viernes, 22 de agosto de 2014

Documento de Estudio Nº 3 /2014: Nueva infraestructura y justicia de familia. Francisco Estrada Vásquez

Los juzgados son edificios únicos - funcional y simbólicamente- en las ciudades y desde muy antiguo están estrechamente unidos al desarrollo cultural de éstas. En tanto edificio público, un tribunal de justicia constituye la representación física de la institución que alberga. En el caso del edificio proyectado objeto de este comentario, la justicia de familia.  Esos volúmenes entregan forma al sentido que la comunidad tiene del orden y de la justicia. Los edificios de tribunales han sido históricamente puntos focales de las ciudades, y, muy a menudo, su instalación genera en derredor suyo, espacios públicos o cívicos que resultan centrales para la vida cotidiana de la comunidad. Cuando las ciudades y las comunidades tienen espacios cívicos significativos, los ciudadanos tienen un fuerte sentido de comunidad y de identidad; por el contrario, cuando se carece de tales espacios, la gente se siente menos conectada entre sí y con las instituciones del estado. Un ejemplo de esto, en sentido positivo, lo constituye el despliegue de una serie de edificios del Chile Atiende, que logran exitosamente acercar una serie de trámites burocráticos al espacio donde se habita, lo que equivale a un acercamiento del estado al nivel local.

Hoy resulta tragicómico, una rareza que haría las delicias de Freud o Foucault, que justo enfrente del edificio donde funcionan los juzgados de familia de Santiago, funcione el llamado mall del sexo, y que jueces, litigantes y litigados deban transitar entre prostitución,  migrante y nacional. A sólo una cuadra de la Plaza de Armas el mensaje de deterioro y menosprecio cívico resultan insoslayable y contundente y ninguna retórica de autoridad – gubernativa o judicial-  puede disminuir la sensación que perciben los concurrentes a este edificio en semejante contexto. Ese menosprecio resulta violento cuando hablamos de víctimas de violencia intrafamiliar que deben transitar  esperar en los mismos espacios y pasillo, esa indolencia institucional es coherente con lo que hemos denominado “la ilusión de la protección” cuando la magistratura que debe proteger los derechos de niños vulnerados los ubica, para espera, en salas inidóneas, o permite que ingresen, para deleite de la prensa, a la vista de todos, luego de haber sido detenidos, en suma, cuando la judicatura se torna cómplice de la vulneración de derechos. Todo eso a $70 millones al mes el arriendo.


En ese contexto, la noticia del desarrollo de un nuevo edificio para los juzgados de familia de Santiago constituye una oportunidad para repensar a la justicia de familia en medio de la ciudad, para darle el espacio que se merece, uno que no debiera ser de entidad más disminuida que la justicia penal. Proceso reflexivo que debiera encararse no sólo de modo autista por la judicatura (Corporación Administrativa del Poder Judicial) como si los edificios públicos, como si los tribunales sólo importasen a los jueces y juezas y a los funcionarios judiciales. Muy por el contrario, y en línea con la retórica de participación del actual presidente de la Corte Suprema, y de sus dos antecesores, este nuevo edificio debe responder preguntas que están en los labios y mentes de numerosos ciudadanos.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Informe inglés sobre los cambios en el sistema de justicia de familia

Cuando se publicó en noviembre del 2011 el Informe sobre la Justicia de Familia (en Reino Unido), el Family Justice Review, fue de difícil lectura para todos los que tienen responsabilidades en el sistema de justicia familiar.
La revisión encontró un sistema que estaba fallando a las personas vulnerables a las que se suponía debía estar sirviendo, un sistema caracterizado por la incoherencia, la desconfianza entre las agencias y la falta de liderazgo. Esto estaba causando enormes e innecesarias demoras, con un promedio de atención de casos en los tribunales de condado de 60 semanas – “toda una era en la vida de un niño", en palabras de David Norgrove, quien presidió la comisión independiente que realizó el estudio.

Este mecanismo, el de auditorías independientes, dotadas de amplios poderes y compuestas mayoritariamente por expertos, que formulan recomendaciones al gobierno y que, incluso a veces, efectúan un cierto seguimiento del cumplimiento de esas recomendaciones, me parece el camino más serio para enfrentar el grave y estructural problema de la condición de los niños en centros del Sename y en residencias y hogares de acogida de las instituciones colaboradores. Es un camino largo, que no ofrece muchas cámaras para los tradicionales actores políticos, y de mucho preciso detalle, nada de principios de dulce retórica saboreados ante múltiples micrófonos.


Dejo aquí el informe de seguimiento que el gobierno británico realizó del estado actual post informe, recomendaciones y primeros cambios.

viernes, 8 de agosto de 2014

Fallo de Corte de Santiago rechaza desafectación de bien familiar ante divorcio

Dejo a continuación un reciente fallo de la Corte de Santiago que insiste en la línea jurisprudencia abierta por la Corte Suprema en el fallo del 2009 (Rol Nª 1086-2009) de reconocerle a la institución del bien familiar una supervivencia una vez finalizado el matrimonio. El profesor Corral (2011) comentando el fallo antecitado, reconoció las intenciones del tribunal supremo de guiarse por el principio de protección pero haciéndolo con alejamiento tanto del texto legal como de la conocida voluntad del legislador. Comparto la preocupación por el uso de este instituto en estos términos.

Corte de Apelaciones de Santiago,  11 de junio de 2014, rol N° 939-2014.
Redacción abogado Integrante Jaime Guerrero P.
Tags: bien familiar, desafectación, divorcio

Santiago, once de junio de dos mil catorce.
         VISTOS:
         Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos noveno a décimo cuarto que se eliminan.
         Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:
1°)              Que la institución del bien familiar, que se incorporó en nuestra legislación por la ley 19.335, intenta asegurar a la familia un hogar físico estable, principalmente en casos de conflictos dentro de ella, donde sus integrantes puedan desarrollar su vida con normalidad aún cuando el matrimonio se hubiere disuelto legalmente o los cónyuges estuvieren separados de hecho, y en estos casos, la declaración de bien familiar del inmueble en que se afincan, es una forma de protección para el resguardo en favor del cónyuge más débil o para el que tiene el cuidado de los hijos.
2°)              Que consecuente con lo anterior, en el presente caso, la declaración de bien familiar del inmueble de calle Lérida de la comuna de Las Condes, Santiago, no termina por la mera circunstancia de haberse divorciado demandante y demandada. La extinción de la institución o desafectación  no opera de pleno derecho, porque el inmueble puede continuar siendo la residencia de los hijos menores de edad del demandante, que están bajo el cuidado de la demandada.
3°)              Que, a juicio de estos sentenciadores, en la especie, para obtener una declaración judicial de desafectación del bien raíz, correspondía al demandante acreditar no sólo que su relación matrimonial había terminado por el divorcio sino que ,además, que el inmueble ya no es la residencia de sus dos hijos menores,  lo que no ocurrió y por el contrario, en la demanda en el acápite “ Los Hechos”  reconoció expresamente, que era ocupado por sus hijos María Ignacia y Juan Pablo Rojas del Solar de 14 y 12 años respectivamente.
4°)              Que al tenor de lo que señalan los artículos 141 y 146 del Código Civil, la principal beneficiaria de la institución del bien familiar es la familia y si, por distintas circunstancias, el matrimonio que le dio origen termina, aquella subsiste en relación con los hijos a quienes la ley protege para que puedan tener un desarrollo adecuado y armónico, sin ser desarraigados del lugar en que se han criado y crecido.
5°)              Que consecuente con lo indicado en los basamentos anteriores, en estos autos, no concurren los presupuestos para desafectar el inmueble citado, desde que el demandante no acreditó que haya dejado de constituir el hogar o residencia de su grupo familiar que lo integran los dos hijos menores de edad antes individualizados, por lo que  no se accederá a lo pedido en la demanda, según se señala en lo resolutivo.  

                   Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 19.968, se revoca, la sentencia de diecisiete de abril de dos mil catorce dictada por el Primer Juzgado de Familia de esta ciudad, en los autos RIT. C-1332-2014 RUC 1420102802-8 disponiendo que se rechaza  la demanda de desafectación de bien familiar antes individualizado, entablada por don Silvio Juvenal Rojas Cerain contra su cónyuge Claudia del Solar Martínez de Arroyo, con costas.

Dictada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro don Juan Escobar Zepeda e integrada, además, por la Ministro señora Marisol Rojas Moya  y por el Abogado Integrante don Jaime Guerrero Pavez.

miércoles, 30 de julio de 2014

Rosario: padres separados deberán ir a tribunales y leerle El Principito a su hijo

La nota es del diario trasandino La Nación. Voy a tratar de dar con la sentencia. Curiosa forma de intentar que los padres traten como persona a su hijo.

"Santa Fe.-  En un curioso fallo de la Justicia, un matrimonio separado de Rosario deberá concurrir todos los lunes por la mañana durante un mes a tribunales para leerle a su hijo la Convención de los Derechos del Niño, Etica para Amador de Fernando Savater y El Principito, de Antoine de Saint Exupéry, obras que estarán a sus disposición en la propia Sala de Trabajo Social de los Tribunales de la ciudad.
Cristian Pappalardo y Nancy Caminero (el matrimonio en cuestión) también contarán con asistencia terapéutica. "Es para que reconozcan a sus hijos como personas", aclaró el juez de Familia N° 5, de los Tribunales de Rosario, Ricardo Dutto
La decisión -novedosa en todos sus aspectos- fue adoptada por el juez del Tribunal de Familia N° 5, Ricardo Dutto, como resultado de las dificultades para concretar el régimen de visitas oportunamente resuelto, y al final de un complejo recorrido, que incluyó devolver la custodia del mayor de los chicos (de 13 años) a su padre -luego de habérsela quitado y otorgar la guarda provisoria a un hermano suyo- y garantizar la concreción de los encuentros semanales con el menor (de 7), que vive con la madre, si fuese necesario a través de la fuerza pública.
"El incumplimiento del régimen de comunicación coloca en entredicho la eficacia del Poder Judicial para hacer efectivos los mandatos que imponen deberes jurídicos no fungibles de contenido familiar. En el caso, no se verifican causas graves que permitan postergar el derecho de rango constitucional de los niños a mantener un adecuado contacto con el progenitor no conviviente", sostuvo Dutto en su resolución.
El magistrado también tomó nota de la jurisprudencia de la Corte Nacional, en el sentido de que "es función elemental y notoria de los jueces hacer cesar, con la urgencia del caso, todo eventual menoscabo que sufra un menor en sus derechos constitucionales, para lo cual dicha supervisión implica una permanente y puntual actividad de oficio".
Al juez Dutto le resulta evidente "el obstáculo materno al no asistir junto con su hijo a los encuentros programados y así impedir al padre tomar contacto con su hijo, además de obstruir el contacto entre los hermanos por fuera del ámbito escolar, priorizando su conducta conflictiva frente al mejor interés de los niños, frustrando la tutela judicial efectiva."

jueves, 24 de julio de 2014

Reedición de El Río

Considero que El Río, la novela de Gómez Morel, es el más importante texto literario relacionado con los derechos del niño, la justicia juvenil y la protección de derechos del niño de nuestro país, y uno de los más señeros en español.

En este trabajo -que se declara autobiográfico- están presentes todos los elementos que constituyen la compleja relación infancia y derecho en nuestra historia. Incluso están esos elementos que los últimos años han acaparado atención mediática. Las pésimas condiciones de hogares y el abuso sexual de curas, p. ej.
Alvaro Bisama acertadamente anota que “El río juega a la conmoción, al shock, y deja como pobres aprendices de existencialista a buena parte de los narradores chilenos.” (Cien libros chilenos, p. 155).
Curiosamente, el lenguaje, que a algunos les parece el gran ausente como trabajo literario, se erige un elemento constitutivo  del texto al dar cuenta -incluso cuando el narrador no quiere-  de una voz del margen. Además, hay una floritura en usar jerga de la calle de la época, que aunque lentifica la lectura, porque el autor se detiene en traducirnos, aporta daos para una genealogía de nuestro coa y sopesar el influjo del lunfardo. 
Lo que más me llamo la atención en mi primera lectura, era un ansia que yo ya había visto, por exhibir credenciales de choro. La había visto en algunos chicos de la torre 4 del CDP de Puente Alto cuando los defendía. Exacerbaban el uso de la jerga, aumentaban las armas que habían utilizado (confundiendo calibres de pistolas y revólveres), multiplicaban los botines. Creo que sentían, como el personaje de El Río, que no pertenecían y así aumentaban sus curriculums para asegurar esa ambicionada identidad. Una y otra vez al personaje del El Río le enrostran no ser parte y una y otra vez él se esfuerza por pertenecer a esa comunidad.  En fin. No tuvimos sino malos traductores de Foucault pero tuvimos a Gómez Morel. Y no es poco.

Dejo el comunicado editorial, creo, de Tajamar Editores, vía Paniko.cl

"Tajamar Editores anuncia la reedición de El río, la novela del escritor chileno Alfredo Gómez Morel (1917-1984) publicada originalmente en 1962. El libro, que llega la próxima semana a librerías, incluye la crónica autobiográfica “¿Por qué me convertí en delincuente?” aparecida en Paula en 1971.
Escrita durante una condena de tres años en la cárcel de Valparaíso, El río es una de las novelas más radicales y duras escritas en Chile. Concebida inicialmente como parte de una terapia de rehabilitación delictual, Gómez Morel volcó en ella una larga vida de abusos, marginalidad y delincuencia.
Pero lo extremo de El río no solo radica en lo que nos narra sino que en la proximidad que se siente entre el narrador y su mundo narrado, en lo vivo de sus heridas, fractura a la que alude cuando al rememorar una golpiza padecida en un cuartel de Investigaciones señala que «estoy cansado y desgarrado por dentro. Cada vez que escribo vuelvo a sentir lo vivido como una navaja rasgándome las carnes. Muestro mis recuerdos hasta quedar sangrando por dentro. Cada vez vengo de más lejos, del tiempo vivido y de la distancia recorrida. Voy dejando miasmas, lágrimas y sangre. Es la huella ya surcada que ahora vuelvo a recorrer».
Si al lector muchas de las situaciones descritas le generan escalofríos, debe pensar para matizar sus reacciones que él solo lee esas experiencias, mientras que Gómez Morel las vivió.

Descarga un extracto de la reedición de El río (Tajamar Editores, 2014) en este link (PDF)."


miércoles, 23 de julio de 2014

Las medidas de protección de derechos en el Sistema de Protección de la Provincia de Buenos Aires. Cuestiones procedimentales, de Marisa Herrera y Marisol Burgues

Uno de los rasgos que, me parece, deben ser parte de un nuevo sistema de protección especial de derechos –ley de protección integral mediante- es un creciente nivel de protección administrativa y un adelgazamiento del actual ámbito de protección judicial. Como lo he dicho en distintos foros, el ingreso de un niño a un programa de diagnóstico (un DAM en la jerga senamesca) o a un programa de reparación de maltrato, o a un PIB, no debiera ser cuestión de resorte judicial. El lugar que deben desempeñar los juzgados de familia -con jueces y juezas y consejeros y consejeras con real especialización- se encuentra en decidir aquellos casos donde está en cuestión la separación del niño de sus padres o  familia de origen.
Cuando me preguntan por cómo funcionaría este sistema, mi respuesta se dirige a dos experiencias: la inglesa y la bonaerense, de reciente data.
El texto que dejo a continuación es un Capítulo del libro vv.aa. (2010). Temas claves en materia de Protección y Promoción de Derechos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: UNICEF Argentina e Instituto de Estudios Judiciales, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pp. 138-162. Disponible a 20/07/2014 en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/TemasClaves.pdf
En estas líneas las profesoras Marisa Herrera (en la foto)  y Marisol Burgués nos cuentan con bastante detalle el funcionamiento del sistema de protección de la provincia de Buenos Aires que posee, justamente, un margen amplio para la protección administrativa.

martes, 22 de julio de 2014

Incumplimiento del deber de acumular el proceso proteccional al de susceptibilidad de adopción

“El tribunal ante el cual se hubiere incoado alguno de los procedimientos a que se refiere el presente artículo, será competente para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo menor. En su caso, si hubiese procesos de protección incoados relativos al menor, el juez ordenará acumularlos al de susceptibilidad o adopción, sin perjuicio de tener a la vista los antecedentes de los procesos terminados en relación al mismo." (art. 18 inciso 3º Ley Nº 19.620)

La norma busca evitar decisiones contradictorias y, a la vez, reunir las decisiones respecto de un niño en una causa, en un mismo tribunal. En esto es consecuencia  del principio de subsidariedad de la adopción, el cual implica que la medida de la adopción es una de ultima ratio. El artículo 9 de la Convención sobre Derechos del Niño impone a los estados el deber de velar “por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.” Si no ha sido posible compatibilizar el derecho del niño a crecer en su familia de origen con su derecho a crecer en un entorno que le nutra para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sólo entonces la adopción surge como una medida aplicable. De ahí que la adopción requiere ser considerada en coherencia con las medidas de protección adoptadas a su respecto. Ese es el sentido del deber que recae sobre los tribunales en el citado artículo 18.

He conocidos casos en que al no cumplirse con el mandato del artículo 18 un tribunal ordena a la familia de origen asistir a un programa terapéutico al Instituto Chileno de Terapia Familiar -donde junto a profesionales de alto nivel de formación- desarrollan significativos avances, y al mismo tiempo, el tribunal que lleva la susceptibilidad de adopción, ordena el alejamiento de la familia del niño, suspendiendo las visitas al hogar incluso.

Tenemos así que la infundada negativa de un juzgado de familia a acumular los procesos pone a los tribunales en un plano de agentes iatrogénicos,  es decir, de agentes que dentro de un proceso de intervención o de ayuda terminan con sus acciones empeorando la enfermedad original. ¿Cómo se explica que mientras un actor judicial da una serie de órdenes en una determinada dirección (el fortalecimiento familiar con un organismo experto) otro órgano judicial va en la senda absolutamente opuesta (la adopción)
Esa negativa a acumular es frecuente en los procesos de susceptibilidad de adopción y exige ser corregida a la brevedad por los tribunales superiores.


lunes, 21 de julio de 2014

Fallo de Corte Suprema denegando casación en un caso de entrega inmediata

CORTE SUPREMA, 14 de julio de 2014, Rol Nº 11772-2014
Redactor: no indica
Tags: casación en el fondo, cuidado personal, entrega inmediata, statu quo

Santiago, catorce de julio de dos mil catorce.
Vistos y considerando:
Primero:                 Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en juicio sobre entrega inmediata, caratulado “B. con S.”, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de primera instancia por el cual se acogió la demanda de entrega inmediata, ordenándose que la madre –recurrente- debe entregar a la niña Florencia B. S., de tres años de edad, al padre.
Segundo:                 Que en el recurso se denuncia la infracción del artículo 225 del Código Civil,  porque se aplicó a los hechos materia de la controversia, en su actual redacción, lo que se estima improcedente, atendido a que  acaecieron en el mes de mayo de 2013, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.680, lo que aconteció el 20 de junio de ese mismo año. Agrega que también se vulneró el artículo 225-2 del Código Civil, al no considerarse, en la especie, los criterios que contempla y que son de carácter  imperativo. Pide la nulidad de la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que deniegue la solicitud de entrega inmediata.
Tercero:                 Que con el fin de resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación, es necesario señalar que se concede a la parte agraviada para obtener la  invalidación de determinadas resoluciones, cuando han sido pronunciadas con infracción de ley que ha influido sustancialmente en su parte dispositiva. Lo anterior significa que el arbitrio es de carácter estricto, por lo que, para su ejercicio y  tramitación se deben cumplir una serie de formalidades.
Cuarto:               Que, en este contexto, resulta pertinente considerar la  naturaleza de la acción planteada,  en cuanto persigue  mantener el statu quo respecto de la  situación de hecho en que se encuentra el niño, niña o adolescente concernida a su cuidado personal por parte de la  persona que a la época, lo ejerce, siempre que se resguarde su interés superior.
Quinto:                   Que, en consecuencia, la entrega inmediata supone la existencia de una situación consolidada desde la perspectiva de la titularidad del derecho como de su ejercicio, cuestión que en los autos quedo desvirtuada al establecerse como presupuesto fáctico -no impugnado por la recurrente- la existencia de una situación acordada y tolerada por las partes respecto de la custodia de la niña, que no es posible en esta sede desatender; sin perjuicio de lo que pueda resolverse en un procedimiento destinado a la discusión y resolución sobre su cuidado personal.
Sexto:                      Que, por consiguiente, el recurso se sustenta a partir de un supuesto fáctico y legal diverso al establecido en autos, ya que no se desvirtuó,  que la madre  entregó al padre el cuidado de la niña, y consintiéndose por ésta dicha entrega fue sólo por un período acotado, circunstancia que - como se señaló- es propio de otro procedimiento; razón que autoriza, además, que la norma que se denuncia conculcada  no tiene incidencia en lo resuelto, ya que regula lo concernido al cuidado personal.
Séptimo:                 Que, acorde a lo razonado,  y no cumpliendo el arbitrio con los requisitos legales que lo hagan procedente, sólo cabe concluir que el recurso de nulidad sustancial adolece de manifiesta falta de fundamento, por lo que no puede prosperar.
                                 Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 90 en contra la sentencia de veintiocho de abril de dos mil catorce, escrita a fojas 32.

                                 Acordada luego de desechada la prevención del Ministro señor Aránguiz, quien fue de parecer de declarar inadmisible el recurso de casación deducido,  por improcedente atendida la especial naturaleza cautelar de la resolución impugnada y su claro carácter provisorio, por lo que es evidente que no pone término a la controversia ni hace imposible la continuación del juicio.

Regístrese y devuélvase. Rol Nº 11772-2014
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., señora Andrea Muñoz S., y señor Carlos Cerda F. No firma el Ministro señor Aránguiz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, catorce de julio de dos mil catorce.            

sábado, 19 de julio de 2014

Columna sobre fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos AFFAIRE MENNESSON c. FRANCE sobre derechos de hijos nacidos por reproducción asistida

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia el pasado 26 de Junio en AFFAIRE MENNESSON c. FRANCE, donde condena a Francia a que reconozca derechos a hijos nacidos a través de vientres de alquiler.
Por su interés dejo acá una esclarecedora columna del jurista español Jorge Marfil (Marfil Abogados) publicada en la prestigiosa web especializada Lex family.

"La Sentencia de 6 de febrero de 2014 del Tribunal Supremo (Recurso Nº 245/2012) supuso un contratiempo grave para todos aquellos padres que inscribían a sus hijos -nacidos por subrogación- en base a la Instrucción de 5 de Octubre de 2.010 de la DGRN. A partir de ese momento se nos ha consultado sobre la situación en la que quedarían los nacidos desde la fecha de tal Resolución, dada la imposibilidad sobrevenida desde tan infausta Sentencia (recuérdese que de los nueve votos de Sala cuatro eran favorables a la admisión). El revuelo provocado desde entonces ha sido mayúsculo. Los padres contratantes tienen hijos por nacer en los próximos meses, y hay que entender la zozobra creciente ante la posibilidad de no poder reconocer registralmente a sus hijos.

Por ello saludamos y recibimos calurosamente la Sentencia recaída en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de Junio presente, AFFAIRE MENNESSON c. FRANCE, en cuyas 43 páginas se desgranan uno a uno los motivos por los que el Alto Tribunal condena a Francia a que reconozca a estos hijos nacidos a través de vientres de alquiler.

En el caso presente son dos mellizos nacidos en 2.000 y por los que sus padres vienen luchando desde entonces. Importante destacar que el Sr. Mennesson es padre biológico, al haber aportado su semen para la fecundación. En los mismos términos se ha pronunciado en la demanda presentada por el Sr. Labasse (un hijo), manifestando en ambas que tales hijos:
 “ … están en una situación de incertidumbre jurídica, y ello atenta contra su identidad en el seno de la Sociedad francesa … “

En ambos casos, y lo recalco para futuras acciones, el Estado Francés ha sido multado por daños morales, así como a abonar las costas judiciales, mostrando así el Tribunal Europeo una clara sensibilidad y un sentido justo del progreso en este ámbito del Derecho de Familia. No puedo dejar de decir que en Francia existían más de 2000 niños en esta grave incertidumbre, que ahora verán resuelta su situación registral, su nacionalidad, su condición de seres libres.
De igual forma están los padres a los que la Sentencia del Tribunal Supremo ya citada afectó, puesto que los consulados españoles en el extranjero denegaron y siguen denegando la inscripción de esos bebés recién nacidos desde que se publicara esa lamentable Resolución.


Por fortuna, y puesto que las decisiones del TEDH vinculan al Estado Español, estamos expectantes respecto a las disposiciones que se dicten de inmediato, que garanticen los plenos derechos de nuestros conciudadanos a ser padres, y los de sus hijos a estar filiados adecuadamente. Estamos recibiendo llamadas de los grupos organizados, en España y en Estados Unidos, fundamentalmente, interesadísimos en seguir avanzando hasta la plena aceptación de estos hijos nacidos a través de la subrogación, paso previo ineludible a la aceptación de la reproducción asistida, con derogación expresa del art. 10 de la Ley 14 de 2006."

viernes, 18 de julio de 2014

Argentina: Vergonzoso fallo de Cámara Nacional de Apelaciones sobreingreso a centros privativos de libertad

La privación de libertad de los menores de edad: la caja negra de las políticas sociales y jurídicas para la infancia

Publicado el 17.07.14
Por Emilio Garcia Mendez*
La Argentina es, qué duda cabe, un país de paradojas. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) órgano del Estado que por ley posee el mandato de inspeccionar las condiciones de privación de libertad en el régimen penitenciario federal, ha debido iniciar una acción de habeas corpus para que se le permita cumplir sus obligaciones e ingresar a las instituciones en que se encuentran alojadas personas menores de edad.
Se trata en este caso de menores de edad privados de libertad en la ciudad de Buenos Aires pero que, por razones que ameritarían otro capítulo aparte, lejos de encontrarse bajo la jurisdicción del gobierno de la ciudad como correspondería y como sucede en todas las provincias del país, se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno nacional representado en este caso por la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), órgano del Ministerio de Desarrollo Social.
No caben dudas, que este área de la política social constituye la más oscura de un gobierno que ha hecho de la falta de información pública y del secretismo una verdadera política oficial.
Contradiciendo incluso las afirmaciones de Jeremías Bentham que ya en el siglo XIX afirmaba que en una sociedad democrática los muros de la prisión deberían ser de cristal para el escrutinio de la sociedad, en la Argentina desconocemos desde 2008, incluso el número de los menores de edad privados de libertad. La poca información real de la que se dispone, que incluye varios motines con su consiguiente represión, resulta tan anónima cuanto fragmentaria y emerge de operadores sociales y adolescentes internados que no se animan a la denuncia pública de las pésimas condiciones materiales que imperan en los “institutos” convertidos en verdaderas cárceles de menores. Esta mera sospecha debería ser motivo suficiente para solicitar por parte de la SENAF el ingreso de la PPN como  forma de disipar cualquier duda o suspicacia.
A menos que consideremos con seriedad algún grotesco y edulcorado informe oficial (1) del único órgano de control que la SENAF está dispuesto a aceptar, la concesión -sin condiciones- de este habeas corpus, constituye la única posibilidad de arrojar un poco de luz sobre esta zona tenebrosa de la política social.
Concedido en primera instancia, el habeas corpus solicitado por la PPN, fue paradójicamente confirmado por la segunda instancia. Sin embargo, éste fallo que convalida lo resuelto en primera instancia, colocado en su contexto, resulta tan vergonzoso, cuanto humillante. Una paradoja en estado químicamente puro.
La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ha sorprendentemente condicionado el ingreso de la PPN a las instituciones de privación de libertad únicamente de la mano de la Defensoría General de la Nación (DGN). Sin embargo, la cosa no termina ahí.
Son los argumentos de la segunda instancia que, en la mejor de las hipótesis, denotan un profundo desconocimiento del derecho de la infancia que emana dela Convención Internacionalde los Derechos del Niño, los que constituyen un motivo adicional de preocupación.
Sostiene el fallo de segunda instancia, que la PPN, carece de las facultades “tutelares” (sic) que exige la especialización cuando se trata de privados de libertad menores de edad. En consecuencia exige que la PPN, para ingresar, debería presentar a la jueza de primera instancia que acordó el habeas, un plan de abordaje, para su homologación, que incluya a profesionales de acreditada especialidad en minoridad. Esta ridícula pretensión, no solo convierte en una burla las facultades de un órgano de control sino que, contrariando toda la doctrina, entiende a la especialidad como una forma de restringir, en vez de aumentar, los derechos de niños y adolescentes.
El principio pro homine pulverizado en nombre de un falso tutelarismo que ha permitido, y por lo visto todavía permite, que las peores atrocidades contra la infancia se sigan cometiendo mucho mas en nombre de la “piedad” y la “protección”, que en nombre de la propia represión.
Si no fuera una sentencia jurídica, este fallo resultaría un ejemplo primoroso de humor negro.
*Experto en derecho penal juvenil y presidente de la Fundación Sur
(1)           Cfr. “El monitoreo de la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes”. Buenas Prácticas dela Defensa Pública.Ed. Del Ministerio Publico dela Defensa, Buenos Aires, 2012. Esta publicación, que lejos de haber  sido distribuida ha sido sistemáticamente ocultada, remeda en forma de farsa los informes oficiales de “derechos humanos” de los regímenes totalitarios. Las condiciones idílicas en que encuentran, según este informe, los menores de edad privados de libertad debería constituir un motivo  mas que suficiente para que la SENAF invitara a la PPN al cumplimiento de sus obligaciones.    

jueves, 17 de julio de 2014

Busco a mi madre, busco a mi hija. Reportaje de Revista Paula

"Un trajecito de lana blanco talla 0, abotonado al medio y con pequeños bordados azules es la principal pista que tiene Ester Herrera (periodista, 32 años) para dar con su progenitora, a quien hoy busca intensamente. Es la ropa que usó en sus primeras horas de vida y que llevaba puesta el 17 de julio de 1981 cuando fue entregada por una asistente social a su madre adoptiva, Alicia, quien entonces tenía 51 años y un negocio de dulces en El Arrayán. Alicia falleció en 2006 y Ester ya no puede exprimir sus recuerdos para saber más.
“Supe del trajecito de lana cuando tenía 15 años y mi madre me contó la verdad. Yo lo intuía porque, a diferencia de ella, tengo ojos claros y piel blanca. Ese día la escuché hablar con una tía sobre mi origen. Y entonces la encaré y me contó, con mucho dolor, lo que había ocultado por años. Me dijo que la mujer que me entregó a ella era una asistente social o una matrona –no se acordaba bien– a la que había conocido antes y a quien le había hablado de su sueño de ser mamá, lo que a esas alturas era difícil porque estaba en los cincuenta años y era soltera. Esa mujer se comprometió a ayudarla y un día llegó contándole que tenía una guagüita y que, para entregársela, necesitaba su carnet”.
Según le relató, al día siguiente, esa mujer llegó a la casa con la guagua, vestida con el trajecito de lana y un certificado de parto que indicaba a Alicia como la madre biológica. Según el documento con el que la inscribieron en el Registro Civil, Alicia la había tenido a las 40 semanas de gestación en una dirección que corresponde a la Clínica Lira a las 19:50 horas. Pero Alicia jamás la parió.
Tras esa confesión, Ester le hizo más y más preguntas a su madre adoptiva. “Quería ayudarme, pero no tenía mucha más información y no se acordaba del nombre de la mujer que me entregó”. Ester hizo una búsqueda preliminar en 2008, y supo que la Clínica Lira (entonces ubicada en Santiago Centro) había sido clausurada por abortiva. No consiguió saber mucho más. Siguió con su vida –se emparejó y tuvo una hija– y el tema quedó en stand by.
Pero hace tres meses, cuando estalló el caso Joannon y se enteró de que en los años 70 y 80 hubo madres adolescentes a las que engañaron, diciéndoles que sus hijos habían muerto para darlos en adopción ilegalmente, se le apretó el corazón. “Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Volví a sentir la urgencia de saber y constatar que no era la única que necesitaba respuestas, me empoderó”, dice."
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viernes, 11 de julio de 2014

Clase sobre la Orientación General N° 14 del Comité de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.


El Comité recomendó a los Estados que difundan ampliamente la presente observación general entre los parlamentos, las administraciones públicas y el poder judicial, en los planos nacional y local. 
"También debe darse a conocer a los niños, incluidos aquellos que se encuentran en situaciones de exclusión, todos los profesionales que trabajan para los niños y con ellos (como jueces, abogados, docentes, tutores o curadores, trabajadores sociales, personal de las instituciones de bienestar públicas o privadas, y personal sanitario) y la sociedad civil en general.
Para ello, la observación general debe traducirse a los idiomas pertinentes, se deben preparar versiones adaptadas a los niños o apropiadas para ellos y se han de celebrar conferencias, seminarios, talleres y otros eventos para intercambiar las mejores prácticas en cuanto a su aplicación. También se debe incorporar en la capacitación oficial previa al empleo y en el empleo de todos los profesionales y el personal técnico concernidos.”

Pese a esta razonable recomendación no conozco de ninguna iniciativa gubernamental o de sociedad civil por difundir esta Observación general, de tan central aplicación.