viernes, 23 de julio de 2021

El lamentable veto presidencial al Proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez

El presidente Piñera ha ingresado veto presidencial al Proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez y propone cambios en siete artículos, a través de vetos aditivos y supresivos, relacionados con el derecho de los padres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los hijos, y con los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías.

Hay algunos que, en mi opinión, son incorrectos pero inocuos. Así ocurre con el propósito de atenuar el valor del principio de autonomía progresiva en materia de intimidad y derecho a la propia imagen, por cuanto dicho principio cuenta con consagración en el art. 5° de la Convención sobre derechos del niño, la que en virtud del art. 5° inc. 2° de la Constitución cuenta con un nivel supralegal en el ordenamiento jurídico chileno.

Hay otros, en cambio, que son profundamente dañosos y arriesgan producir daño en la situación de la niñez vulnerada. Así corre con la pretendía limitación al derecho a contar con representación jurídica desde el comienzo del procedimiento de protección administrativa o judicial. El Presidente habla de que esto es una burocratización. En verdad, según la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como incluso del Tribunal Constitucional, el derecho a defensa jurídica letrada es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso.Dejo aquí el veto que espero sea rechazado en el Congreso. 

Veto presidencial a PL de G... by Francisco Estrada

miércoles, 21 de julio de 2021

Corte Suprema rechaza expulsión de niñas en condición de migrantes a Sierra Leona

Gran fallo de la Corte Suprema el día de ayer rechazando la expulsión de niñas en condición de migrantes a Sierra Leona y confirmando el fallo de la Corte de Santiago.

El fallo, de redacción de la ministra Angela Vivanco, contiene citas a la Convención sobre derechos del niño, a la Convención Americana de DDHH, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y a la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida también como Convención de Belém do Pará) y efectúa una ponderación de los intereses en juego dándole especial peso al riesgo de que las niñas enfrenten el riesgo de mutilación genital, aún frecuente en su país.

Es muy lamentable que los abogados del Consejo de Defensa del Estado una vez más se desentienden de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia, y arriesgan a generar, por su equivocada interpretación, responsabilidad internacional para el Estado, que es algo que por su rol deberían evitar.

Algunos párrafos destacados:

“Tercero: Que es un hecho no controvertido y, por lo demás, público y notorio, que el Estado de Sierra Leona toleró durante décadas la práctica de la ablación o mutilación genital femenina, respecto de niñas y adolescentes, según dan cuenta diversos informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), UNICEF y organizaciones no gubernamentales, práctica que resulta contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con los instrumentos de jerarquía internacional analizados por los sentenciadores de la instancia. En este mismo orden de consideraciones, recién en enero de 2019 el Estado de Sierra Leona prohibió la práctica de la ablación, pero sin que ésta se haya reducido de manera sustancial, estimándose que afecta al menos al 90% de las niñas residentes en ese país.”

“Cuarto: Que el Estado de Chile, al ratificar diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y otros instrumentos propios del Derecho Internacional, ha adquirido voluntariamente una serie de obligaciones que resultan vinculantes, por expresa disposición del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 1° y 4, todos los cuales se insertan en el Capítulo I del Texto Político, intitulado “De las Bases de la Institucionalidad”

“Octavo: Que, en consecuencia, resulta forzoso concluir que existe un peligro real, objetivo, concreto e inminente, de que las niñas A.T.R. y M.L.R. puedan verse expuestas a la práctica de la mutilación genital femenina (…)” 

CS Expulsion Niños Sierra Leona by Francisco Estrada on Scribd

viernes, 16 de julio de 2021

Los 10 libros más importantes en Derecho de Familia

 

Siguiendo un ejercicio que suele realizarse en la academia estadounidense y en la Argentina, y sin más pretensión que mover a debatir con algún ánimo lúdico acerca de la literatura especializada en derecho de familia chileno, dejo el listado de los que considero los 10 libros más importantes en Derecho de Familia en nuestra historia.

Construir rankings o listados posee un carácter eminentemente subjetivo. En otro posteo espero ir profundizando las razones de este listado, pero básicamente valoro la toma de posición fundada ante los acuciantes problemas que entraña esta disciplina.

 

1. CAFFARENA DE JILES, Elena (1947). De las pensiones alimenticias en especial de las que se deben entre cónyuges. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.

2. RAMOS PAZOS, René (2000). Derecho de Familia. Editorial Jurídica de Chile, 2 tomos, tercera edición actualizada. 

3. ROSSEL Saavedra, Enrique (1994). Manual de Derecho de Familia. Editorial Jurídica de Chile, 7ª edición actualizada.

4. GÓMEZ de la Torre, Maricruz (2007). El Sistema Filiativo Chileno. Editorial Jurídica de Chile.

5. DOUGNAC, Antonio (2003). Esquema del derecho de familia indiano. Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago, 570 pp.

6. De la Maza, Lorenzo y Larraín, Hernán (1953). Reformas Introducidas al Código Civil y a otras Leyes por la Ley Nº 10.271. Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 397 pp.

7. ORREGO, Juan Andrés (2009). Los alimentos en el Derecho Chileno. 2ª edición ampliada. Editorial Metropolitana.

8. GREEVEN, Nel (2017). Filiación. 2ª ed., Librotecnia

9. LEPIN, Cristian (2017). Derecho familiar chileno, Legal Publishing.

10. Acuña, Marcela (2014). Derecho de relación directa y regular, Legal Publishing.

jueves, 10 de junio de 2021

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia


El pasado sábado 5 de junio se publicó en España la Nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con vigencia general a partir de 25 de junio de 2021. 

Estructura de la norma

Criterios generales

Recogidos en el título preliminar, establece los fines y criterios generales de la ley, así como la formación especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad. También recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las administraciones públicas, creando la Conferencia Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.

Derechos de derechos de los niños, niñas y adolescentes

Entre estos derechos contenidos en el título I, se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia jurídica gratuita.

Deber de comunicación de las situaciones de violencia

Se regula en el título II, estableciendo un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas o adolescentes.

Sensibilización, prevención y detección precoz

Contenido en el título III, recoge, entre otros aspectos, la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Actuaciones en centros de protección de personas menores de edad

Se establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales.

Organización administrativa

Se crea un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También se introduce una regulación específica en relación a la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos

 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la viol... by Francisco Estrada on Scribd

miércoles, 12 de mayo de 2021

Notas sobre Gestión de la intervención

 


La función de la gestión de la intervención en el campo proteccional es configurar las condiciones de posibilidad para que el proceso de acompañamiento e intervención resulte exitoso. La dimensión gestión suele ser obviada en los estudios de intervención con la consecuencia de que la operacionalización del diseño genera tantos problemas que dificulta o imposibilita la puesta en terreno del modelo.

Poner atención a la gestión de la intervención significa incorporar en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto los siguientes componentes:

(1)  Selección del personal.

El recurso humano es el factor más importante y conformar un equipo idóneo es la primera tarea, que muchas veces no se realiza con los mismos estándares que hoy se despliegan en otras áreas laborales. El peso del reclutamiento recae enteramente en los organismos colaboradores. En el mundo de la empresa este ámbito se reconoce como un específico eslabón en la construcción de una empresa de excelencia. Ese entendimiento debe extenderse al campo proteccional. Los beneficiados con un proceso de reclutamiento bien realizado no son los organismos sino los niños y niñas que tendrán acceso a prestaciones de cuidado y acompañamiento de los mejores profesionales y técnicos posibles.

(2)  Capacitación.

El reciente estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad (2019)[1] mostró los serios problemas en la formación del personal que trabaja en los programas de SENAME. Hay una cuestión estructural de la que hacerse cargo. Es necesario idear, implementar y evaluar procesos de capacitación permanente, pertinentes en su contenido e idóneos en las herramientas metodológicas empleadas. Es urgente abandonar capacitaciones exclusivamente en power point, capacitaciones sin evaluación y capacitaciones en temas no críticos. Esos tres rasgos son urgentes de implementar en este rubro.

Adicionalmente, es necesario recordar- aunque pueda parecer una obviedad- que todo proceso de aprendizaje requiere instrumentos de apoyo: libros, manuales, cartillas; hoy es necesario añadir:  videos, tutoriales, etc. Nada de esto existe en la actualidad. Ese vacío debe ser subsanado.

(3)  Acompañamiento.

La investigación ha mostrado que la supervisión de la práctica de trabajo social puede mejorar la entrega de servicios, desarrollar habilidades de trabajo social, mejorar la comprensión de la ética y los valores del trabajo social, aumentar la satisfacción laboral y proporcionar una defensa valiosa contra el agotamiento emocional y el agotamiento del personal. (Berger and Mizrahi, 2001; Mor Barak et al., 2009).[2]

Los equipos que trabajan en intervención con familias multiproblemáticas en contextos de pobreza y desigualdad social experimentan diversas tensiones. Algunas pueden ser abordadas desde el acompañamiento por algún actor o actora con experiencia profesional que ayude a mirar los casos, sobre todo los complejos, desde otro lugar, que colabore en los procesos autorreflexivos y que ofrezca herramientas de revisión de decisiones.

(4)  Control

La fidelidad al diseño del modelo debe ser controlada a través de micro y macro indicadores que permitan construir señales que anticipen los problemas y también señalicen los avances. El control suele ser asociado al castigo, los sumarios y las desvinculaciones, lo que genera un razonable temor y una distancia frente a esta dimensión. Pero en toda organización es necesario que el equipo directivo -para una adecuada toma de decisiones- tenga la más completa información respecto del funcionamiento diario de su institución. Esto en SENAME es difícil. En mi época de director nacional era imposible, por lo que debí implementar mecanismos propios de control diario de elementos mínimos (como número de niños presentes en centros administrados directamente y número de niños que debían estar en esos centros). Cada organismo debe construir su propio sistema de gestión de la información según los lineamientos técnicos y estratégicos que define. La carencia de un sistema es una señal de descontrol que incide directamente en el descuido de niños y niñas.

(5)  Universalidad de actores

Los modelos de intervención, en general, asignan relevancia o concentran su atención en determinados actores del sistema residencial, clásicamente, los profesionales, y suelen olvidar a la universalidad de actores que participan en la vida de la residencia. Nos referimos a manipuladoras de alimentos, personal administrativo, porteros, choferes, sobre todo educadores de trato directo, cuidadores del inmueble, voluntarios y miembros del directorio, si visitan regularmente la residencia. 

Todos deben ser incorporados en el diseño e implementación del modelo.

(6)  Condiciones de trabajo

También el citado estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad (2019) pone de relevancia la variedad y el peso de este factor. No da lo mismo la condición laboral, ya que si los vínculos son inestables y frágiles difícilmente se generará compromiso con la misión y valores institucionales, con la gestión del cambio y preocupación por la autoformación. Este es un factor que incide en la calidad de la atención y el cuidado que reciben los niños y sus familias.

(7)  Liderazgo directivo

Este factor ha sido ampliamente estudiado en educación y algún estudio nacional (Reeves 2010)[3] lo ha mostrado como un factor explicativo de logros en sectores vulnerables. En programas sociales exige una especial atención. El liderazgo requiere una formación, un acompañamiento y un control diferenciados.[4]

 

 



1 Centro de Estudios Justicia y Sociedad (2019). Estudio para el fortalecimiento de los programas ambulatorios del Servicio Nacional de Menores. Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile y Unicef. También el problema aparece en Juretic, J. et al (2015). Definiciones conceptuales para un sistema integral de protección a los niños, niñas y adolescentes en Chile. Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile, y UNICEF.

2 Berger, C. and Mizrahi, T. (2001) ‘An evolving paradigm of supervision within a changing health care environment’, Social Work in Health Care, 32(4), pp. 1–18. Mor Barak, M., Travis, D., Pyun, H. and Xie, B. (2009) ‘The impact of supervision on worker outcomes: A meta-analysis’, Social Service Review, 83(1), pp. 3–32.

3 Reeves, Matías (2010). Liderazgo directivo en escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social. Tesis de Magister en políticas públicas, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

4 Johnson, L., Zorn, D., Kai Yung Tam, B., Lamontagne, M. & Johnson, S. (2003). Stakeholders' views of factors that impact successful interagency collaboration. Exceptional Children, 69(2), 195-- 209.


lunes, 10 de mayo de 2021

Un texto de 1999: Tres containers

 


Tres containers. Tres contenedores de camión que en vez de llevar animales o maquinaria han sido habilitados para contener la rabia juvenil, la desobediencia de los esencialmente desobedientes, para marginar entre los marginados a los elementos más difíciles de vigilar. Son las celdas de castigo de la Comunidad Tiempo Joven, el centro de detención de menores más grande del país.[1] El SENAME, con esa exquisita lírica burocrática, les llama “módulos de aislamiento”.

Es 1995 y en estas piezas de disciplinamiento los menores pueden llegar a estar 5 días castigados. En verano, con un calor de sauna; en invierno, con cartones en el suelo como aislamiento térmico. A los castigados entre los castigados se les puede engrillar por los pies a barras en el suelo. Durante una hora al día son sacados por un gendarme para que hagan ejercicios gimnásticos. Los días miércoles pueden entrevistarse con sus abogados. No tienen derecho a visitas.

No sólo se ingresa en el sector de castigo por mal comportamiento: también son ubicados en containers los adolescentes homosexuales[2] que en el resto de la población corrern peligro de ser violados. Se les «protege» con este encierro. Si alguno de los castigados o «protegidos», al ir al baño o al salir a gimnasia falta el respeto al gendarme o reclama o quebranta la disciplina, el encierro puede prolongarse por otros 5 días.

 

 



[1]  La Comunidad Tiempo Joven era el más grande de los COD del país, ubicado en San Bernardo, recibe a la mayoría de los menores de la Región Metropolitana en trámite de discernimiento, internados por protección, en espera de medida de protección y con medida de ubicación en el CERECO. Entró en funcionamiento en septiembre de 1994, con un diseño para una población de 120 internos. Está compuesto por 3 casas que funcionan como COD (Centro de Observación y Diagnóstico), 1 casa que funciona como CERECO (Centro de Rehabilitación Conductual) y 1 casa de castigo. A noviembre de 1999 presentaba una población de 268 menores.

 No está de más enfatizar que en los COD no sólo se encontraban menores “por haber cometido algún tipo de delito o haber tenido una conducta contravenida con la justicia.” La cita que contiene un erróneo concepto es de LIBERTAD Y DESARROLLO (1998a), “Menores en conflicto con la justicia y su rehabilitación” en Temas Públicos, Instituto Libertad y Desarrollo, N° 375, 12 de marzo de 1998.

Si bien legalmente no correspondía su internación en los COD, en los hechos, algunos de éstos también reciben menores ingresados «por protección», esto es, en razón de las amplias facultades tutelares que la ley les confiere a la policía y a los tribunales. Es lamentable que un instituto que presta asesoría a parlamentarios proporcione información tan equivocada. El mismo documento señala que los adolescentes que “son declarados con discernimiento, son juzgados por tribunales ordinarios y enviados a los programas de readaptación social a cargo de gendarmería de Chile.” Luego de años trabajando en la defensa de menores procesados aún no conozco estos «programas de readaptación social» e ignoro a qué se refiere el documento. Los menores procesados simplemente van a la cárcel y en la cárcel, al menos en su forma actual, nacional, no hay rehabilitación posible.

[2]  De los que un 90% ingresa por infracciones a la moral y el orden público, u otras infracciones menores y no por delitos. 

Más y más familias de acogidas

 


Pese a la prioridad estratégica que se le ha asignado los últimos años a las familias de acogida como mecanismos para reducir el daño de la separación e los padres y ofrecer una modalidad de cuidado alternativo más nutriente y menos riesgosa, poco se ha avanzado en su incremento -más allá de la generación de un dispositivo público, el FAE de Administración Directa -y, sobre todo, en la comprensión de las dificultades de su expansión.

La verdad es que hoy, la gran mayoría de las familias de acogida son, en estricto rigor, familia extensa. 

Una medida que puede ayudar a lo anterior es construir subprogramas que visibilicen y distingan muy claramente lo que son los cuidados alternativos en familia extendida (FE) de los que son en familia de acogida propiamente tal (FA).

Luego, hay una serie de tareas que recaen sobre los programas FAE que son muy onerosas para realizarlas con calidad por los programas y hay algunas que tercerizarlas sólo contribuye al desorden del sistema.

Así, una segunda medida propuesta es que un equipo regional del nuevo Servicio asuma las tareas de evaluación de familias candidatas.

Una tercera medida es centralizar a nivel país las consultas por teléfono y por internet de interesados en ser familia de acogida. Proponemos se instale un call center nacional que responda todas las llamadas, whatsapp, redes sociales y consultas por internet, de modo de centralizar esa acogida y luego derivar donde corresponda: a evaluación directamente o a uno de los programas para mayores explicaciones.

Una cuarta medida es generar algunos incentivos en los sistemas públicos que faciliten esta tarea. No parece razonable que una madre deba ir en sucesivos días al mismo consultorio para recoger medicamentos para los 3 niños a su cargo.

De lo anterior no debe colegirse que se apoya una idea planteada por algunas juezas de familia de que la familias extensas no son - o no deben ser- familias de acogida. Esa posición no cuenta con ningún apoyo en la literatura ni en el análisis normativo ni mucho menos hay razones que podríamos denominar técnicas. 

Necesitamos más familias de acogida, más diversas, con diferentes funciones y con distintos apoyos institucionales. Es de esperar que el Nuevo Servicio permita este crecimiento. 


martes, 27 de abril de 2021

nuevo capítulo de "What Is LAw?"

PODCAST
Micrófono de estudio
| Defensora de la Niñez, y ex director del SENAME, fueron invitados a un nuevo capítulo de "What Is LAw?" para abordar la situación actual de la infancia junto a y .