Según el anuario estadístico 2013 del Servicio Nacional de Menores (Sename), más de 7000 niños a nivel país eran atendidos por los Programas de Prevención Comunitaria (PPC). ¿Qué hacían estos programas? En fácil, ofrecer un espacio de participación y ejercicio de ciudadanía para niños, niñas y adolescentes de sectores caracterizados por una serie de vulneraciones de derechos.
Y
no hablo de vulneraciones de derechos de niños exclusivamente, sino de
territorios que son el resultado de las tremendas desigualdades que tiene
nuestro país, donde los niños son un actor social más.
De
hecho tal como planteaban sus bases programáticas para el año 2012 los PPC
debían generar espacios de participación y de formación ciudadana para los
niños, niñas y adolescentes, que apunten a su incidencia en asuntos de sus
comunidades y que sean de su interés, de acuerdo al principio de autonomía
progresiva, y desarrollar, con los actores comunitarios o vecinales, un sistema
de prevención y alerta temprana de vulneraciones de derechos en el espacio
micro territorial.
¿Qué
era lo interesante de estos programas? Pues muchas cosas, pero a mi parecer lo
más importante es que no había que estar dañado para poder participar en ellos.
Se partía de la base que los niños viven en comunidades y que es precisamente
ese espacio, el territorio donde continuamente habitan, la plaza donde juegan,
donde van a comprar al negocio, los vecinos, lo que era necesario potenciar
para que todos fueran responsables de fomentar que el niño fuese un ciudadano
más, un ciudadano al cual se le debe respetar cada uno de sus derechos y que es
capaz de participar activamente en su vida comunitaria. Porque la ciudadanía no
se enseña, se ejerce.
Hacer
esto no es fácil, en un país donde los niños siguen siendo objetos, donde
raramente pueden opinar en sus escuelas, donde cuando van al médico el doctor
le habla al adulto y nunca explica nada, estos proyectos debían instalarse en
territorios que las más de las veces están sumamente desconfiados de la
intervención estatal, ya que bastante daño se les ha hecho con programas que no
han funcionado.
Implica
la generación de confianzas, implica posicionar al Programa como un espacio de
protección al cual el niño y su familia pueden acudir. En una sociedad
caracterizada por una paranoia cada vez más alta en el trabajo con la infancia,
hacer ello implica una inversión de años.
De
hecho los organismos que llevan a cabo estos programas la mayoría de las veces
son ONG pequeñas que tienen un trabajo de vinculación larga en los territorios.
Son programas sumamente baratos, por lo cual no son muy rentables para los
grandes holdings de intervención en infancia.
Es
necesario trabajar en horarios vespertinos, los sábados y los domingos, porque
la comunidad y la infancia no se puede trabajar de 9:00 a 17:00. Es necesario
estar en la calle y no esperar en una oficina que los niños vengan a mí.
Muy
por el contrario, el resto de los programas Sename, está especializado en niños
que ya tienen algún nivel de daño y que es atendido de acuerdo a ese daño.
Se
ha insistido en una hiper focalización en las intervenciones en infancia que
nos ha llenado de categorías y vaciado de sentido: niños en explotación sexual,
niños en la calle, en trabajo infantil, niños infractores de ley, niños
consumidores de drogas, como si cada una de esas problemáticas no fuera el
resultado de un sinnúmero de violaciones que todos los días realiza el Estado
de Chile (educación diferenciada según clase social, salud no garantizada,
cesantía y empleo precario para los adultos responsables de los niños,
viviendas de baja calidad en barrios carentes de espacios para la infancia, sin
áreas verdes, en los márgenes de la ciudad, etc.), como si las problemáticas que
vivencia la infancia no se super ponieran y como si las familias de donde
provienen esos niños no tuvieran también un daño del cual es necesario
responsabilizarse y hacerse cargo.
La
gran paradoja de la intervención con infancia es que mientras más dañado,
mejor. Un niño que ha infringido la ley que consume drogas tiene una red a la
cual recurrir insuficiente por cierto. Un niño que no ha infringido la ley no
lo tiene.
Nuestros
recursos país están destinados a trabajar con el dañado, pero sabemos perfectamente
que ese daño puede prevenirse. De hecho como plantea el
estudio sobre efectividad de los PPC realizado por Abarca, Quilodrán y Cortés “la
modalidad PPC logra prevenir la ocurrencia de vulneraciones de derechos y al
mismo tiempo, el ingreso de los niños y niñas a la Red Sename de Mediana y Alta
complejidad (…). El PPC logra prevenir vulneraciones de derechos y la
ocurrencia de situaciones de vulnerabilidad como conductas de calle, consumo de
droga y conductas transgresoras en contextos altamente violentos y excluidos
socialmente”. Sin embargo este país ha decidido castigar antes que
prevenir.
Tenemos
una Ley de infracción penal adolescente y aún esperamos una ley de garantía de
derechos de la infancia.
Y
es en este escenario que Sename decide, unilateralmente, dar por finalizado los
proyectos PPC.El pasado 2 de enero le llegó una carta a cada uno de los
proyectos informándoles que no continuarían y que se “potenciarán una serie
de programas que han demostrado el mayor nivel de éxito tanto cuantitativa como
cualitativamente.” ¿Qué evaluaciones acreditan eso?
Marcela
Labraña, directora del Sename, dijo el pasado viernes en un seminario realizado
en la Universidad Diego Portales que se potenciarían las oficinas de protección
de derechos. Que se crearían “80 nuevas oficinas” (sic). Estas oficinas
“se encargan de la promoción de los derechos de la infancia, del trabajo para
implementar sistemas locales de protección y de la atención a niños/as y
adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y requieren protección.” Son
operadas desde los Municipios en convenio con Sename.
¿Vamos
a municipalizar la prevención y la promoción de las vulneraciones de
derecho?¿Es esa la decisión que se está tomando como país? Estamos
desmunicipalizando la educación.
Fosis,
Salud y Vivienda han observado los beneficios que trae tener políticas sociales
con enfoques micro territoriales y Sename pretende que sean equipos comunales
los que se hagan cargo del trabajo barrial y comunitario. ¿Cuántos
profesionales pretende aumentar por cada OPD? ¿20? ¿40? Porque hasta el momento
un psicólogo y un trabajador social que en el mejor de los casos son
acompañados por un educador comunitario tienen que hacerse cargo de la
promoción de derechos del niño en toda la comuna.
¿Cuántos
profesionales se cotratarán en la comuna de Puente Alto?¿En Maipú?¿Van a salir
estos funcionarios a hacer campaña política por sus alcaldes durante las
elecciones?
¿Vamos
a utilizar a los niños y sus familias para que el alcalde de turno salga
reelecto? No nos leamos la suerte entre gitanos. Mientras no haya una reforma
seria a los gobiernos locales, municipalizar el trabajo con la infancia
implicar correr el serio riesgo de la instrumentalización.
Y
lo que es aún más dramático ¿alguien le preguntó a esos 7000 niños que tienen a
los PPC como espacio de participación su opinión para tomar esta decisión?
El
Comité de los derechos del niño recomienda que Chile promueva, facilite y
aplique, dentro de la familia, las escuelas, la comunidad y las instituciones,
así como en los procedimientos judiciales y administrativos, el principio del
respeto de la opinión del niño, y promueva y facilite la participación del niño
en todos los asuntos que le afecten.
Y
lo recomienda precisamente porque no lo hacemos. Lo más paradójico es que Chile
contestó el 2012, que los PPC se estaban haciendo cargo de eso. Los PPC se están movilizando.
Han solicitado reunión al ministro de Justicia y al Consejo de la infancia.
Sename violenta a sus
niños, a los territorios y a los profesionales que en un trabajo de hormiga han
podido legitimarse en las comunidades. Parece un desatino mayúsculo que un
Servicio que tiene una imagen pública dañada decida cerrar la única línea de
trabajo en la cual es valorado y donde demuestra buenos
