lunes, 22 de mayo de 2017

La ilusión de la representación. Comentario a un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago

Una reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago pone en escena el conflictivo tema del derecho a representación jurídica por parte de niños en la justicia de familia
Conociendo en apelación una sentencia definitiva en juicio sobre cuidado personal,  la Sexta Sala anula de oficio el fallo y lo retrotrae a la audiencia preparatoria por considerar que el nombramiento de curador ad litem en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 19968 constituye un trámite esencial según resguarda el art. 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil.

El profesor Fernando Rey acuñó la idea de que los derechos fundamentales nacen mediante dos fórmulas: o nacen por parto natural en la Constitución o por cesárea producida por la jurisprudencia constitucional. Según tal distinción, la Corte de Apelaciones estaría creando un nuevo derecho a través de una cesárea. ¿Es tan así?

Ya en fallos del año pasado, la Corte Suprema -la Cuarta Sala- sostuvo que escuchar al niño constituía un trámite esencial. Ahí había una lectura que enlazaba al CPC con el artículo 12 de la Convención sobe Derechos del niño y con el 16 de la Ley Nº 19.968.
El fallo en comento va más allá y sin citar el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, lo que hace es procurar resguardar ese derecho en sede justicia de familia respecto de niños.
Pero la forma en que lo efectúa me parece presenta más aspectos problemáticos.

En primer lugar, plantea una regla absoluta, sin entregar criterios o elementos o requisitos con lo que no logra construir un estándar sobre cuándo o en qué casos es exigible este requisito esencial, el de nombrar curador ad litem. Porque tomar al pie de la letra su lectura (que en todos los casos con niños debe nombrarse, que no es exactamente lo que dice el artículo 19) significa un problema de política pública mayúsculo y de coherencia tribunalicia. De política pública porque no existen recursos de ningún tipo (públivo o privado) para cumplir con esta exigencia en los términos de la Sexta Sala. Lo que hay, y no es un reproche personal a quienes ejercen ese rol sino una crítica institucional, es un sistema que no satisface los estándares más básicos de una defensa legal de cualquier tipo (reunirse previamente con el cliente, ofrecer prueba propia, impugnar resoluciones ante tribunales superiores, etc.). Este sistema de curadoría ad litem constituye lo que en otro lugar he denominado la ilusión de la representación.
Y es también un problema en sede jurisdiccional porque siendo consistente con esta lectura, no cualquier defensa debería satisfacer ese estándar y, entonces, también los casos –casi todos-  en segunda instancia en que esté ausente el curador ad litem deberían ser anulables con el consiguiente problema de gestión judicial al tener que anular todos los juicios.
Una lectura alternativa devalúa la forma en que la Sexta Sala entiende este derecho porque resulta que constituirá un derecho y un trámite esencial pero sólo si la causa se verá en esa sala. Es claro que se genera un problema de igualdad ante la ley si sólo una de las salas de las Cortes del país adhiere a una lectura tan acerada de un derecho.

Pero además, como ya hemos avanzado, no puede ser que el puro nombramiento de un abogado habilitado satisfaga este requisito. Lo que la jurisprudencia nacional, e internacional, entiende por derecho a la defensa es más que esa pura designación (que en algunos casos tampoco satisface el estándar si pasa sobre el defensor de  confianza o de parte). En sede penal, no es infrecuente que los juzgados de garantía declaren abandonada la defensa ante un comportamiento de un defensor privado que no exhibe conocimientos mínimos de litigación procesal penal. Y en el mundo público, la defensoría penal pública ha construido estándares para la defensa que son exigibles y constituyen elementos para la evaluación de los defensores y que asimismo son parte del funcionamiento del sistema y parten por procesos de selección y acreditación e incluyen auditorías y observación de desempeño en audiencias. Es decir, que no cualquier defensor satisface el resguardo de la garantía. Nada de eso aparece en el fallo en comento que parece detenerse en el puro acto de nombramiento aunque ese defensor carezca de especialidad, no ofrezca prueba, no recurra contra las sentencias ni se entreviste previamente con los niños que supuestamente representa.  Un defensor de ese tipo no constituye ningún avance en los derechos de los niños sino, insisto, configura la ilusión de la representación.

Finalmente, un detalle técnico también criticable lo constituye el que recién en estado de acuerdo surja el tema y, por tanto, no se haya escuchado a los  abogados alegar sobre ese punto. Un aspecto tan relevante exige más debate.



Corte de Apelaciones de Santiago, 13 de abril 2017, rol Nº 3113-2016
Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.
Anula de oficio
Tags: cuidado personal, curador ad litem, trámite esencial

Santiago, trece de abril del año dos mil diecisiete.
Vistos:
                                 En autos Rol N° C 3113-2016 [el rol es erróneo; el correcto es C 6184-2015], del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, caratulados “G. F.”, sobre cuidado personal; por sentencia de veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, la juez titular de ese Tribunal doña Macarena Rebolledo Rojas, acogió la demanda deducida por don Eduardo A. G. S., respecto de los menores D. y S., ambos G. F., dispuso que éstos queden bajo el cuidado personal y crianza de su padre. Fijó, además, un régimen de relación directa y regular, entre los niños y su madre, en los términos indicado en el resolutivo II. Por último, ordenó que cada parte pagara sus costas
                                 La parte demandante dedujo recurso de apelación.
                                 La parte demandada dedujo recurso de casación en la forma y apelación.
                                 Por resolución de cinco de diciembre del año recién pasado, se trajeron los autos en relación para conocer de todos los recursos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO:                Que el inciso primero del artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “No obstante lo dispuesto en los artículos 769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por la vía de la apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicio que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posible vicios sobre los cuales deberán alegar.”
SEGUNDO:             Que constituye vicio de nulidad formal, según lo señala el N°9 del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil: “En haber faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad”.
TERCERO:               Que consta en los presentes autos que don Eduardo A. G. S. dedujo acción de cuidado personal de los menores S. y D. G. F. en contra de Gabriela P. F. O.; que para la representación de los menores en dicho juicio no se designó curador ad litem; y, que, por su corta edad, no fueron oídos.
CUARTO:                Que atendida la naturaleza de la acción deducida, ésta debe ceñirse a los términos del procedimiento previsto en la Ley N°19.968  cumplir con ciertos principios rectores. En primer lugar, el previsto en el artículo 16, que dispone que:
“Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolecentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
El interés superior del niño, niña o adolecente y su derecho a ser oído, son principios basales que los juzgadores que actúen en materia de familia deben siempre considera de materia privilegiada y principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento.”
QUINTO:       Que en segundo lugar, el artículo 19 del mismo cuerpo de leyes, relativo a la representación del niño, niña o adolescente, señala que:
“Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.
El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos en que carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación.
La persona así designada será el curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el artículo 109 letra b) del Código Procesal Penal.
De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello...”
SEXTO:           Que en este caso, si bien los menores D. y S., de 4 y 2 años respectivamente, no podían ser oídos, - por su edad- sobre los hechos materia del juicio y, en especial, sobre qué situación les resultaba más conveniente en resguardo de sus intereses; cobraba entonces mayor relevancia que la sentenciadora procediera a la designación de una persona que actuara en su nombre y representación, ejerciendo la debida defensa de los menores, pues los padres se mantuvieron en una posición antagónica, en la que expusieron y pretendieron acreditar sus intereses y no los de los menores, cuyo cuidado personal exigían para sí.
SEPTIMO:       Que la designación de un curador ad litem debió realizarse en la audiencia preparatoria, lo que no ocurrió, diligencia que era esencial, más aun si se considera que tanto en dicha audiencia que se celebró el día 11 de diciembre del año 2015, como en la de juicio de 31 de marzo de 2016, se discutió y decidió sobre el cuidado personal provisorio de los menores, sin que éstos estuvieran debidamente representados ni fueron escuchados, a través de su curador.
OCTAVO:      Que conforme a lo que se ha venido razonando, aparece que el órgano jurisdiccional, no adoptó las medidas necesarias para que los menores actuaran debidamente representados en el juicio, mediante el nombramiento de un curador ad litem, siendo éste, en concepto de esta Corte, un trámite o diligencia esencial, según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 19.968, en relación con los artículos 768 y 795 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo que en este último precepto, la enumeración de los trámites o diligencias esenciales, no tiene el carácter de taxativos.
NOVENO:     Que la omisión en que se ha incurrido en el juicio, ha causado un perjuicio a los derechos e intereses de los menores, sobre todo tratándose el de autos de un juicio de cuidado personal, ya que la decisión que en definitiva se adopte, sin duda, afectará su vida futura.
DECIMO:        Que el vicio ya señalado, amerita la anulación de la sentencia y de todo el procedimiento como se dirá en lo resolutivo; vicio que solo fue detectado en el estado de acuerdo y por este motivo, no se llamó a los abogados que concurrieron a estrados a alegar sobre este punto.

                        Por estas consideraciones citas legales y lo dispuesto en los artículos 186, 766, 768 y 798 del Código de Procedimiento Civil y 66 y 67 de la Ley 19.968, se declara que:
A.- Se invalida de oficio la sentencia de veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, la que se invalida, así como todo el procedimiento, retrotrayéndose la causa al estado previo a celebrar la audiencia de preparación de juicio, a la que deberá convocarse al curador ad litem de los menores S. y D. G. F., que al efecto se designe.
B.- Atendido lo resuelto en forma precedente, se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación y apelación deducidos por la parte demandada y la parte demandante.
Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.
Regístrese y comuníquese. Familia N°3113-2016.-
Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas
M., Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Hector Mery R. Santiago, trece de abril de dos mil diecisiete.



miércoles, 3 de mayo de 2017

Proyecto de ley que establece un Sistema de garantías de los derechos de la niñez. Aprobado en primer trámite en Cámara de Diputados

Proyecto de ley que establece un Sistema de garantías de los derechos de la niñez
Boletín 10.315-18
Aprobado en Sala por la Cámara de Diputados el 2 de mayo de 2017
En discusión ahora en el Senado de la República

Dejo link al texto aprobado ayer.

martes, 4 de abril de 2017

Los proyectos de ley que ponen fin a Sename y crean dos nuevos Servicios


En la tarde de hoy el Ejecutivo ha ingresado a trámite parlamentario en el Senado los dos proyectos de ley que ponen fin a Sename y crean dos nuevos servicios:
1) Boletín N° 11.174-07: Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica.
2) Boletín N° 11.176-07: Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y Modifica normas legales que indica.

Los dejo aquí -en una versión adaptada- y en días posteriores subiré comentarios y el consecuente debate.

jueves, 9 de marzo de 2017

Boletín Actualidad Familiar N° 3


A fines de enero se publicó el N° 3 del Boletín Actualidad Familiar, del Programa de Derecho de familia e Infancia de la Facultad de derecho de la Universidad de Chile, dirigido por el profesor Cristián Lepin, quien gentilmente me invitó a escribir comentando el proyecto de ley sobre defensoría de la niñez en trámite en el parlamento.

Dejo aquí el documento

viernes, 27 de enero de 2017

El autónomo derecho de una nieta a una relación directa y regular con su abuela. Comentario al fallo de Corte Suprema, 19 de diciembre de 2016, rol Nº 46.451-2016 (Crisóstomo con Quintana)

El autónomo derecho de una nieta a una relación directa y regular con su abuela.
Comentario al fallo de Corte Suprema, 19 de diciembre de 2016, rol Nº 46.451-2016 (Crisóstomo con Quintana)
Francisco Estrada V.



Este fallo es muy interesante por tres o cuatro razones. A modo de introducción, se trata de una abuela paterna demandando relación directa y regular con su nieta. La nieta está al cuidado personal de su madre y el padre tiene un régimen comunicacional propio. La demanda  es acogida por el Juzgado de Familia de Chillán pero la Corte de Apelaciones de Chillán revoca dicha sentencia en muy pobre fallo (5 considerandos de 3 líneas cada uno, una endeble concatenación argumentativa, un error grave de interpretación de una norma legal) y es la Corte Suprema la que por unanimidad corrige el error, acoge la casación y dicta sentencia de reemplazo estableciendo un régimen comunicacional.

En primer lugar, se razona muy integralmente respecto de la naturaleza del derecho de relación directa y regular de un nieto con sus abuelos conforme la actual regulación, post reforma de junio de 2013:
“Pues bien, a diferencia del régimen referido a los padres, respecto de los abuelos, la relación directa y regular no es un derecho-deber que se le atribuye a estos últimos, sino que se reconoce explícitamente como un derecho radicado en los hijos, y no en aquellos, pero tampoco un deber, sino más bien una prerrogativa que le asiste a los nietos.”
Este argumento se soporta en cuatro distintas líneas: un análisis de la jurisprudencia previa a la reforma de la Ley Nº 20.680, un análisis del principio del interés superior del niño, una distinción entre el régimen del nuevo artículo 229 del código Civil respecto de los padres y del art- 229-2 respecto de los abuelos, y un examen de la historia fidedigna de la norma según la discusión en el Congreso.
Como se ve, es un robusto fundamento el que se presenta, especialmente valioso porque es uno de los pocos fallos –y seguramente el más relevante- en que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el nuevo artículo 229-2.

En segundo lugar, considero valioso el análisis del interés superior del niño. Reitera esa idea de numerosos fallos sobre lo indeterminado del principio (que aparece por vez primera en el fallo del 2004 de la Corte de Santiago de redacción de la abogado integrante profesora Paulina Veloso) pero lo complementa con la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos del Niño de NU y su idea de la triple dimensión:
“Uno de ellos, sin duda, es el denominado principio del interés superior del niño, el cual no obstante manifestarse expresamente en varios textos legales, corresponde a una noción que excede los contornos de las normas jurídicas clásicas, pues se trata de un concepto extenso que se establece de manera compuesta, abarcando tres perfiles, a saber: como derecho, como principio y como norma procesal (así lo plantea la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas), esto significa que se le reconocen tres dimensiones prioritarias: una consideración sustantiva; un principio jurídico interpretativo fundamental; y una fórmula procesal que obliga a estimar las posibles repercusiones de cada decisión, antes de ser adoptada.
Y luego, en el considerando 9º, el fallo utiliza el principio, en su segunda dimensión,  para corroborar el carácter autónomo del derecho de la nieta.

En tercer lugar, hay un párrafo en el considerando 4º con un contenido muy profundo, que se relaciona indirectamente con la cuestión a decidir pero que enriquece la mirada jurisprudencial sobre el derecho de familia chileno:
“Que nuestro ordenamiento jurídico, en materia de familia, tiene como elementos informadores una serie de principios incorporados tanto por vía de convencionalidad internacional, como por medio de legislación interna, formando un entramado normativo que configura el derecho de familia como una rama compleja, puesto que al regular, principalmente, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de aquella, mixtura contenidos de orden público con otros de órbita meramente privada, pues tutela bienes jurídicos que al Estado le parecen caros y relevantes para la estructuración de la sociedad.”

Y finalmente, un cuarto punto a relevar y que justifica el título de este comentario, se encuentra en el considerando 8º, donde se configura el derecho de la nieta respecto de una relación directa y regular con su abuela como un derecho autónomo del que pueda existir respecto de otros actores, como el padre en el caso de autos:
“Que, sin embargo, con el actual texto del artículo 229-2 del Código Civil, la relación directa y regular de los abuelos con sus nietos se escinde del marco del derecho-deber de los padres, configurándose como un derecho autónomo cuya titularidad le corresponde a los hijos, con el fin de garantizar el vínculo con sus ascendientes.”


En fin, un fallo de la Corte Suprema que a partir de una norma reciente de nuestro derecho de familia configura un marco interpretativo a la luz de normas de derecho internacional y nacional y de nuestra jurisprudencia.

domingo, 18 de diciembre de 2016

Proyecto de ley que establece sistema de garantías de los derechos de la niñez


Dejo el texto aprobado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y que debe ser aprobado aún por la Sala de la Cámara. 

Pasó de un muy mal proyecto ingresado a un proyecto simplemente malo o regular.

1. Sigue sin financiamiento. En una curiosa técnica legislativa se construyen una serie de derechos nuevos pero nada se dice del cómo; se supone que hay que esperar que en un proyecto posterior se creen las instituciones que los hagan posibles.
P. ej. obsérvese  el artículo 38.
"Artículo 38.- Asistencia jurídica. Todo niño tiene derecho a contar con la debida asistencia jurídica de un abogado para el ejercicio de sus derechos, en conformidad a la ley."
Es, sin dudas, un derecho nuevo y muy necesario en especial para niños y niñas internados, como Lisette y Alan. Pero nada se dice de cómo el Estado de Chile piensa cumplir esta declaración.

2. La ambigüedad se incrementa respecto de la novedosa protección administrativa que queda sin ningún perfil claro ni siquiera una entidad pública responsable.

3. Y, lamentablemente, se mantiene un cúmulo de normas redundantes que repiten la Convención sobre los derechos del niño, y no la avanzan o amplían; y normas que no enlazan adecuadamente con normas hoy vigentes en nuestro sistema (educación y salud p.ej.)

El informe completo pude ser revisado acá en el link

martes, 15 de noviembre de 2016

Estrada. La ilusión de la protección. Video para Sextas Jornadas Antiestigma

Hace un par de semanas se realizaron en Concepción, las Sextas Jornadas Antoestigma, “Desestigmatización de la infancia”, y uno de sus organizadores, Rafael Dresdner me invitó a participar pero por razones laborales no pude assitir. En tal caso, Rafael me propuso enviarles un video para motivar el trabajo en grupos. Dejo aquí, entonces, este video en que expongo brevemente algo del problema de la ilusión de la protección en su estado actual.

lunes, 24 de octubre de 2016

Presentación ante Contraloría por parte de abogados Alberto Precht R. y Francisco Estrada V,

Solicita pronunciamiento sobre legalidad de actuaciones y del uso de establecimientos penitenciarios y de recursos públicos, por parte de Gendarmería de Chile, en programas de televisión tales como “Nadie está libre” y “Alerta máxima”, entre otros.

La Segunda en su editorial del jueves pasado se refirió a esta presentación y al actual ilegal de Gendarmería. Dejo abajo dicha editorial.




jueves, 13 de octubre de 2016

I Congreso Internacional sobre Justicia Penal Adolescente


Hace una semana tuve el honor de ser invitado a cerrar el I Congreso Internacional sobre Justicia Penal Adolescente, realizado en Talca y organizado por la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, con la participación de las distintas instituciones públicas y privadas del sistema. Agradezco enormemente la invitación y la oportunidad de conocer el estado actual de funcionamiento del sistema en la región del Maule. Dejo aquí la nota publicada en la web institucional de Sename. Espero subir luego mi ppt de apoyo, como es mi costumbre.

“En el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Chile se realizó el primer “Congreso Internacional de Justicia Penal Adolescente: Análisis y desafíos en su ejecución”, instancia que reunió a cerca de 180 asistentes y que contó con expositores nacionales e internacionales.
El objetivo del congreso fue reflexionar acerca de la ejecución y aplicación práctica de la normativa sobre responsabilidad juvenil en Latinoamérica, a la luz de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como así también aportar soluciones constructivas a sus problemas.
El primer día de exposición comenzó a cargo de Jean Schmitz, ex director del Instituto Latino Americano de Prácticas Restaurativas, cuya ponencia se llamaba “Leyes, penas y cárceles, ¿cuánto sirve para la seguridad ciudadana?”. Posteriormente fue el turno de Andrés Rivera, consultor internacional de Derechos Humanos e Identidad de Género, quien presentó “Principio de no discriminación de niños, niñas y adolescentes, y la identidad de género en el cumplimiento de sanciones”, finalizado con Francisco Maldonado, subdirector del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, con la exposición “Propuesta para un modelo de reacción penal adolescente”.

El segundo día estuvo marcado por una mesa de debate, moderada por Roberto Navarro, magistrado del Tribunal de Garantía de la capital del Maule, quien fue tomando los tiempos entre José Luis González, fiscal del Ministerio Público de Talca, versus Roberto García, otro magistrado del Tribunal de Garantía de la ciudad. Posterior a esta discusión, realizó su presentación Esteban de la Torre, coordinador del área jurídica del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Organización de Estados Americanos (IIN – OEA), sobre la ley de responsabilidad penal adolescente y su “ejecución en materia internacional”. 

El congreso finalizó con el ex director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Francisco Estrada, quién materializó su intervención con “La ejecución penal juvenil y sus desafíos para los actores del sistema”.
Jean Schmitz destacó la importancia de cuestionar el sistema y ver la factibilidad de generar cambios para un mayor beneficio. “Sentí una gran motivación e interés en el tema de justicia juvenil y tener la oportunidad de hablar del enfoque restaurativo”, indicó.
Por su parte, Paula Valenzuela, docente de la Universidad Autónoma de Chile, expresó que “la coordinación que se dio entre la Universidad Autónoma de Chile, Sename, Defensoría Penal Pública y el juzgado de Garantía – Judicatura adolescente, fue muy importante para levantar este primer congreso internacional, que sin lugar a dudas viene a plasmar un debate en la aplicación de la responsabilidad penal adolescente. En ese sentido el ejercicio sirvió para conocer otras realidades de la región”.

Para finalizar el congreso, Ana Cecilia Retamal, directora regional del Sename Maule, destacó la convocatoria alcanzada y el nivel de los exponentes. “Nos acompañaron hoy más de 150 profesionales de distintas instituciones colaboradoras del Sename en el área de justicia juvenil, lo que sin dudas demuestra el compromiso de dichas instituciones por perfeccionarse en conocimientos y nuevas formas de abordar los casos con jóvenes que han infringido la ley”, dijo.”

martes, 11 de octubre de 2016

Comité de Derechos del Niño General comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children's rights

En julio de este año el Comité de Derechos del Niño aprobó su última Observación General sobre presupuesto público y realziación de los derechos del niño. Aún está sólo la version en inglés pero dada la coyuntura considero necesario subirlo acá