martes, 25 de agosto de 2015

No cualquier proyecto de ley de derechos del niño (I)

No todo el que diga Señor, señor, entrará en el reino de los cielos, enseña la Biblia.  Igualmente no cualquier proyecto de ley sobre derechos del niño constituye un avance.  Sin, p. ej., mecanismos de exigibilidad el lenguaje de derechos deviene en fraseología progre con el efecto de una inflación retórica  que devalúa al derecho como instrumento de cambio. Igualmente, sin un fundamento sólido un proyecto difícilmente logrará mejorar la situación de los niños y niñas.

Hoy, a 1 año y medio de funcionamiento del Consejo Nacional de Infancia, órgano creado para preparar estudios y proponer proyectos de ley y políticas públicas sobre infancia, carecemos de información actualizada sobre maltrato infantil, explotación sexual infantil, delitos contra niños, medidas de protección y reincidencia penal adolescente por poner ejemplos del mundo de la protección especial.

¿Es posible tener una buena ley de derechos del niño sin estos datos?
Por supuesto que no. Sin evidencia, sin datos mínimos que caractericen estos fenómenos y permitan formular hipótesis es muy difícil hacer buenas políticas públicas. Sin un buen diagnóstico –cualquiera que haya estado enfermo lo sabe bien- no hay forma de tener un buen tratamiento.

Revisemos. Sobre maltrato infantil las cifras que manejamos son las del estudio 2012 de Unicef que realizó un equipo de Sociología de la PUC con un cuestionario a 1700 estudiantes de 8vo. básico de 7 regiones del país. Es lo mejor que tenemos y por eso valoramos el esfuerzo desplegado por una agencia internacional con compromiso y experticia en temas de infancia y enfoque de derechos, pero a todas luces es un estudio que subestima el fenómeno del maltrato infantil en razón de su diseño metodológico, de los sujetos elegidos (por edad y escolarización) y que debiera preocuparnos de sobremanera pues los números que arrojan ya son altos. El estado chileno ha sido incapaz de levantar datos más robustos y actualizados.

Sobre explotación sexual y comercial infantil lo que tenemos son los valiosos esfuerzos de Sename en consolidar la información de sus programas especializados pero basta escuchar a sus profesionales para comprender que, nuevamente, es un fenómeno subestimado y que presenta expresiones novedosas y más difíciles de pesquisar por lo que deberíamos recurrir a un conjunto de instrumentos para construir un acercamiento estadístico mínimo.

Respecto a delitos contra niños el Ministerio Público, en sus boletines estadísticos anuales no desglosa su información por edad de víctimas. En el último boletín p. ej., dedica una tabla (la Nº 13) a informar, en términos extremadamente generales,  “víctimas ingresadas por Región, Género y Tramo Etario”, desglosando en tramo etario la categoría “menor de edad”. Hace un par de años una de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional entregó un breve documento (unas 3 págs.) con alguna información más detallada respecto de delitos sexuales y menores de edad pero sin que pudieran contrastarse esas cifras con ninguna otra, sin continuidad anual, sin ningún desglose por términos o por otros ítems, esos guarismos no constituyen, en rigor, una cifra seria del fenómeno.
Ni siquiera en el marco de la discusión del proyecto de ley de entrevista videograbada a niños víctimas de delitos sexuales no se ha entregado información estadística más detallada.

En lo referente a medidas de protección contamos con los anuarios estadísticos de Sename que informan la cantidad de niños que ingresan a sus centros y programas pero que no permiten saber, p. ej., cuántos niños no ingresan, o cuántas veces al año ingresa un niño, o cuántas medidas existen respecto de un grupo familiar, o cuánto demoró el procedimiento. Todas esas preguntas podrían ser respondidas si el poder judicial entregase información adecuada, pero eso no ocurre.

Si hablamos de reincidencia penal de adolescentes, Sename licitó el 2012 un estudio para construir un sistema de medición que contase con un software. Entregó unos guarismos y luego los corrigió ya que contó con una mejoría en la base de datos gracias a la colaboración del poder judicial pero al día de hoy no sabemos si el sistema está activo, si entrega información, si esa información es desglosada por unidades de responsabilidad (centros y programas) de modo que oriente el trabajo de cada equipo.

En estos cinco temas altamente sensibles del mundo de la protección especial y la justicia juvenil no contamos con suficiente información. Esa parecía la primera tarea a la que se iba a abocar el Consejo Nacional de Infancia sin que hasta la fecha se conozcan estudios que mejoren el diagnóstico.

Sin un buen diagnóstico, sin evidencia sólo podemos hacer políticas públicas y leyes basadas en anécdotas, edificantes o monstruosas, pero que nos distraen del desafío del trabajo serio.

viernes, 7 de agosto de 2015

Clase El nuevo derecho de la infancia

En el marco del Diplomado de Derecho de Familia de la Univ. Alberto Hurtado ayer realicé la clase El nuevo derecho de infancia, y dejo aquí el ppt de apoyo.

jueves, 6 de agosto de 2015

La reforma legal de España a su sistema de protección a la infancia


La semana pasada España publicó dos importantes reformas a su sistema de protección a la infancia que dejo acá en su versión oficial del BOE.

Destaco en este primer comentario al respecto la regulación del interés superior del niño  (ISN) que sigue la senda del art. 2 de la Children Act inglesa de 1989 de un listado de criterios que faciliten o estructuren el proceso de determinación del ISN.

Para asegurar un complejo uso argumentativo el Comité de Derechos del niño (2013: párr. 50-51) ha recomendado la consagración legislativa de listas de criterios.
En línea con esta sugerencia he propuesto (Unicef 2012a) una redacción para nuestra futura ley de protección similar al que sancionó España.

“Artículo 2.  “El proceso de búsqueda del interés superior del niño o niña deberá siempre considerar:
1. Los deseos y sentimientos del niño o niña;
2. Sus necesidades físicas, emocionales, y educativas;
3. Su edad, sexo, etnia, antecedentes familiares y otras características pertinentes;
4. Cualquier daño que haya sufrido o corra el peligro de sufrir;
5. El grado de capacidad de sus padres o adultos responsables de su cuidado;
La decisión administrativa, judicial o legislativa que se adopte deberá dejar constancia de estos criterios.”

En la misma línea la Comisión Interamericana ha sostenido:
“La determinación y la aplicación de la medida especial de protección que mejor responda al interés superior del niño debe realizarse tomando en consideración de forma individualizada las circunstancias y condiciones que envuelven al niño y a su familia, así como la afectación que éstas tienen en su bienestar y sus derechos.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013, p. 67, Nº 144)




"CAPÍTULO I
Ámbito e interés superior del menor»


Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Interés superior del menor.

1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:
a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.
b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.
c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.
d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.


3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:
a) La edad y madurez del menor.
b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.
c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.
f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores. Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:
a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.
c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.»

miércoles, 5 de agosto de 2015

Luis María Díez-Picazo, nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España

El nuevo presidente de la Sala Tercera se licenció en Derecho en 1980 en la Universidad Autónoma de Madrid, con la calificación de Premio Extraordinario de licenciatura, y se doctoró en el Real Colegio de España de la Universidad de Bolonia antes de convertirse, por oposición, en letrado del Ministerio de Justicia.
Ha ejercido como abogado en Málaga y en Madrid, actividad que ha compatibilizado con la docencia como profesor en la Universidad de Málaga, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto de Empresa de Madrid y el Colegio Universitario de Estudios Financieros y como catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Málaga y de Castilla-La Mancha.
Su experiencia docente se completa con su labor como profesor asociado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como profesor de máster en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Díez-Picazo es autor de diez libros –entre ellos, “Sistema de derechos fundamentales”, “La derogación de las leyes”, “Régimen constitucional del Poder Judicial”, “La criminalidad de los gobernantes” y “La naturaleza de la Unión Europea”- y de decenas de artículos, y ha participado como ponente en numerosos cursos, conferencias y seminarios.
Entre las sentencias de relevancia de las que ha sido ponente como magistrado del Tribunal Supremo destacan la de 11 de febrero de 2009, una de las tres del Pleno de la Sala Tercera que resolvieron la cuestión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía; y más recientemente la de 19 de mayo de 2015, que anuló ciertos preceptos reglamentarios en materia de EREs en el sector público.

4 meses en demora de promulgación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones

El 4 de abril de este año el Congreso envió a la Presidencia el oficio en que informaba que el Congreso Nacional había dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011, correspondiente al boletín N°9465-10.

Han pasado 4 meses y aún no se produce la promulgación y publicación de este cuerpo normativo.


Espero que agosto, un mes asociado con los niños en varias campañas públicas y comerciales, sea la época en que ingrese formalmente a nuestro ordenamiento jurídico el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, cuyo texto dejo aquí abajo.


martes, 4 de agosto de 2015

Columna de Emilio García Méndez: La historia oficial apesta.

Medida en términos de derechos humanos, la cuestión penal juvenil resulta mucho más que vergonzosa en la Argentina. Somos el país más atrasado y más brutal en la materia. Tenemos el record absoluto de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia, cuatro entre 2003 y 2013. Tenemos vigente un régimen penal de la minoridad que lleva la firma del mayor genocida del continente, Jorge Rafael Videla. Somos el único país en la historia de América Latina que hemos irrogado sentencias de reclusiones perpetua (doce para ser exactos) por delitos cometidos por menores de edad. Desde hace muchos años, las cárceles de menores resultan verdaderas cajas negras mantenidas bajo llave con la complicidad de varios poderes del Estado y también por aquellos organismos que específicamente deberían velar por su protección.

La denodada, valiente y solitaria lucha de la Procuración Penitenciaria de la Nación, solo por conseguir (hasta hoy sin éxito) ingresar a estas instituciones, constituye una prueba irrefutable de esta afirmación. Solo organismos cómplices y complacientes con las violaciones flagrantes a los derechos más elementales, han conseguido autorización del órgano ejecutor y responsable de la práctica de privación de libertad de los menores, la Secretaria de la Niñez y la Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (SENNAF). Por supuesto, los controles oficiales confirmaron hasta hace poco el estado maravilloso de dichas cárceles, donde en los últimos días varios adolescentes han muerto en circunstancias tan trágicas cuanto confusas e incomprensibles (uno en el Manuel Rocca dependiente de la Sennaf, y dos en el Pablo Nogues y el Almafuerte de la provincia de Buenos Aires).

Ahora bien, incluso medida en los tristes y oscuros términos de la propia SENNAF, la cuestión penal juvenil también ha sido un rotundo fracaso. Nunca para la SENNAF el proyecto para la privación de libertad de los menores de edad, consistió en otra cosa que no fuera desaparecer totalmente de los medios de comunicación y por ende de cualquier forma de escrutinio público.
Las absurdas muertes de los últimos días han logrado derribar (por lo menos momentáneamente) el muro de indiferencia y silencio que rodea la cuestión penal juvenil.
El esfuerzo en tapar tanto muerto resulta cada día más difícil, lo que no se ve se huele.

La historia oficial apesta. 

Inaugurada nueva sala especial para declaración de menores en juicios orales en el Sexto TOP de Santiago

El ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas y el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Roberto Contreras, inauguraron hoy –lunes 3 de agosto– la sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, ubicado en el Centro de Justicia capitalino.
A la ceremonia de inauguración asistieron, además, representantes de los ministerios de Justicia e Interior; del Servicio Nacional de Menores (Sename), Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Unicef y Fundación Amparo y Justicia, entre otros.
La nueva dependencia forma parte de un proyecto de alcance nacional que impulsa el Poder Judicial, para construir y habilitar, en total, 37 salas especiales en tribunales orales de todo el país, con una inversión de 650 millones de pesos.
La sala especial del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal –que corresponde a la jurisdicción San Miguel– es la tercera que se inaugura, tras las implementadas en el Segundo TOP de Santiago (2012) y en el TOP de Los Ángeles (2015); además, durante este año serán inauguradas las salas especiales, ya construidas, en los tribunales orales de Concepción, La Serena y Puerto Montt. En tanto, las 31 restantes se encuentran en plena etapa de construcción o habilitación.
En la inauguración de hoy, el ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas destacó que el proyecto de salas especiales "significa hacer realidad una antigua aspiración del Poder Judicial: tener un lugar privilegiado para tomar declaración a los niños. Esto ya se ha venido haciendo en los tribunales de Familia, con las llamadas salas Gesell; ahora tenemos tres salas instaladas en tribunales orales y vamos a tener muchas más en el transcurso del año", informó.
En tanto, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Roberto Contreras sostuvo  que con estas dependencias, el Poder Judicial responde a las exigencias internacionales sobre la protección de los derechos de la infancia.
"Se trata de tener una mirada especial no sólo en cumplimiento de la normativa nacional –que ordena dar protección a testigos especiales, como son los menores–, sino que también en cumplimiento de los tratados internacionales que exigían al Estado de Chile estar a la altura de estos desafíos. Hoy podemos decir que hemos cumplido", afirmó el ministro Contreras.

Cómo funciona

Durante la inauguración, magistrados del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, mostraron a los asistentes cómo funciona la sala especial, a través de una simulación en la que participó el hijo de un funcionario, quien respondiendo las preguntas que le formuló la jueza Francoise Giroux, quien actuó como presidenta de sala.
La sala especial para tomar declaraciones a menores en juicios orales es un espacio especialmente diseñado y habilitado para que niños, niñas o adolescentes que tengan que prestar declaración como víctima o testigo de algún delito, no lo hagan directamente en  la sala de audiencia.
La sala especial permite al menor o adolescente entrega su testimonio solo ante el juez presidente, quien le formula las preguntas de los intervinientes, quienes observan desde la sala de audiencia a través de un moderno circuito cerrado de televisión, el que permite seguir la entrevista en tiempo real (imagen y audio), pero reduciendo el estrés y la eventual re-victimización de los menores.
La sala cuenta con mobiliario, decoración y el apoyo técnico necesario para realizar la entrevista en un ambiente cómodo, acogedor y seguro, lo que garantiza una mejor protección de los derechos de los declarantes y evitar o reduce la victimización secundaria.

Fuente: poderjudicial.cl


viernes, 31 de julio de 2015

Saludo en aniversario de ANCOT


Me sumo a los saludos por el aniversario de ANCOT a todos y todas las consejeros(as) técnicos del país (especialmente a una) por el relevante rol que desempeñan en el sistema y sin los cuales no se alcanzarían soluciones duraderas y satisfactorias.

Entrevista en Radio Duna: “Estamos discutiendo en base a anécdotas”

Dejo aquí link a la conversación que sostuve ayer con Cony Stipicic y Rodrigo Alvarez, en Radio Duna, sobre reformas a la ley penal juvenil.

jueves, 30 de julio de 2015

Estudio UNICEF- CSP "Definiciones conceptuales para un sistema integral de protección a la infancia”


La oficina en Chile de UNICEF ha hecho público el estudio encargado al Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y en el que tuve el honor de participar, “Definiciones conceptuales para un sistema integral de protección a la infancia”. Este documento es parte de la serie "Los derechos de los niños, una orientación y un límite", un conjunto de trabajos que buscan contribuir al diseño del nuevo sistema de protección y nueva institucionalidad en materia de infancia.
El Grupo de trabajo del Centro de Sistemas Públicos fue dirigido por Jerko Juretić (Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile) e integrado por Francisca Dussaillant, Gabriela Saieg, María Pía Martin, Francisco Estrada, Javier Fuenzalida y Carlos Castro (Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile).

Este trabajo se estructura en dos etapas. En primer término, se formula un diagnóstico general realizado en base al análisis de información primaria recogida a través de la aplicación de metodologías cualitativas; y luego, se realiza una revisión de información secundaria a través de un análisis comparado sobre experiencias internacionales en sistemas de protección a la infancia y de literatura académica sobre sistemas integrales y su diseño institucional. Sin perjuicio de una serie de acciones, programas y normas destinadas a dar protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), el diagnóstico identifica deficiencias específicas en materia de enfoque de las intervenciones, cobertura, recursos financieros y humanos, coordinación intersectorial (a nivel nacional y local) y sistemas de información, monitoreo y evaluación. A su vez, se observa una estructura institucional con ausencia de un ente rector con suficiente poder y capacidad para otorgar seguimiento y coherencia a la intervención de las políticas públicas. Finalmente, el diagnóstico elaborado da cuenta de débiles mecanismos de participación y representación de los NNA y de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas de infancia.

En base al diagnóstico formulado, la segunda etapa de este estudio sugiere las bases conceptuales para el diseño de un sistema de protección integral de los derechos de los NNA en Chile. Este sistema de protección integral, basado en un diseño sistémico previo, debiera fundarse en reglas y mecanismos establecidos en una futura ley de garantías a los derechos de la infancia y que dispongan, en particular, que: (i) las conductas de las distintas organizaciones involucradas confluyan hacia los objetivos deseados; (ii) se definan las responsabilidades y los espacios de coordinación necesarios para procesar adecuadamente las situaciones imprevistas propias de cualquier implementación; y (iii) se evalúe el desempeño del sistema para ir monitoreando el grado de cumplimiento de los derechos de los NNA establecidos en los tratados internacionales. El enfoque sistémico apunta a que todos los componentes del sistema estén directa o indirectamente conectados unos a otros y los resultados que provee el sistema en su conjunto sean el producto de tales interacciones.

Los invito a su lectura y debate.

Como es su costumbre, el Centro ha sacado una Nota Técnica sobre esta materia que pueden descargar acá.



martes, 21 de julio de 2015

Juzgado de Familia de Calama inaugura Sala de visitas parentales y se reúne con unidad regional de adopción del Sename

El Juzgado de Familia de Calama, con el apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, implementó esta semana una sala especialmente habilitada para visitas parentales, espacio ideado para hacer frente a la gran cantidad de citas de relaciones directas y regulares provisorias decretadas por el tribunal como medidas de protección.

En total, se habilitaron 65 metros cuadrados para brindar un lugar más cómodo, confortable y apto para la recreación infantil, que permitirán un mejor desarrollo de los encuentros de relación directa entre los menores de edad y sus padres, las que se efectúan los sábados en el tribunal. El espacio cuenta con cámaras de grabación en 360 grados, ventilación, piso de goma eva y mobiliario especial para niños y niñas.

Reunión
En tanto, la magistrada del Juzgado de Familia de Calama, Paola González Montecinos, junto a la consejera técnica del tribunal, Iris Graz Velásquez, se reunió el lunes 13 de julio con la representante de la unidad de adopción del Servicio Nacional de Menores en la Región de Antofagasta, Patricia Campilla, y la fiscalizadora de dicha unidad a nivel nacional, Carolina Von Scharmann.

La cita, según indicó la magistrada, tuvo por objeto transmitir a las profesionales de Sename las dificultades detectadas en los informes de idoneidad –que evalúan las postulaciones de adopción-, y coordinar mejoras que permitan subsanar estos inconvenientes, lo que se verá favorecido por el proyecto de ley sobre la materia que se encuentra en tramitación. Asimismo, se establecieron acuerdos sobre nuevos documentos que se acompañarán en las solicitudes.

miércoles, 15 de julio de 2015

Dossier 4o. Informe de Chile al Comité de Derechos del Niño

En septiembre de este año el Estado de Chile presentará su 4to. Informe periódico (combinado con el 5to.) al Comité de Derechos del Niño sobre el cumplimiento de la Convención.
Ya se han subido a la web los informes alternativos (el de Opción quedó mal subido y no está disponible aún) o “sombras”, y el cuestionario que el Comité le envió a Chile luego de recibir su informe escrito, que ya subimos a este blog hace tiempo.

Lamento que el Informe sombra de la ROIJ (Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile) no conceptualice correctamente el caso de los niños internados en cuanto privados de libertad y respecto de los que el primer deber del estado es resguardar su derecho a vivir con su familia de origen. Además, me sorprende que nada diga sobre el conocido problema del bajo monto de subvención.  No apuntar a esos dos problemas es un serio error del ese informe y reitera el problema del mundo de infancia de no concordar un diagnóstico común frente a los graves problemas del sistema de atención a la infancia en el país, jerarquizando los déficit.

Destaca en el cuestionario del Comité la primera pregunta:
“1. A la luz del proyecto de reforma constitucional, sírvanse explicar cómo se plantea garantizar el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel constitucional de acuerdo con la Convención. Sírvanse también proporcionar información sobre si está previsto algún procedimiento para oír la voz de los niños en dicho proceso. Sírvanse igualmente informar sobre las medidas tomadas para dotarse de una ley integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”
Asimismo destacan estas cuestiones:
“16. Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas tomadas para eliminar la discriminación contra niños, niñas y adolescentes indígenas, particularmente aquellos pertenecientes a la comunidad mapuche. Sírvanse en concreto referirse a aquellas medidas relativas a la preservación de su identidad cultural, el derecho a una educación intercultural y el derecho a ser escuchado en las decisiones que les afectan. Sírvanse también informar sobre las medidas tomadas para evitar que los niños, niñas y adolescentes mapuches y sus familias sean víctimas de intimidación y violencia por parte de la policía. Sírvanse igualmente informar sobre cómo se está implementando la Ley Antiterrorista y como se está asegurando que los niños indígenas, no sean bajo ningún concepto investigados y/o enjuiciados bajo dicha ley.”
“18. En relación a las recomendaciones del Comité sobre la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, sírvanse proporcionar información adicional sobre la tipificación y penalización de todos los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, párr. 24) y el enjuiciamiento de los presuntos culpables (párr. 26). Sírvanse también indicar si se ha realizado alguna evaluación de los programas de prevención, protección y rehabilitación para los niños que son víctimas de explotación sexual y trata y cuál ha sido el resultado.”

Dossier:
- Alternative Report Submitted by the Global Initiative for Social and Economic Rights and the Sciences Po Law School Clinic