miércoles, 13 de octubre de 2021

Tribunal Constitucional acoge requerimiento del Ejecutivo por inadmisibilidad de veto

Hoy 13 de octubre, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en la causa Rol N° 11.820-21-CPT, y resuelto en la página 52 del fallo que se acoge el requerimiento deducido por el señor Vicepresidente de la República, por lo que se declara la inconstitucionalidad de las declaraciones de inadmisibilidad aprobadas por la H. Cámara de Diputados y por el H. Senado que recaen en siete observaciones del Presidente de la República formuladas al “Proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia”, contenido en el boletín N° 10.315-18.

La disidencia, con la que concuerdo plenamente, corre por cuenta de los ministros GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA, y señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO.


TC Acoge Requerimiento Del ... by Francisco Estrada

martes, 12 de octubre de 2021

Declaración conjunta de Comités por Día Internacional de las Niñas

Declaración conjunta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Comité de los Derechos del Niño con motivo del Día Internacional de la Niña 2021[1]


Las niñas son titulares, sin discriminación, de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del niño y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Sin embargo, a nivel mundial, las tres cuartas partes de los niños en edad de asistir a la escuela primaria que nunca pondrán un pie en la escuela son niñas; y más del 20 por ciento de las mujeres jóvenes se casan antes de cumplir los dieciocho años.

La pandemia del Covid-19 ha interrumpido los sistemas educativos de todo el mundo, privando a casi 1.500 millones de estudiantes del acceso presencial a las escuelas en casi todos los países. Esta situación corre el riesgo de comprometer los resultados obtenidos en el ámbito de la educación de las niñas y afectar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los relacionados con la reducción de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género.

Dos millones más de casos de mutilación genital femenina podrían ocurrir durante la próxima década porque el COVID-19 está obligando a las escuelas a cerrar e interrumpiendo los programas que ayudan a proteger a las niñas de estas prácticas nocivas.

Las niñas deben poder completar su educación y conseguir acceso a información y servicios apropiados para su edad, sin discriminación, sin prejuicios de género y con igualdad de oportunidades para desarrollar su potencial.

Recientemente, el Secretario General de la ONU, en su documento “Nuestra Agenda Común”, reconoció que ningún contrato social significativo es posible sin la participación activa e igualitaria de mujeres y niñas y enfatizó la necesidad de poner a las mujeres y niñas en el centro de los procesos para promover paz y prevenir conflictos

Garantizar la participación igualitaria debe comenzar por las niñas, asegurando el acceso igualitario a educación para las niñas, empoderándolas y poniendo fin al matrimonio infantil como prioridad.

La educación empodera a las niñas y las dota de capacidades para reclamar y ejercer derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales más amplios, en igualdad de condiciones con los niños en sus sociedades. La realidad es que las niñas de grupos desfavorecidos y marginados, incluidas las niñas con discapacidad y las niñas rurales, indígenas y migrantes, se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación que les impiden disfrutar de su derecho a la educación.

Las barreras para asistir a la escuela se ven agravadas por la pobreza y las crisis económicas, la violencia de género contra las niñas dentro y fuera de la escuela, las restricciones estructurales e ideológicas a su participación en campos académicos y profesionales dominados por los hombres, la falta de instalaciones de higiene en las escuelas, el embarazo temprano, y una carga desproporcionada de responsabilidades domésticas y de cuidados.

La educación que empodera a las niñas debe ir acompañada de la erradicación de todas las formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, que todavía es ampliamente aceptada.

Para lograr la igualdad de género en todos los aspectos del sistema educativo, las leyes y políticas, el contenido educativo, las pedagogías y los entornos de aprendizaje deben ser sensibles al género, sensibles a las necesidades de las niñas y transformadores para todos.

Hacemos un llamado a los Estados para que eliminen la discriminación contra las niñas en la ley y en la práctica. Es imperativo abordar las normas sociales y de género que perpetúan las desigualdades y toleran las violaciones de los derechos de las niñas. Reiteramos el derecho de las niñas a ser informadas, empoderadas y a que se les briden oportunidades para que se escuchen sus voces y a participar en pie de igualdad en todos los procesos de toma de decisiones que las afectan, en sus comunidades y en la sociedad en general. Cumplir estos objetivos es primordial para el bienestar de todos.

Antecedentes

El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tratado que a la fecha cuenta con 189 Estados partes. El Comité está integrado por 23 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo y que se desempeñan a título personal y no como representantes de los Estados partes.

El Comité de los Derechos del Niño supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres Protocolos facultativos, sobre la participación de niños en los conflictos armados y la venta de niños, sobre a prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y sobre un Procedimiento de Comunicaciones. Hasta la fecha, la Convención cuenta con 196 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo y que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes.


Declaración Conjunta Día In... by Francisco Estrada

lunes, 4 de octubre de 2021

El derecho a defensa penal de adolescentes

Cillero, M. (2009). El derecho a defensa penal de adolescentes. En vv.aa. Estudios de derecho penal juvenil I, Defensoría Penal Pública, 41-49.

 

La investigación consta de dos partes: un estudio empírico, dirigido a indagar en profundidad las características de las experiencias de defensa penal de adolescentes desarrolladas en Chile, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes2; y un análisis jurídico de los hallazgos de este estudio y de otras investigaciones nacionales, así como de la literatura especializada de otros países, con el objeto de evaluar si algunas de estas experiencias pueden servir para el desarrollo de estándares del nuevo sistema de defensa que la Defensoría Penal Pública se encuentra estructurando.  Este informe de investigación corresponde a la segunda parte del estudio mencionado.

La investigación asume como perspectiva metodológica que las prácticas concretas de la defensa jurídica se encuentran influidas tanto por factores normativos e institucionales, como por aspectos culturales generales y de la profesión, que dicen relación con consideraciones del contexto social en que se desarrollan y la propia evolución de la praxis jurídica. Para ello, se rescatan las prácticas desarrolladas en nuestro país por instituciones y abogados dedicados a la defensa jurídica de niños y adolescentes (específicamente en el ámbito de los juzgados del crimen y de menores) en los últimos años, así como los aportes de la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada.

En síntesis, este estudio pretende indagar sobre las condiciones necesarias para lograr la vigencia efectiva de la normativa destinada a garantizar los derechos de los adolescentes imputados en los procesos judiciales. Se parte del supuesto que no basta con establecer el derecho a la defensa de adolescentes, sino que es necesario remover prácticas arraigadas que lo han desconocido y construir nuevos criterios informadores de la cultura jurídica. La experiencia de Estados Unidos revela que después del caso Gault -que reconoció expresamente al adolescente el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso- persistieron, al interior del nuevo contexto jurídico, las prácticas no adversariales, evidenciando que el desarrollo de la defensa encuentra resistencias en los propios defensores y en otros actores sociales, quienes siguen viendo a los abogados como meros consejeros del niño y del Tribunal. Incluso, en los años sesenta, la opinión era aún más cruda: los defensores constituyen un estorbo o, en el mejor de los casos, una función inútil, puesto que existen otros profesionales que la pueden desempeñar mejor.



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Cillero Derecho a Defensa P... by Francisco Estrada

lunes, 27 de septiembre de 2021

R.B. V. ESTONIA: EL TEDH PIDE REGLAS DE PROCEDIMIENTO MENOS ESTRICTAS PARA EL TESTIMONIO INFANTIL



Por Elena Patrizi, PhD Candidata en Faculty of Law y afiliada al Centre for Children’s Rights Studies, Universidad de Ginebra, Suiza.

Traducción de Francisco Estrada V.

8 de septiembre de 2021

 

 

 

El 22 de junio de 2021, la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) dictó su sentencia sobre el caso R.B v. Estonia. Este es un caso que se refiere a la eficacia de una investigación penal sobre denuncias de abuso sexual de un niño de 4 años por parte de su padre.

El caso fue llevado ante el TEDH por la niña, RB, quien alegó una violación de sus derechos bajo los artículos 3 (Prohibición de la tortura) y 8 (Derecho al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, ECHR). El padre, el presunto autor, fue absuelto por el Tribunal Supremo de Estonia, que excluyó la prueba decisiva por haber sido obtenida infringiendo las normas procesales nacionales.

El TEDH estableció que el sistema de justicia de Estonia no era adecuado para los niños (“to be child-friendly”), ya que no tenía en cuenta la vulnerabilidad particular del niño y sus correspondientes necesidades. Por el contrario, aplicó estrictamente las normas relativas al testimonio de los niños, las que no distinguen entre niños y adultos. Esto resultó en una violación de las dos disposiciones.

Como argumentaré en esta publicación de blog, la sentencia es importante para recordar a los Estados Partes que, aunque tienen la difícil tarea de tratar casos muy delicados, pueden proteger adecuadamente los derechos y necesidades de los niños a través de un sistema de justicia eficaz y amigable con los niños.

El documento completo puede examinarse abajo.

El posteo original acá.

El fallo comentado aquí.

R.B. V. ESTONIA: EL TEDH PIDE REGLAS DE PROCEDIMIENTO MENOS ESTRICTAS PARA EL TESTIMONIO INFANTIL by Francisco Estrada on Scribd

martes, 21 de septiembre de 2021

Recordando un paper del 2018: Análisis del itinerario procesal de la protección de derechos de niños y niñas

 

“Revisión del itinerario procesal

 

Creemos necesario construir categorías de análisis del procedimiento que, a partir de la normativa positiva, colaboren a entender cómo se estructura un proceso de toma de decisiones en el ámbito proteccional. De aquí que a partir de la revisión de la literatura internacional de la práctica profesional del autor y de la retroalimentación de jueces y consejeros técnicos en cursos de perfeccionamiento de la Academia Judicial sobre aplicación de medidas de protección (Lázaro y otros, 2005; Cortez-Monroy y otros, 2008; Arruabarrena, 2009; Palummo y otros, 2006; Burgués y Herrera, 2010; Munro, 2011; Benavente, 2011), creemos posible distinguir seis etapas en el proceso de aplicación, decisión y control de medidas de protección.

Considerando solo la perspectiva psicosocial, Arruabarrena (2009) habla de tres etapas. Por otra parte, a propósito del sistema proteccional administrativo de la provincia de Buenos Aires, Burgués y Herrera (2010) esquematizan hasta nueve etapas.

En este escenario, cada etapa cumple cierta función en el proceso de toma de decisiones y requiere de un cierto nivel de información. Los actores desempeñan roles diferentes en algunas de ellas, y para que la decisión cuente con los mejores insumos y garantice el principio del debido proceso, cada etapa debe estructurar mecanismos de control.

En consecuencia, las etapas en cuestión son las siguientes: inicio del procedimiento; medidas cautelares; diagnóstico; prueba; decisión y derivación; y control de la ejecución de la medida de protección decretada.

En este contexto, concebimos una cadena de acumulación de información que debe permitir al jurisdicente contar con la mayor y mejor calidad de evidencia al momento de decidir, y que se ajuste al proceso de toma de decisiones en la esfera de la intervención (Arruabarrena, 2009).”



Link al paper en la Revista de Estudios de la Justicia.-

miércoles, 25 de agosto de 2021

Sobre la vigencia anticipada de algunas normas de la Ley N° 21.302. Columna de F. Estrada

La Ley N° 21.302, publicada en el Diario Oficial el pasado 5 de enero de 2021, que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia constituye sin lugar a dudas un hito en la historia de la protección de la infancia en Chile, con sus luces y con sus numerosas sombras. Entrará en completa vigencia el 1° de octubre pero un cuidadoso análisis de sus disposiciones exige plantear públicamente que alguna de sus disposiciones se encuentran ya vigentes.

 Este planteo puede parecer extraño del momento que la propia ley contiene una regla de vacancia, pero en los últimos 20 años en el sector justicia hemos tenido que responder esta pregunta respecto de al menos dos legislaciones.

La primera vez que se discutió esto fue con la gradual entrada en actividad de la reforma procesal penal. El profesor Emilio Pfeffer (2001)[1] expuso así el problema:

“No obstante lo señalado, un reciente fallo dictado por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa que afecta al senador vitalicio Augusto Pinochet U., y por sobre todo la postergación de la entrada en vigor de la reforma en la Región Metropolitana de Santiago, han abierto un intenso debate sobre la inmediata vigencia de algunas normas contenidas en el nuevo Código en todo el territorio nacional. (…) Algunos sostienen que el nuevo ordenamiento rige desde su promulgación. Pero sólo en cuanto a las disposiciones que reconocen derechos o garantías judiciales penales más beneficiosas en favor de los imputados y siempre que su aplicación armonice con la lógica y estructura orgánica del sistema inquisitivo.”



[1] Pfeffer, Emilio (2001). Entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el país. Ius et Praxis, 7(2), 259-271. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200011

 


 

ESTRADA Sobre La Vigencia A... by Francisco Estrada

lunes, 23 de agosto de 2021

Exposición en Comisión del Senado por Proyecto de ley de reforma a ley de adopción.

 Me parece que son imprescindibles dos consideraciones generales antes de compartir algunas proposiciones sobre la ley de reforma de la adopción.

La primera es su carácter o naturaleza jurídica. Aunque en los manuales de derecho se le suele incluir dentro de la filiación, porque constituye una forma de configuración de un vínculo filiativo, lo cierto es que la adopción -sobre todo después de la Convención sobre derechos del niño- tiene una naturaleza de medida de protección, en específico, una medida de ultima ratio.

Esta inserción en el sistema proteccional permite entender que los problemas de la adopción son ni más ni menos que los problemas del sistema proteccional.  No ver la linealidad histórica en que se desenvuelve el proceso de adopción, aislándolo del itinerario que ha seguido el niño o niña en programas sociales, de diagnóstico. ambulatorios y residencias explica esa desazón de algunos cuando “aparece” la madre o un familiar a discutir la adopción. Varios actores emplean reiteradamente esa palabra: “apareció” la madre, para identificar el problema de que la adopción no avance.  No hay atajo posible a esta dura realidad. La reforma al sistema de adopción requiere mejoras significativas en programas y residencias. Desde la naturaleza proteccional se comprende también la conveniencia de que exista continuidad en el tribunal que conoce del asunto y no se altere por cuestiones administrativas, como dónde hay cupo en una residencia.

Una segunda consideración es la necesidad de una perspectiva sistémica del instituto de la adopción.  Esto quiere relevar el aporte de los distintos actores, cada uno con su rol, valores, objetivos, dificultades, en la determinación de la mejor respuesta a la pregunta por la adopción de un niño o niña. Creer que basta reforzar a alguno para “acelerar” el proceso -una idea que se repitió en la discusión en la Cámara de Diputados- puede entrañar desproveer al sistema de contrapesos y balances valiosos. Un ejemplo de esto es que los padres cuenten con representación jurídica especializada. Hay quienes creen que eso sólo retardará todo. Pero en verdad ese es un elemento mínimo del debido proceso que contribuye a que la decisión sea de mejor calidad.

Esto no debiera afectar la rapidez procedimental porque hay al menos dos medidas que esta ley podría adoptar y que impactarían en el funcionamiento práctico en este sentido: por un lado, es posible exigir que las audiencias se realicen de manera realmente continua sin interrupciones hasta el término del juicio. Por otro lado, es posible instalar una preferencia especial para la vista de las causas en Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema que asegure mayor rapidez que la actual, al menos en las Cortes con mayor carga de trabajo.

Efectuadas estas consideraciones paso a presentar cinco de las proposiciones que nos parecen más significativas para una ley de adopción con los derechos de la niñez en el centro.



ESTRADA Minuta Reforma Ley ... by Francisco Estrada

lunes, 2 de agosto de 2021

Traducción de El Informe de evaluación de cuidado personal de niños: Hacia un modelo integrado de pericia

 

Pickar, Daniel B. & Kaufman, Robert L. (2013). “The Child Custody Evaluation Report: Toward an Integrated Model of Practice”, Journal of Child Custody, 10:1, 17-53.

Traducción de Francisco Estrada V.

 

 

  

Las prácticas de evaluación de cuidado personal de hijos (Ecp[1]) han evolucionado mucho en los últimos 10 a 15 años. El desarrollo y la articulación de un modelo forense científicamente bien fundado para realizar ECP (Gould, 2006; Gould & Martindale, 2007; Martindale & Gould, 2004), junto con las revisiones recientes de los estándares de práctica profesional para evaluadores de cuidado personal (American Psychological Association [APA], 2010; Asociación de Tribunales de Familia y Conciliación (AFCC), 2007), han llevado a mejorar la metodología y el énfasis en recomendaciones empíricamente fundamentadas sobre los informes de los evaluadores. Otro desarrollo importante ha sido el creciente foco en tratar de mejorar la calidad de los informes de los evaluadores a través del emergente procedimiento de revisión de productos de trabajo y análisis de casos (AFCC, 2011; Austin, Kirkpatrick & Flens, 2011; Kaufman & Lee, 2011).

A pesar de estos importantes desarrollos, se ha prestado poca atención. a cómo debe escribirse realmente un informe. En las normas del modelo AFCC (2007). para los evaluadores de cuidado personal de niños, menos de una página está dedicada a la “presentación e interpretación de datos”, sin pautas específicas con respecto a cómo se debe escribir o construir un informe. Los estándares APA (2010) para ECP no ofrecen directrices ni objetivos deseables con respecto a la construcción. de un informe o la presentación del informe. Mientras Gould (2006) y Stahl (2011) tienen breves capítulos sobre la redacción de informes en sus textos sobre confección de ECP, prácticamente no hay artículos publicados que estén específicamente enfocados en los informes escritos de evaluación de cuidado personal, a cualquier profundidad.

La preparación de un informe de ECP es, a menudo, la culminación de un largo proceso intenso, estresante e intrusivo para padres e hijos. El informe de ECP es el producto del trabajo del evaluador que presenta no sólo un resumen de la información recopilada, sino también el escrutinio y la síntesis de todos estos datos en un análisis convincente del caso. Las opiniones y recomendaciones son ofrecidas para responder las cuestiones legales en cuestión, a saber, un plan de crianza o parentalidad que sirva al interés superior de los niños. A menos que haya un juicio en el que el evaluador testifica, el informe ECP puede ser el único medio por el cual los padres, el juez y los abogados entienden la opinión del evaluador.



[1] El texto en inglés usa la abreviatura CCE, por child custody evaluation; hemos elegido emplear ECP por evaluaciones de cuidado personal. Asimismo, tradujimos custody, en este contexto, por cuidado personal.  La traducción fue autorizada por el prof. Pickar.

Pickar & Kaufman El Inf... by Francisco Estrada

viernes, 23 de julio de 2021

El lamentable veto presidencial al Proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez

El presidente Piñera ha ingresado veto presidencial al Proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez y propone cambios en siete artículos, a través de vetos aditivos y supresivos, relacionados con el derecho de los padres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los hijos, y con los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías.

Hay algunos que, en mi opinión, son incorrectos pero inocuos. Así ocurre con el propósito de atenuar el valor del principio de autonomía progresiva en materia de intimidad y derecho a la propia imagen, por cuanto dicho principio cuenta con consagración en el art. 5° de la Convención sobre derechos del niño, la que en virtud del art. 5° inc. 2° de la Constitución cuenta con un nivel supralegal en el ordenamiento jurídico chileno.

Hay otros, en cambio, que son profundamente dañosos y arriesgan producir daño en la situación de la niñez vulnerada. Así corre con la pretendía limitación al derecho a contar con representación jurídica desde el comienzo del procedimiento de protección administrativa o judicial. El Presidente habla de que esto es una burocratización. En verdad, según la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como incluso del Tribunal Constitucional, el derecho a defensa jurídica letrada es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso.Dejo aquí el veto que espero sea rechazado en el Congreso. 

Veto presidencial a PL de G... by Francisco Estrada

miércoles, 21 de julio de 2021

Corte Suprema rechaza expulsión de niñas en condición de migrantes a Sierra Leona

Gran fallo de la Corte Suprema el día de ayer rechazando la expulsión de niñas en condición de migrantes a Sierra Leona y confirmando el fallo de la Corte de Santiago.

El fallo, de redacción de la ministra Angela Vivanco, contiene citas a la Convención sobre derechos del niño, a la Convención Americana de DDHH, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y a la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida también como Convención de Belém do Pará) y efectúa una ponderación de los intereses en juego dándole especial peso al riesgo de que las niñas enfrenten el riesgo de mutilación genital, aún frecuente en su país.

Es muy lamentable que los abogados del Consejo de Defensa del Estado una vez más se desentienden de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia, y arriesgan a generar, por su equivocada interpretación, responsabilidad internacional para el Estado, que es algo que por su rol deberían evitar.

Algunos párrafos destacados:

“Tercero: Que es un hecho no controvertido y, por lo demás, público y notorio, que el Estado de Sierra Leona toleró durante décadas la práctica de la ablación o mutilación genital femenina, respecto de niñas y adolescentes, según dan cuenta diversos informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), UNICEF y organizaciones no gubernamentales, práctica que resulta contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con los instrumentos de jerarquía internacional analizados por los sentenciadores de la instancia. En este mismo orden de consideraciones, recién en enero de 2019 el Estado de Sierra Leona prohibió la práctica de la ablación, pero sin que ésta se haya reducido de manera sustancial, estimándose que afecta al menos al 90% de las niñas residentes en ese país.”

“Cuarto: Que el Estado de Chile, al ratificar diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y otros instrumentos propios del Derecho Internacional, ha adquirido voluntariamente una serie de obligaciones que resultan vinculantes, por expresa disposición del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 1° y 4, todos los cuales se insertan en el Capítulo I del Texto Político, intitulado “De las Bases de la Institucionalidad”

“Octavo: Que, en consecuencia, resulta forzoso concluir que existe un peligro real, objetivo, concreto e inminente, de que las niñas A.T.R. y M.L.R. puedan verse expuestas a la práctica de la mutilación genital femenina (…)” 

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viernes, 16 de julio de 2021

Los 10 libros más importantes en Derecho de Familia

 

Siguiendo un ejercicio que suele realizarse en la academia estadounidense y en la Argentina, y sin más pretensión que mover a debatir con algún ánimo lúdico acerca de la literatura especializada en derecho de familia chileno, dejo el listado de los que considero los 10 libros más importantes en Derecho de Familia en nuestra historia.

Construir rankings o listados posee un carácter eminentemente subjetivo. En otro posteo espero ir profundizando las razones de este listado, pero básicamente valoro la toma de posición fundada ante los acuciantes problemas que entraña esta disciplina.

 

1. CAFFARENA DE JILES, Elena (1947). De las pensiones alimenticias en especial de las que se deben entre cónyuges. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.

2. RAMOS PAZOS, René (2000). Derecho de Familia. Editorial Jurídica de Chile, 2 tomos, tercera edición actualizada. 

3. ROSSEL Saavedra, Enrique (1994). Manual de Derecho de Familia. Editorial Jurídica de Chile, 7ª edición actualizada.

4. GÓMEZ de la Torre, Maricruz (2007). El Sistema Filiativo Chileno. Editorial Jurídica de Chile.

5. DOUGNAC, Antonio (2003). Esquema del derecho de familia indiano. Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago, 570 pp.

6. De la Maza, Lorenzo y Larraín, Hernán (1953). Reformas Introducidas al Código Civil y a otras Leyes por la Ley Nº 10.271. Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 397 pp.

7. ORREGO, Juan Andrés (2009). Los alimentos en el Derecho Chileno. 2ª edición ampliada. Editorial Metropolitana.

8. GREEVEN, Nel (2017). Filiación. 2ª ed., Librotecnia

9. LEPIN, Cristian (2017). Derecho familiar chileno, Legal Publishing.

10. Acuña, Marcela (2014). Derecho de relación directa y regular, Legal Publishing.

jueves, 10 de junio de 2021

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia


El pasado sábado 5 de junio se publicó en España la Nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con vigencia general a partir de 25 de junio de 2021. 

Estructura de la norma

Criterios generales

Recogidos en el título preliminar, establece los fines y criterios generales de la ley, así como la formación especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad. También recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las administraciones públicas, creando la Conferencia Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.

Derechos de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Entre estos derechos contenidos en el título I, se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia jurídica gratuita.

Deber de comunicación de las situaciones de violencia

Se regula en el título II, estableciendo un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas o adolescentes.

Sensibilización, prevención y detección precoz

Contenido en el título III, recoge, entre otros aspectos, la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Actuaciones en centros de protección de personas menores de edad

Se establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales.

Organización administrativa

Se crea un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También se introduce una regulación específica en relación a la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos

 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la viol... by Francisco Estrada on Scribd