jueves, 16 de octubre de 2014

Entrevistado en radio Duna por condena a cura O' Reilly: “Es una muy buena noticia la credibilidad que le da el tribunal al relato de la niña”

Polo Ramírez, de Radio Duna, me entrevistó ayer sobre el veredicto de condena contra el cura O’Reilly. Pueden descargar el audio del programa haciendo clik aquí o sobre la imagen de abajo. 
El veredicto puede descargarse desde el sitio del poder judicial.
(Corrección: Lo bajaron) 

Sin duda, lo más relevante de la primera lectura del veredicto es el énfasis puesto por el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal en el relato de la niña víctima de abusos reiterados. El relato es consistente con otras pruebas del proceso y fue adecuadamente recibido, luego dela develación, por la madre y la psicóloga, según acredita el CAVAS. 


miércoles, 15 de octubre de 2014

Fundación Sur Argentina: El Nuevo Código Civil: Ilusiones perdidas o cómo podemos evitar borrar con el codo lo sancionado con la mano

“Los Estados partes no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones.  Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad” Comité de los Derechos del Niño (2009)

 “No solo la edad viril, sino también la juventud y la infancia, tienen valor en sí, y no deben apreciarse solamente como transiciones y pasajes…” Friedrich Nietzsche, Humano demasiado humano

Desde que en 1989 la Asamblea de Naciones Unidas votara la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha sucedido un cambio radical en la observancia de los derechos de la niñez y la adolescencia. Un cambio de paradigma que habilitó en la agenda de los Estados y en los diferentes organismos públicos y privados, una nueva forma de interactuar con este colectivo. En este sentido, cobró relevancia el reconocimiento del derecho del niño a ser oído  y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto quiere decir que, a medida que el niño comprende los actos, debe primar su voluntad  por sobre la de la los adultos. Al respecto, es clara la Observación N° 12 del Comité de los Derechos del Niño cuando “hace hincapié en que el artículo 12 de la Convención no impone ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan, en particular en todo procedimiento judicial o administrativo.  A ese respecto, el Comité subraya que el concepto del niño como portador de derechos está firmemente asentado en la vida diaria del niño desde las primeras etapas…”.  Por lo tanto, el nuevo Código Civil debe guiarse por estas premisas.

El Nuevo Código Civil: la incapacidad de ejercicio en el centro de la cuestión
La Convención de los Derechos del Niño incorporada en nuestra Constitución en 1994 y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 son enérgicas al establecer que las personas menores de edad son consideradas sujetos de derechos y ya no objetos de protección o incapaces.  Así pues, es el concepto de autonomía el que debe prevalecer y no una edad cronológica que fije a priori la capacidad/incapacidad para decidir sobre los actos en los que se verá involucrado el niño. Sin embargo, a lo largo del nuevo Código se aprecia un criterio mixto entre capacidad progresiva según el discernimiento real del niño en el caso concreto y un sistema de presunciones de capacidad, dispuestas a edades prefijadas.  En esta línea, por ejemplo, el artículo 26 establece la edad de 13 años para consentir tratamientos médicos no invasivos, pero para tratamientos invasivos establece la edad de 16. Es decir que, para actos civiles trascendentes, el límite no parece  ser el de los 13 años. No obstante, en otras de sus disposiciones para actos de suma importancia, como consentir la adopción, se establece la edad de 10 años, aunque el niño es parte en el proceso solo si tiene edad o grado de madurez, abriendo en este caso la posibilidad de que la decisión sobre la capacidad o incapacidad quede a discrecionalidad del órgano judicial y privando al niño de formular sus opiniones sobre los efectos que tendrá  su adopción.
Asimismo, en cuanto a conflicto entre los padres y el niño sobre un tratamiento médico, se retoma el concepto de “interés superior del niño”, noción que ha sido particularmente funcional para la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de patronato. Por tal motivo, en materia de salud, el Comité de Derechos señala que es necesario que los Estados introduzcan leyes o reglamentos para garantizar el acceso de los niños al asesoramiento y consejo médico confidencial sin el consentimiento de los padres, independientemente de la edad del niño.  Es necesario que los niños tengan ese tipo de acceso, por ejemplo, en los casos en que estén experimentando violencia o maltrato en el hogar o necesiten educación o servicios de salud reproductiva, o en caso de que haya conflictos entre los padres y el niño con respecto al acceso a los servicios de salud.
La lógica esquizofrénica de excepciones a la incapacidad determinadas por el grado de desarrollo del niño o fijadas a una edad determinada es una constante en el nuevo Código, por lo que resulta necesaria una hermenéutica integral que incorpore las directrices del Comité y la ley nacional de infancia, garantizando así el estándar más alto en autonomía progresiva donde la capacidad del niño es considerada la regla, y la incapacidad la excepción que debe ser fundada y probada en cada caso particular.

El Abogado del Niño
El Comité de los Derechos del Niño señala que, para que el derecho del niño a ser escuchado y a participar sea efectivo y genuino, es necesario que este se entienda como un proceso, y no como un acontecimiento singular y aislado, evitando los enfoques meramente simbólicos que limiten la expresión de las opiniones de los niños o que permitan que se escuche a los niños pero no que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones. En esa dirección, resulta fundamental regresar al artículo 27 de la Ley 26.061 que establece la garantía del niño, sin fijar edad, de contar con un abogado con extensión a todos los supuestos en que se encuentren en juego sus derechos. Sin embargo, el artículo 26 del nuevo Código Civil, contradiciendo la normativa nacional e internacional y en una redacción confusa, parece condicionar el derecho de defensa técnica a la edad y grado de madurez suficiente del niño. De esta manera, se establece que en caso de conflicto de intereses con los representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Asimismo, cuando se trata de un proceso de adopción, se limita a reconocer el patrocinio jurídico bajo la condicionalidad de edad y grado de madurez (un absurdo cuando según el mismo Código señala que a partir de los 10 años el niño debe brindar su consentimiento y a partir de los 13 iniciar una acción para conocer los orígenes).

Cómo interpretar el Nuevo Código para evitar el fraude de etiquetas o declamaciones banales
Ningún adulto se animaría a reconocer que un niño es incapaz, por ejemplo, para la utilización de las nuevas tecnologías, aunque ese reconocimiento tampoco abogue defender una relación de autonomía absoluta o indiferencia hacia ese niño, antinomia falsa con la que podemos estar contaminando un debate en el que lamentablemente, a diferencia de otros, sus protagonistas  en pocas oportunidades son llamados a participar.

Es evidente que para lograr aplicar verdaderamente los derechos del niño se vuelve necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales y muchas prácticas y actitudes inveteradas que actualmente inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados y accedan a la participación en todos los asuntos que los afecten.  Por lo tanto, siguiendo nuevamente al Comité de Derechos, ese objetivo exige preparación para hacer frente a los prejuicios acerca de la capacidad de los niños y estimular la creación de entornos en que los niños puedan potenciar y demostrar su capacidad.  Exige además un compromiso para destinar recursos e impartir capacitación. En consecuencia, resultará exigible leer el Nuevo Código Civil a la luz de la ley 26.061 y los principios constitucionales, obligaciones que supondrán además un desafío para los organismos del Estado, para la comunidad y para las familias.


lunes, 13 de octubre de 2014

Clase de prof. Andrea Millán sobre Justicia de familia y el Consejo técnico.

Dejo aquí la clase del sábado pasado del Curso de Postítulo del Departamento de Psicología de la U. de Chile, dada por la profesora Andrea Millán Hernández, psicóloga y consejera técnica del 2ª Juzgado de Familia de Santiago, sobre Justicia de familia y el Consejo técnico.



jueves, 9 de octubre de 2014

Las aventuras de Peabody, Sherman y el derecho de familia

El derecho de familia está en todas partes. Como profesor de derecho de familia enseño a mis alumnos y alumnas que por dónde miren (conversaciones, diarios, series del cable, cine, tv nacional, noticiarios, matinales, ¡farándula!) se aparece el derecho de familia (DF en adelante). Y de tanto decirlo a otros, se me comenzó a aparecer y a distraerme en medio de las series del canal Sony o de HBO, en las letras de las baladas italianas, por supuesto en Dylan, y sobretodo últimamente, en las películas que veo con mis hijos.

En Las aventuras de Peabody y Sherman, el tema es evidente: la adopción y la evaluación de cuidado personal. Pero incluso bajo ese tema, que es el centro del conflicto, corre en el centro de esa tensión, otro subtema: el conocimiento de los expertos versus las familias e, incluso, frente al poder.
La experta es la srta. Grunion, la profesional (¿psicóloga? ¿trabajadora social?) que declara inhábil al Sr. Peabody como padre porque, claro, es un perro.
La srta. Grunio ve lo que quiere ver, lo que puede ver. Pero, como numerosos estudios lo denuncian, parte el proceso con la decisión tomada y construye la visita a la casa como un instrumento que simplemente confirme su prejuicio.
Recuerdo particularmente este subtema a propósito del comentario del psicólogo Alejandro Reinoso, el pasado viernes, en el lanzamiento del libro de Matías Marchant y la tribu de la Casa del Cerro, sobre acompañamiento a niños institucionalizados. Alejandro Reinoso reflexionaba sobre cómo creábamos estos universitarios expertos que eran quiénes trazaban el límite que hacía hábil, o no, a un padre, o madre.
La srta. Grunion ni siquiera le va a hacer caso al presidente de EE.UU., y van a ser necesarios 4 presidentes para doblegar su decisión. La srta. Grunion, como Kurtz, como Osama, son monstruos creados desde el corazón del sistema, que muy luego, se desatan y ellos desatan una dinámica propia que ni el propio poder logra someter. Y ahí va Sename tras los DAM, tras los profesionales de OPD o de hogares y centros que van repartiendo etiquetas de inhabilidad o de incompetencia parental, sazonadas con jerga que pretende inteligir a Barudy –Barudy sin Barudy, le llamo a ese mecanismo discursivo- y que alejan a esos padres porque, claro, son perros, es decir, malos padres, con problemas incontables, son agresivos, maleducados, hostiles, insinceros, impuntuales, uf.

De ahí que en la película la defensa final de Sherman es que él también es un perro. Y luego la escena cita a Espartaco, donde todos somos perros. La película cita en ese punto culmine a la declaración de independencia de EE.UU. (la obra que refuta espléndidamente eso de que nada bueno sale del trabajo de una comisión), lo que, desde el DF, nos permite recordar que en el centro del debate se encuentran derechos fundamentales, no meramente cuestiones procedimentales. Ser perros, entonces, y pese a la opinión de los expertos, no impide ser padres, o madres. Sherman es quien vence a la srta. Grunion. Todo un final feliz. 

jueves, 2 de octubre de 2014

Fallo de Corte de Santiago sobre entrega inmediata y cuidado personal

Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de agosto de 2014, rol Nº 1570-2014.
  
Santiago, veinticinco de agosto de dos mil catorce.
            Al escrito folio 408666; téngase presente.
VISTOS Y TENIENDO ÚNICAMENTE PRESENTE:
1°) Que el demandado Jhonny A. S. J. apela en contra de la sentencia dictada en audiencia de tres de julio del año en curso por el Centro de Medidas Cautelares de esta ciudad y por la que se le ordenó proceder a la entrega inmediata de sus hijos Catalina y Fabián, ambos S. O., a su madre doña Paulina O., porque considera que lo resuelto por el a quo vulnera lo dispuesto en el artículo 225 del Código Civil, toda vez que no se habría considerado que los niños están a su cargo desde hace más de 5 meses;
2°) Que la decisión del tribunal se fundó en la circunstancia de haber sido reconocido por el padre en la audiencia respectiva que había iniciado los trámites para obtener el cuidado personal de los niños de lo que se desprendería el reconocimiento tácito de no detentarlo;
3°) Que el artículo 71 de la ley 19.968 consagra la facultad del juez de familia de adoptar alguna de las medidas cautelares especiales que en él se indica, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, destacando en su letra a) la de disponer la entrega inmediata del menor a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado. Se trata de una medida de protección de los derechos de los menores y su ámbito temporal deriva de la inminencia de la situación de vulneración a la que pretende atender, sin perjuicio del procedimiento posterior que se establece en los artículos siguientes para consolidar las situaciones que motivaron la cautelar. Se trata de situaciones de emergencia, lo que justifica que tales medidas puedan adoptarse incluso antes de existir un proceso y encuentran su sentido -particularmente la entrega inmediata- en la medida que puedan evitar los riesgos derivados de la tardanza, puesto que no escapa al concepto básico del periculum in mora que informa en general la potestad cautelar. Congruente con ello, el inciso final de la misma norma dispone que “en ningún caso la medida cautelar decretada en conformidad a este artículo podrá durar más de noventa días”;
4°) Que, en la especie, no es posible soslayar el hecho que, conforme fuera expuesto en dicha audiencia por el padre demandado, en la especie los niños están viviendo junto a su progenitor desde hace más de cuatro meses, cuestión que es incluso reconocida por la madre quien en su constancia de junio del año en curso ante Carabineros, manifestó que hace dos meses los niños estaban viviendo con éste; como tampoco el hecho que el padre ha agotado la instancia previa de mediación con la finalidad de demandar el cuidado personal de los niños;
5°) Que el artículo 16 de la ley 19.968 consagra el interés superior del niño, niña o adolescente como uno de los principios rectores que el juez debe tener en consideración en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento y, en el presente caso, la consideración de dicho interés aconseja mantener la situación existente hasta que se decida en definitiva a cuál de los padres corresponde el cuidado personal del hijo, atendida la actual redacción del artículo 225 del Código Civil, evitando las alteraciones que en su desarrollo pueden causar los sucesivos cambios en ese sentido;
5°) Que, en todo caso, lo decidido no implica un pronunciamiento respecto de las habilidades parentales de uno u otro litigante, ni obsta a que la madre haga uso de su derecho a mantener con los niños una relación directa y regular que el tribunal deberá regular provisoriamente, a requerimiento suyo.
Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 224, 225 y 229 del Código Civil y 9, 16 y 67 de la ley 19.968, SE REVOCA, sin costas, la resolución apelada de tres de julio del año en curso dictada en la causa RIT C-250-2014 por el Centro de Medidas Cautelares de Santiago y, en su lugar, se declara que se rechaza la medida cautelar de entrega inmediata de los niños Catalina y Fabián, ambos S. O. e impetrada por su madre doña Paulina O. C. Regístrese y devuélvase.
Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por  los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señora Dobra Lusic Nadal y  el Abogado Integrante señor Patricio Gonzalez Marin.


Fallo de Corte de Santiago sobre entrega inmediata y cautelar especial

Corte de Apelaciones de Santiago, 22 de mayo de 2014, rol Nº 446-2014.
Redacción de la ministra suplente Ana Cienfuegos Barros.
Tags: entrega inmediata, cuidado personal, medida cautelar especial

Santiago, veintidós de mayo de dos mil catorce.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1°) Que la parte de don Mauricio S. G. M., ha deducido apelación en contra de la resolución de catorce de febrero del año en curso, que dispuso la entrega inmediata de su hijo Mauricio C. G. R. a su madre, Macarena M. R. V. Como fundamento de su apelación controvierte algunas de las circunstancias que el tribunal tuvo en cuenta para resolver y hace presente diversas consideraciones relativas a la inhabilidad de la madre para asumir la crianza del hijo común;
2°) Que la decisión del tribunal se fundó en la situación existente al momento de adoptarla, básicamente lo declarado por la madre quien expuso haber dejado al menor al cuidado del padre hacía una semana por tener que realizarse un chequeo médico, luego de lo cual el padre le manifestó por correo electrónico que no se lo entregaría; lo informado por la Consejera Técnica; la inexistencia de registros sobre acuerdos relativos al cuidado personal del menor, y la inexistencia de argumentos a priori para estimar más beneficioso para el niño modificar la situación existente hasta ese momento en que el niño vivía con su madre;
3°) Que el artículo 71 de la ley 19.968 consagra la facultad del juez de familia de adoptar alguna de las medidas cautelares especiales que en él se indica, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, destacando en su letra a) la de disponer la entrega inmediata del menor a los padres o a quienes tengan legalmente su cuidado. Se trata de una medida de protección de los derechos de los menores y su ámbito temporal deriva de la inminencia de la situación de vulneración a la que pretende atender, sin perjuicio del procedimiento posterior que se establece en los artículos siguientes para consolidar las situaciones que motivaron la cautelar. Se trata de situaciones de emergencia, lo que justifica que tales medidas puedan adoptarse incluso antes de existir un proceso y encuentran su sentido -particularmente la entrega inmediata- en la medida que puedan evitar los riesgos derivados de la tardanza, puesto que no escapa al concepto básico del periculum in mora que informa en general la potestad cautelar. Congruente con ello, el inciso final de la misma norma dispone que “en ningún caso la medida cautelar decretada en conformidad a este artículo podrá durar más de noventa días”.   
En esa perspectiva, esta Corte no puede eludir la circunstancia de que el niño cuya entrega inmediata se dispuso a la semana de haber dejado de vivir con su madre, se encuentra de hecho viviendo hace más de tres meses con su padre, quien demandó para obtener su cuidado personal, procedimiento en el cual se dispuso mantener la situación fáctica en cuanto a que el cuidado personal provisorio le corresponde a su padre con quien convive, por atribución legal;
4°) Que el artículo 16 de la ley 19.968 consagra el interés superior del niño, niña o adolescente como uno de los principios rectores que el juez debe tener en consideración en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento y, en el presente caso, la consideración de dicho interés aconseja mantener la situación existente hasta que se decida en definitiva sobre a cuál de los padres corresponde el cuidado personal del hijo, evitando las alteraciones que en su desarrollo pueden causar los sucesivos cambios en ese sentido;
5°) Que, en todo caso, lo decidido no implica un pronunciamiento respecto de las habilidades parentales de uno u otro litigante, ni obsta a que la madre haga uso de su derecho a mantener con el niño una relación directa y regular que el tribunal deberá regular provisoriamente, a requerimiento suyo.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 224, 225 y 229 del Código Civil y 9, 16 y 67 de la ley 19.968, SE REVOCA, sin costas, la resolución apelada de catorce de febrero del año en curso dictada en la causa RIT C-80-2014 por doña Solange Diuana Eade, jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, preferente del Centro de Control de Medidas Cautelares de Santiago, y en su lugar SE DECLARA que se rechaza la medida cautelar de entrega inmediata de su hijo Mauricio C. impetrada por doña Macarena M. G. R.
Regístrese y devuélvase.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago,  presidida por la ministro señora María Soledad Melo Labra  e integrada por la ministro señora Ana Cienfuegos Barros y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. 

miércoles, 1 de octubre de 2014

4° y 5° Informe consolidado de Chile sobre aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, y sus Protocolos facultativos

Imagen de Ciper Chile
Ya está subido a la página del Comité de Derechos del Niño de NU (que penosamente sólo está disponible en inglés, cosa que es francamente discriminatoria y vulneratoria de derechos) el 4° y 5° Informe consolidado de Chile sobre aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, y sus Protocolos facultativos.

Una primera lectura evidencia, como primer rasgo central, un fuerte sentido de autocomplacencia en el reporte de Chile. Cuesta leerlo y no creer que estamos en otro país.
Un segundo rasgo, vinculado al anterior, es el desmedido uso de expresiones laudatorias sin evidencia que las sustente y expresiones equívocas que parecen cumplir con lo recomendado anteriormente por el Comité pero que escrutadas con atención no son correctas.
Un tercer rasgo, es que el texto está plagado de lo que viene (proyectos y planes) cuando lo que corresponde a un informe de este tipo, según las instrucciones que el Comité ha entregado a los estados es que contenga información sobre lo que ha ocurrido entre el anterior informe y el actual.

Dejo abajo el informe y expongo sólo algunos fragmentos (con numeración del párrafo en que aparecen) que sustentan mi primera lectura crítica de este informe.

Primer rasgo:
De partida, no van a encontrar ninguna referencia al informe de la Comisión investigadora ni a los graves problemas que la originaron. 

Preservación de la identidad (art. 8)
74. La Ley de Adopción vigente garantiza plenamente el derecho del niño a conocer sus antecedentes de origen una vez alcanzada su mayoría de edad. Para tales efectos, y en conformidad a lo establecido por el reglamento de la citada ley, SENAME desarrolla el Programa “Búsqueda de Orígenes”, destinado a orientar y a asesorar a quienes desean iniciar dicho proceso, a fin de evitar o minimizar el impacto de la ocurrencia de conflictos emocionales y colaborar en el eventual reencuentro con su familia biológica, si así lo requiere, velando por el derecho de esta a que se respete su privacidad.”

Nada se dice respecto de lo que ocurre con los niños durante sus paso por el sistema de protección, en especial de aquellos internados, donde no existe cuidado alguno en resguardar información que construye identidad como objetos, fotos, relatos, historia de vida, etc., todo aquello que el psicólogo Matías Marchant ha denominado “el olvido de la propia historia” (http://ciperchile.cl/2013/08/05/crisis-en-el-sistema-de-proteccion-de-menores-les-quitamos-a-los-ninos-su-historia-y-luego-los-borramos-de-la-nuestra/)
Violencia Intrafamiliar
181.   La Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar establece que el SERNAM es el encargado de formular anualmente un Plan Nacional de Acción para abordar la violencia intrafamiliar, en coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes. En enero de 2011, SERNAM convocó a diversos actores relevantes a participar en dos mesas de trabajo a fin de elaborar en conjunto el Plan Nacional 2011-2012, que cuenta con cuatro ejes temáticos (promoción, prevención, atención y protección) y cuatro ejes transversales (coordinación, investigación y estudio, capacitación continua y formación especializada, y seguimiento y evaluación).
182.   En materia de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, en 2007 SERNAM implementó 16 Casas de Acogida, que en 2011 aumentaron a 24, con presencia en todas las regiones del país. El objetivo de esta instancia es ofrecer protección temporal a mujeres (y a sus hijos) que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital, principalmente por parte de su pareja. La principal vía de ingreso es por derivación desde las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de las Fiscalías (74% de los ingresos en 2010). El primer trimestre de 2011 ingresaron 257 mujeres y 332 niños.
183.   Durante el año 2011, SERNAM (en convenio con Hogar de Cristo) implementó el piloto del programa Alerta Temprana, que busca prevenir y detectar oportunamente violencia intrafamiliar en los niños que asisten a los jardines infantiles que son parte de este piloto, incorporar en la formación elementos vinculados al buen trato, mejorar el conocimiento en violencia intrafamiliar de los establecimientos, y entregar a la comunidad local orientación e información sobre este tema. El programa se desarrolla a través de la intervención de una psicóloga que trabaja con la comunidad educativa (niños, apoderados, educadores y redes comunitarias cercanas).
184.   En materia de coordinación intersectorial, es importante mencionar el Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de homicidio o parricidio en el contexto de violencia contra la mujer, que fue firmado en 2009 por Carabineros, Ministerio del Interior, SENAME y SERNAM, y que ha permitido coordinar las acciones de protección de los hijos de mujeres víctimas, que se consideran víctimas colaterales.”
Nada se dice respecto de la denegación que realizan los tribunales de familia de Santiago al impedir el ingreso de causas por violencia intrafamiliar cuando sólo el niño es víctima y exigen que se tramite sólo el procedimiento proteccional.
Centro de Medidas Cautelares
185.   En 2007, con el objetivo de generar una instancia que resolviera con carácter urgente las medidas cautelares necesarias en causas de medidas de protección de niños y denuncias de violencia intrafamiliar, sin tener que esperar la realización de la audiencia que establece el procedimiento ordinario de familia, se creó en la Región Metropolitana un Centro de Medidas Cautelares, en que magistrados de los cuatro tribunales de Santiago concurran y tomen audiencias inmediatas, o resuelvan peticiones urgentes, derivando posteriormente los antecedentes al tribunal correspondiente.
A raíz del éxito de este Centro y con el objetivo de especializar a los jueces en materias de medidas de protección y violencia intrafamiliar, se creó en septiembre de 2010 por la Corte Suprema (Acta 135-2010), el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que opera bajo la dirección de un juez coordinador y con una administración propia, con la participación de tres jueces por cada tribunal de Santiago y con el objetivo de conocer los procesos de medidas de protección, infracción de ley y violencia intrafamiliar desde su inicio y hasta su cumplimiento por los mismos jueces. Este Centro ha permitido que se generen criterios comunes de tramitación, generando especialización en los magistrados en estas materias, para entregar justicia de calidad.”
Esta unidad ciertamente ha tenido logros positivos pero carece de una evaluación externa e independiente que permita hablar de “éxito”. Aun más, existen en su seno diversos problemas que no son visibilizados y que derivan en serias vulneraciones de derechos.
Segundo rasgo:
“405. Respecto a la recomendación N° 23 del Comité, en la que se indica que la venta de niños no está plenamente tipificada en la legislación penal chilena, y la recomendación Nº 70 relativa al 2do Informe Periódico, que recomienda armonizar la legislación con la Convención y el Protocolo Facultativo antes mencionado, es preciso mencionar que actualmente el ordenamiento jurídico prohíbe y sanciona el hecho penalmente, pero no en un sólo cuerpo normativo.”
Eso no es correcto. Nuestro ordenamiento actual, como el mismo texto reconoce más abajo sólo sanciona algunas hipótesis de venta. La Ley de Adopción, sanciona el tráfico para efectos de adopción internacional. La ley Nº 20.507 para efectos de explotación sexual. Pero esos casos en que la prensa ha informado que una joven vendía por internet a su recién nacido, como mostró la actuación de fiscalía, son atípicos, no se encuentran sancionados en nuestro ordenamiento penal.
“429. Si bien aún no se establecen tribunales de adolescentes en materia penal, los jueces de garantía, que conocen las causas de menores de edad, han desarrollado programas especiales de formación, y constantes cursos de actualización en conjunto con las distintas instituciones intervinientes. Se han organizado las audiencias de menores de edad en bloques especializados, con sectores de tránsito y personal definido para los imputados menores de edad, trabajándose paralelamente la implementación de salas especializadas en responsabilidad penal adolescente, llamadas salas RPA, con funcionarios permanentes y capacitados. Este proyecto se está llevando a cabo de manera piloto, en al menos 9 salas del país en la actualidad.”

Si algún consenso existe en la comunidad de expertos (el último informe de Unicef redactado por Nicolás Espejo es elocuente al respecto) es que nuestro sistema de justicia penal juvenil carece de especialización. No es correcto siquiera insinuar que ésta es una tarea cumplida por el estado de Chile.

“396. En la actualidad, SENAME y OIT se encuentran desarrollando la etapa preparatoria para la ejecución de un nuevo estudio de estimación de la explotación sexual comercial infantil, durante el año 2012.”

No se actualizó la información y ese estudio, hasta donde he sido informado, no se ha realizado y carecemos de estadísticas serias sobre este grave problema.

De las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana)

11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las definiciones siguientes:
a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley;
b) Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad.
13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad.
14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro de detención.

15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de detención de cualquier clase o tipo en donde haya menores privados de libertad. Las partes I, II, IV y V de las Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de internamiento en donde haya menores detenidos, en tanto que la parte III se aplica a menores bajo arresto o en espera de juicio.

martes, 30 de septiembre de 2014

Invitación a lanzamiento de libro "Vínculo y memoria: acompañamiento terapéutico con niños internados".

He recibido una invitación que estimo necesario compartir. Este viernes a las 19:30 hrs. en Casa de la Ciudadanía Montecarmelo, Bellavista 0594, se lanza el libro "Vínculo y memoria: acompañamiento terapéutico con niños internados". El libro, de la  editorial cuarto Propio, ha sido escrito por Matías Marchant en colaboración con otras personas que actualmente forman parte del equipo del Programa de acompañamiento familiar y procesos de desinternación de niños que financia la Fundación San Carlos de Maipo.

El conjunto de trabajos que se reúnen en el libro son la síntesis de la experiencia acumulada y sistematizada desde el año 2008 cuando Casa del Cerro comenzó a realizar el trabajo de acompañamiento terapéutico con niños institucionalizados y que fue lo que posteriormente dio origen a la idea de un acompañamiento a las familias. 


Comparto con uno de los autores que el libro puede nutrir y entregar una mirada y reflexión novedosa a las políticas de protección residencial. 

Presentarán el libro Estela Ortiz, Manuel Guerrero y Alejandro Reinoso.


jueves, 25 de septiembre de 2014

Mi columna en El Quinto Poder: La exhortación del ministro Muñoz



“Esta presidencia abrió los espacios para que la ciudadanía exprese sus inquietudes”. Así comienza la carta en que el presidente de la Corte Suprema realiza una serie de exhortaciones y proposiciones sobre la atención a niños, a jueces de garantía, orales y de familia (¿el resto de los tribunales –las Cortes incluidas- no ven acaso juicios donde hay niños involucrados?).
A primera vista, no habría sino que aplaudir una iniciativa tan sensible a los derechos de los niños en el sistema de justicia. En especial si se considera que las palabras del ministro Muñoz surgen luego de una reunión sostenida con un grupo de siete niños que conforman un consejo asesor del Sename.

Pese al aparente avance que representa esta carta considero impropia la reacción del ministro Muñoz y un debilitamiento de los derechos del niño, por al menos tres razones de distinta índole.
La primera es que en el estado actual de la infancia en el sistema de justicia -una de cuyas dimensiones, la infancia internada, ha ameritado una comisión judicial interna y luego una comisión investigadora parlamentaria-, las materias objeto de las reflexiones personales del ministro Muñoz no necesitan sensibilidades, dibujitos, climas, etc. que ameriten la exhortación benevolente del presidente de la Corte Suprema.  De lo que se trata, en cambio, en el estado actual, es de tomarse en serio los derechos de los niños y esta carta no lo hace. Tomarse en serio los derechos significa hablar en un lenguaje que un jurisdicente de tan larga trayectoria en el sistema de justicia como el sr. Muñoz conoce con largueza: el lenguaje de  los derechos exigibles por sujetos de derechos.
Lo que “esta presidencia” –el inicio acentúa peligrosamente el protagonismo del autor- hace es una cosa muy distinta. Exhorta a los jueces para que concedan graciosamente algunas cuestiones. Los invita. Les hace recomendaciones. Les da ejemplos. Nada de eso pertenece al lenguaje de los derechos. Los derechos de los niños no avanzan un centímetro con exhortaciones como las contenidas en la carta del ministro Muñoz
Los derechos fundamentales, en una tradición de hace más de doscientos años, constituyen una técnica de limitación de los poderes, no en concesiones graciosas que éstos realizan. Cuando hablamos de derechos de los niños no estamos queriendo usar una metáfora. Estamos indicando que hay obligaciones que recaen sobre todos los agente estatales, muy principalmente sobre los tribunales. Muchas de esas obligaciones son ciertamente aludidas en los cinco puntos de la carta del ministro Muñoz pero no en su carácter de derechos sino de inquietudes personales que “esta presidencia” quiere compartir.
En segundo lugar, el mecanismo elegido -una carta abierta- es impropio del rol del que él está investido. Un camino regular, respetuoso del carácter de derechos de las cuestiones involucradas y del rol que posee el presidente de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento, es llevar este asunto al pleno y proponer un instructivo o un auto acordado. Ese fue el camino seguido por la Suprema Corte de Justicia de México que junto a la oficina local de Unicef trabajaron un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes que fue hecho público en febrero de 2012.[1] Una carta abierta no existe en el repertorio del derecho judicial.
En tercer lugar, es curioso –aunque no inexplicable- que el ministro presidente del máximo tribunal del país no elija para iniciar una nueva política de atención a la infancia el espacio más cercano a él, el de su propia corte. En lo que va de este año no creo que sean más de 3 o 4 las causas de derecho de familia (recursos de casación generalmente) acogidas por la Corte Suprema. ¿En los diversos fallos de la Corte hay una especial consideración al derecho a ser oído contemplado tanto en el artículo 12 de la Convención de derechos del niño como en el art. 16 de la Ley de Tribunales de Familia?¿Hay un espacio idóneo para la espera de niños en la Corte Suprema del que no nos hemos enterado?
Finalmente, reaccionar a una reunión con siete niños es un gesto encomiable. Pero hace cuatro años que un equipo investigador de la Universidad Diego Portales exhaustivamente documentó las serias vulneraciones al derecho de los niños y niñas a ser oídos en los tribunales de familia. La reacción del máximo órgano jurisdiccional si es que la hubo no se conoció.

Tomarse en serio los derechos de los niños exige más que cartas abiertas que compartan reflexiones personales aunque éstas provengan del presidente de la Corte Suprema.



[1] Disponible en http://tinyurl.com/lhflbdo

martes, 23 de septiembre de 2014

Presidente de la Corte Suprema envía carta a jueces del país con planteamientos recibidos en reunión con niños de consejo asesor del Sename

Como parte de los compromisos de esa reunión, el Presidente Muñoz envió una carta a los jueces de Garantía, de Juicio Oral en lo Penal y de Familia del país, compartiendo así el análisis que los niños integrantes de esta instancia hacen de la labor de los tribunales.

"Teniendo claridad sobre el empeño, responsabilidad e interés con que ejercen sus funciones las juezas y jueces de nuestro país, el que reconozco y destaco, me parece de gran interés compartir con ustedes esos planteamientos, los que nos permitirán a todos, a lo menos, reflexionar", explicó el ministro Muñoz.
 Los cinco puntos resumidos por el presidente de la Corte Suprema son:
1.- Privacidad de la entrevista. La conversación con los jueces y otros profesionales, se realice en un ambiente de privacidad, tanto en los tribunales como en cualquier otro lugar, procurando que este espacio sea amigable;
2.- Entrevistador único y profesionalmente especializado. Respecto de todo hecho que les pueda afectar en su desarrollo o indemnidad se lleve adelante por una sola persona o con su presencia, puesto que se genera confianza y afecto, sin preguntar inmediatamente sobre la experiencia traumática vivida, dándose el tiempo suficiente para escuchar, evitando que la entrevista sea realizada ante los padres, pues les da vergüenza;
3.- Derecho a ser oído. En los temas que les puedan afectar se les exprese con algún  detalle su situación, luego se les escuche y considere efectivamente su opinión, comunicándoles y explicándoles la decisión que se adopte a su respecto;

4.- Trato digno y respetuoso. Los jueces, profesionales y funcionarios puedan tratarlos amigablemente, con un lenguaje cercano, claro y sencillo, asegurándose que han comprendido todo lo que se les señala, y
5.- Son niños. Cuando deban esperar se cuente con dependencias, juguetes, útiles u objetos que les permita entretenerse y olvidar, por unos instantes, la razón por la cual están concurren al tribunal.
"Les comparto tales inquietudes y espero las puedan considerar en su arduo trabajo diario", concluye la misiva del presidente de la Corte Suprema.

Fuente: Poderjudicial.cl
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Pese al aparente avance que representa esta carta considero impropia la reacción del ministro Muñoz.
No se trata aquí, como se colige de la lectura de la carta, de sensibilidades, dibujitos, climas, etc. que ameriten la exhortación benevolente del presidente de la Corte Suprema.  De lo que se trata es de tomarse en serio los derechos de los niños y esta carta no lo hace. Tomarse en serio los derechos significa hablar en un lenguaje que un jurisdicente como el sr. Muñoz conoce con largueza: el lenguaje de  los derechos exigibles por sujetos de derechos.
Lo que “esta presidencia” –así comienza la carta- hace es una cosa muy distinta. Exhorta a los jueces para que concedan graciosamente algunas cuestiones. Los invita. Les hace recomendaciones. Les da ejemplos. Nada de eso pertenece al lenguaje de los derechos. Los derechos de los niños no avanzan un centímetro con exhortaciones como las contenidas en la carta del ministro Muñoz


lunes, 22 de septiembre de 2014

Inédito: Tribunal ordena medida de protección para joven lesbiana discriminada por sus padres

"El Juzgado de Familia de Santiago determinó que una joven de 17 años viva con su abuela hasta cumplir la mayoría de la edad, tras brutal discriminación propinada por sus padres. La lucha fue dada por la abuela de la joven, con la asesoría de Movilh. El organismo aplaudió “el amor y valentía de la abuela”.
El Juzgado de Familia de Santiago dictó una inédita medida precautoria a favor de una estudiante de 17 años que fue agredida en razón de su orientación sexual por sus padres, determinando que la joven viva con su abuela hasta cumplir la mayoría de edad, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El conflicto se originó el pasado 14 de septiembre cuando los padres descubrieron la orientación lésbica de su hija. Las agresiones psicológicas se tradujeron en insultos verbales en razón de la orientación sexual y el llamado a que se sometiera a tratamientos médicos para “mejorarse”. Acto seguido, la despojaron de su celular, de sus llaves, de conexión a internet, le impidieron contacto con cualquier otra persona, fuesen familiares o amigos, y la encerraron en su pieza, ubicada en el cuarto piso de un edificio.
“La abuela de la joven se contactó con nosotros, pidiendo ayuda. Estaba muy preocupada, pues sabía que los padres de la menor habían salido a trabajar, dejando encerrada a su nieta. Además, nadie le contestaba el teléfono. Por esa situación, la asesoramos y fuimos juntos al Juzgado de Familia”, explicó el activista del Movilh, Rolando Jiménez.
Añadió que “en el Juzgado originalmente la funcionaria de turno se negó a recibir la denuncia, recomendando a la abuela que esperara a que su nieta cumpliera 18 años. Eso la angustió más, por lo que exigí hablar con un superior y felizmente, luego de varias horas, el caso fue analizado por una jueza. En ese mismo momento logró corroborarse que era imposible contactarse con la menor y que sus padres no contestaban el teléfono”.
En la ocasión, el tribunal facultó a la abuela para llevar a la comisaría un documento donde se instruyó a carabineros a asistir al domicilio de la menor y a citar a la joven y a sus padres al juzgado. A la par, el tribunal envío los antecedentes al Ministerio Público ante la posibilidad de que se configurara el delito de secuestro por parte de los padres. Finalmente, y tras escuchar a los padres y a la menor, el Juzgado determinó que la joven deberá permanecer con su abuela hasta cumplir los 18 años, tras lo cual ella decidirá con quien vivirá finalmente.
El Movilh “valoró el coraje y el amor de la abuela, que con su persistencia ha rescatado a su nieta de las agresiones y ha aceptado su orientación sexual, sin cuestionamientos. Esta mujer es un verdadero ejemplo, y ha desencadenado una medida inédita en tribunales”. El organismo añadió que “este tipo de denuncias son habituales y casi siempre estamos con la manos atados, pues generalmente es todo el entorno familiar el que justifica la homofobia. Eso impide que las o los jóvenes decidan judicializar los casos, pues ven que su única salida es irse a un hogar de menores. En este caso, felizmente, hubo una abuela que puso por encima de cualquier prejuicio al amor”.
El Movilh apuntó que “a partir de este caso queda además claro que los tribunales de familia necesitan de capacitación sobre discriminación y diversidad sexual, pues de no haberse exigido con fuerza que el hecho fuese visto por un juez, la joven todavía estaría literalmente secuestrada por sus padres, hasta cumplir los 18 años, lo que es un riesgo excesivo e injustificado para la estabilidad física y emocional de cualquier persona”.

Puntualizó que “de todas formas aquí se sienta un importante precedente, que nos permitirá orientar de mejor manera a jóvenes que día a día sufren de la incomprensión y atropellos de sus propias familias sólo por tener una orientación sexual o identidad de género distinta a la mayoritaria. Aquí, por cierto, sigue siendo importante la mediación y la orientación para la familia, pero cuando ello no funciona, se deben judicializar los procesos”."

Fuente: Movilh