Esta mesa de trabajo fue convocada por el Presidente Sebastián
Piñera como un espacio de diálogo político y técnico, con el objetivo de
recoger inquietudes, ideas y planteamientos, a fin de obtener aquellos consensos
básicos que permitan desarrollar un gran Acuerdo Nacional por la Infancia. Lo
anterior, por la triste constatación de la desprotección en la que se
encuentran muchos niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país, en
especial aquellos bajo el sistema de protección de la infancia.
En el plazo de 60 días, se trabajó en tres etapas: escuchar,
proponer y acordar. En la primera etapa se abrió un canal de participación
ciudadana en la que se recibieron más de 200 iniciativas y propuestas; se
revisaron los resultados de procesos participativos de niños, niñas y
adolescentes; se visitaron residencias de administración directa y de
organismos colaboradores, y se realizaron sesiones para recoger inquietudes e
iniciativas donde participaron más de 30 personas naturales, fundaciones,
académicos y grupos de voluntarios que quisieron aportar en este proceso.
En base a lo anterior, se confirmó la convicción de los
integrantes de esta mesa de trabajo: resulta urgente trabajar en este Acuerdo
Nacional por la Infancia, que ponga especial atención en aquellos niños, niñas
y adolescentes que se encuentran actualmente en el sistema de cuidado
alternativo, pero cuyo foco sea la prevención, fortaleciendo el rol de la
familia (cualquiera sea su conformación) y evitando cualquier tipo de
vulneración de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en el territorio nacional.
Para ello, la mesa de trabajo definió un propósito, principios y
una serie de acuerdos y consensos básicos, a partir de los cuales se propondrán
soluciones, graduales y progresivas, que permitan dar respuesta a la
problemática en que se encuentra el actual sistema de protección de la
infancia. Por consiguiente, los acuerdos y consensos recogidos en esta mesa de
trabajo servirán de base y fundamento para las acciones y medidas que nuestro
país y todas nuestras instituciones adopten y ejecuten, conforme al
ordenamiento jurídico vigente, con miras a lograr la adecuada protección que
merecen los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Informe completo aquí.
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