Hay razones objetivas para un título
con algún aire de grandilocuencia. La audiencia de formalización de hoy (y que
continúa mañana) es única en la historia judicial chilena tanto por las
cuestiones que comprende (dinero y política, deslegitimación de los políticos,
descrédito de la élite empresarial), como por los involucrados (los capitanes
de uno de los principales grupos económicos del país, un subsecretario de estado,
un grupo de privados coludidos con funcionarios públicos, algunos de los mejores abogados de
la plaza).
La transmisión vía streaming de la audiencia por el poder judicial fue una iniciativa
de la Dirección de Comunicaciones, visada por sus superiores, que permitió
honrar en serio los principios de transparencia y publicidad, y,
adicionalmente, permitió un debate informado sobre la actuación de los fiscales,
de los defensores, del juez, sin los intermediarios mediáticos, no muchas veces
confiables. Es sin duda, una actuación que debe mantenerse como política institucional en caso que concitan alto interés público.
La audiencia tuvo a los fiscales como
los principales protagonistas -como la generalidad de las audiencias de
formalización- y ellos respondieron con creces a las expectativas, en especial
considerando los líos internos del Ministerio Público. Más allá de esas
turbulencias, hoy todos pudimos ver y escuchar cómo se lleva a cabo una
investigación penal compleja que abarca 19 situaciones delictivas diferentes,
con un manejo muy preciso de los diversos hechos ilícitos y un correcto encuadre en la
normativa penal pertinente. El Fiscal Nacional asumió el riesgo de soportar el peso
principal del relato y exhibió en esta tarea destreza en una presentación,
pedagógica incluso, que debiera ser imitada en casos similares. Carlos Gajardo,
a su turno, asumió la tarea de argumentar la petición de medidas cautelares -las
que sólo serán resueltas mañana- y mostró
en este desempeño el manejo detallado de la carpeta y se permitió mayor
efusividad en la adjetivación de los comportamientos delictivos de los ejecutivos
de Penta. Hay alguna asimetría en el acopio de antecedentes pero es necesario recordar que esto es sólo el comienzo, no el final, de un proceso investigativo formal, por lo que esa disparidad no es problemática.
El abundante equipo de defensores
mantuvo silencio, salvo por una estrategia de Julián López, proseguida por
Davor Harasic, de discutir todo lo posible a través de incidencias y planteamientos.
En esa línea intentaron –sin éxito- dejar fuera a algunos de los querellantes.
Aprovecharon para ello la tardía presentación de querellas. Si ya en diciembre
se conocía esta fecha para formalizar fue poco seria la fecha en que se interpusieron.
Por momentos el magistrado Escobar se dejó confundir y en vez de pedirle a Julián López que formulase
una petición y, así, luego resolverla, se puso a buscar en su computador fechas
de querellas para compatibilizarlas con la resolución que las aceptó a trámite.
Hay allí un problema menor en la forma
en que el tribunal notificó. Sin embargo, el magistrado logró superar esos
momentos y logro que la audiencia retomase su desarrollo normal.
El debate por las medidas cautelares
recién comenzó, pero los fiscales han estructurado un sólido argumento para
acreditar los presupuestos, los requisitos que la ley exige para aplicar la
prisión preventiva a los Carlos. La situación de Wagner, me parece, no debiese
ser problemática para el juez -y luego para la Corte de Apelaciones- en decretarla.
Mañana va ser muy interesante observar
el desempeño de la singular y potente dupla del Consejo de Defensa del Estado,
su presidente Juan Ignacio Piña y la experimentada María Inés Horvitz. Si, como
parece indicar, se suman a la petición de la fiscalía de prisión para los
Carlos puede ser determinante para convencer al juez.
Los defensores, a su turno, van a desempeñar
un rol bastante previsible pero ya desgastado por las veces en que han presentado
en prensa esos argumentos.
Que todos observemos por televisión o internet,
como dos de los hombres más poderosos comparecen en una sala del imponente Centro
de Justicia como cualquier imputado y señalan su rut y domicilio puede marcar
el inicio de una época donde la ciudadanía retoma confianza en sus instituciones.
Francisco Estrada
Abogado, profesor de Derecho.
Francisco Estrada
Abogado, profesor de Derecho.
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