La Ley N° 21.302, publicada en el Diario Oficial el
pasado 5 de enero de 2021, que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección
Especializada a la niñez y adolescencia constituye sin lugar a dudas un hito en
la historia de la protección de la infancia en Chile, con sus luces y con sus numerosas
sombras. Entrará en completa vigencia el 1° de octubre pero un cuidadoso
análisis de sus disposiciones exige plantear públicamente que alguna de sus
disposiciones se encuentran ya vigentes.
Este planteo puede parecer extraño del momento que la propia ley contiene una regla de vacancia, pero en los últimos 20 años en el sector justicia hemos tenido que responder esta pregunta respecto de al menos dos legislaciones.
La primera vez que se discutió esto fue con la gradual
entrada en actividad de la reforma procesal penal. El profesor Emilio Pfeffer
(2001)[1]
expuso así el problema:
“No obstante lo señalado, un reciente fallo dictado
por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa que afecta
al senador vitalicio Augusto Pinochet U., y por sobre todo la postergación de
la entrada en vigor de la reforma en la Región Metropolitana de Santiago, han
abierto un intenso debate sobre la inmediata vigencia de algunas normas
contenidas en el nuevo Código en todo el territorio nacional. (…) Algunos
sostienen que el nuevo ordenamiento rige desde su promulgación. Pero sólo en
cuanto a las disposiciones que reconocen derechos o garantías judiciales
penales más beneficiosas en favor de los imputados y siempre que su aplicación
armonice con la lógica y estructura orgánica del sistema inquisitivo.”
[1] Pfeffer,
Emilio (2001). Entrada
en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el país. Ius et Praxis, 7(2), 259-271. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200011
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