de su oferta de Programas de Representación Jurídica (PRJ).
Con miras a colaborar en la formación de los nuevos equipos, ofrezco un conjunto de contenidos de un currículum mínimo de formación.

Módulos
1. Derecho internacional de los derechos humanos de la infancia y la familia.
1.1. Sistema internacional de protección de los derechos humanos
1.2. Tratados internacionales
1.3. Comité de Derechos del Niño
1.4. Corte Interamericana de Derechos Humanos e infancia
1.5. Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño
1.6. Soft law: Reglas y Directrices

2. Convención sobre los derechos del niño.
          2.1. Historia de la Convención
          2.2. Estructura
          2.3. Interés superior (art. 3º)
          2.4. Autonomía progresiva (art. 5º)
          2.5. Efectividad de derechos (art. 4º)
          2.6. No discriminación (art. 2º)
          2.7. Sr oído y participación (art. 12)
          2.8. Corresponsabilidad parental (art. 18)
          2.9. Separación de padres (arts. 9, 10, 11, 20 y 25)
          2.10. Derechos de padres y vida familiar
          2.11. Derecho a la identidad (arts. 7 y 8)
          2.12. Libertad religiosa (art. 14) 
          2.13. Educación (art. 28 y 29)
          2.14. Juego (art. 31)
          2.15. Justicia juvenil (arts. 37 y 40)
2.16 Estatus en nuestro ordenamiento: La doctrina; la posición del TC; su lugar en fallos de Corte Suprema

3. Nuevo derecho de infancia
          3.1. Desarrollo histórico
          3.2. Sociología de la infancia en Chile
          3.3. Derecho internacional de derechos humanos de la infancia
          3.4. Panorámica disciplinaria de ámbitos
          3.5. Institucionalidad
          3.6. Derecho de infancia y educación
          3.7. Derecho de infancia y salud
          3.8. Derecho de infancia y derecho civil

4. Procedimiento proteccional
          4.1. Antecedentes históricos
          4.2. Antecedentes estadísticos
          4.3. El sistema de atención a infancia vulnerada
          4.4. Definición, características y clasificaciones de medidas de protección
          4.5. Derecho internacional de derechos humanos de la infancia
          4.6. Principios del procedimiento proteccional
          4.7. Marco normativo
          4.8. Sujetos procesales
          4.9. Presupuestos de la tutela proteccional
          4.10. Cuestiones orgánicas
          4.11. Iter procesal:
                                                    (1) Inicio del procedimiento       
                                                     (2) Medidas Cautelares
                                                    (3) Diagnóstico
                                                    (4) Prueba
                                                    (5) Decisión y Derivación
                                                    (6) Control de la ejecución de la medida de protección.
          4.12 Derecho a defensa
          4.13. Relación con otros procedimientos en familia y en penal
          4.14. Impugnación

5. Litigación en Tribunales de Familia

6. Prueba pericial

7. Entrevista con niño

8. Jurisprudencia relevante sobre protección de derechos del niño

9. Interés Superior del Niño (ISN):
          9.1. Historia fidedigna de génesis en Convención
          9.2. Doctrina internacional
          9.3. Jurisprudencia internacional
          9.4. Jurisprudencia nacional
          9.5. ISN en legislación comparada
          9.6. OG Nº 17 del Comité 

10. Estrategias de protección de derechos en diversos ámbitos y niveles. Estudios de casos.


Referencias:

Carocca, Alex (1998): Garantía Constitucional de la Defensa Procesal (Barcelona: José María Bosch Editor).
GAJARDO, Samuel (1929): Los derechos del niño y la tiranía del medio ambiente (Divulgación de la Ley 4.447). (Santiago: Imprenta Nascimento).
MILLÁN, Patricio y VILLAVICENCIO, Luis (2002): “La representación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos para la adopción de medidas de protección”, Revista de Derechos del Niño, N° 1: pp. 43-91.