jueves, 13 de febrero de 2014

Bélgica debatirá hoy eutanasia infantil

Bélgica se convertirá hoy en el primer país del mundo que recoge en su legislación la eutanasia a menores sin requisito de edad. 
La Cámara de Representantes votará hoy un proyecto que modifica la Ley de Eutanasia de 28 de mayo de 2002, y
que permitirá que los niños con enfermedades incurables podrán acogerse a ese derecho, siempre que cumplan unos requisitos estrictos. El principal consiste en demostrar capacidad de discernimiento, un concepto controvertido por la dificultad para evaluarlo.
Dejo aquí el texto del proyecto de ley (que me costó una enormidad conseguirlo al no saber francés ni belga).



“Nuestra responsabilidad es permitir a todo el mundo vivir y morir con dignidad”, resumió ayer en la Cámara baja la diputada socialista francófona Karen Lalieux, cuyo partido ha promovido este cambio legal. La eutanasia, que Bélgica contempla desde 2002, se extiende ahora a los más jóvenes con unas garantías adicionales respecto a los adultos. Solo podrán solicitarlo los menores aquejados de una enfermedad terminal que les reporte un sufrimiento imposible de paliar. Deberá solicitarlo por escrito el propio afectado, pero no podrá someterse a la eutanasia sin consentimiento de sus representantes legales.
El paso por el Congreso de los Diputados ha supuesto unos cambios mínimos respecto al proyecto que aprobó el Senado, que en Bélgica es la cámara con iniciativa legislativa. El sufrimiento del menor solo podrá ser físico —la eutanasia para adultos contempla también el psíquico— y los médicos deberán acreditar que, en cualquier caso, el enfermo moriría a corto plazo. “El número de criterios que hay que cumplir constituye una seguridad suficiente para evitar los abusos”, argumentó en la Cámara el diputado liberal Daniel Bacquelaine.
Holanda era, hasta el momento, el único país que incluía a los menores en la práctica de la eutanasia, con un requisito de edad fijado en una horquilla entre 12 y 18 años, según el caso. Bélgica ha ido un paso más allá al optar por evaluar la madurez mental del menor en lugar de establecer una edad de referencia. Esa decisión, fuertemente contestada por los detractores, ha avivado un debate de por sí complejo. “Un niño de siete años, ¿es verdaderamente autónomo? ¿Quién es responsable de un menor?”, se preguntaba la diputada Sonja Becg, del grupo cristianodemócrata flamenco.
Para resolver el dilema, el texto final establece que será el médico encargado del caso quien evalúe si el menor es capaz de adoptar la decisión, pero tendrá que consultar previamente a un psiquiatra infantil. En la actualidad, Bélgica ya prevé el derecho a la eutanasia a partir de los 15 años para jóvenes emancipados.
El derecho a morir concita una gran adhesión en Bélgica, incluso en casos tan delicados como los de menores. Un 74% de la población está a favor de concederles esta posibilidad, según una encuesta publicada hace unos meses por el diario La Libre Belgique. El debate ha suscitado tal interés que las comparecencias de expertos que hubo en el Senado fueron televisadas. Ese apoyo popular se refleja en el amplio espectro de fuerzas políticas que votarán hoy a favor: socialistas, liberales y verdes de las regiones flamenca y valona del país, así como los nacionalistas flamencos (conservadores) de la N-VA, el partido más votado en Bélgica. “Esperamos que la ley se aplique poco, pero es nuestro deber votarla”, argumentó Sarah Smeyers, de la N-VA.
Socialistas, verdes, liberales y algunos conservadores votarán a favor
Los detractores de la medida (democratacristianos flamencos y valones y extrema derecha flamenca) argumentan que es prematura y que no goza de suficiente consenso. “Lo hemos visto: los médicos nos interpelan. No hay urgencia para aprobar esta ley, solo la electoral”, expuso Christian Brotcorne, cristianodemócrata francófono de la CdH, que ha pedido una nueva redacción del texto. Los trabajos se han acelerado en las últimas semanas porque Bélgica disolverá en breve las Cortes para celebrar elecciones regionales y federales el 25 de mayo.
Al hablar de esa interpelación de los médicos, el diputado se refería a una carta abierta que han enviado en los últimos días 39 pediatras belgas para pedir a los diputados que no voten la ley. “No hay una demanda de la población o de la comunidad médica para extender la eutanasia a los menores”, alegó el martes en conferencia de prensa uno de sus impulsores, el oncólogo infantil Stefaan Van Gool. Pese a este intento de última hora para frenar la ley, la mayor parte de la profesión se ha manifestado hasta ahora a favor del cambio legal.
La iniciativa belga para regular la eutanasia infantil no deriva tanto de la cantidad de casos que se producen como de las dificultades que encuentran los facultativos para tomar decisiones en estos supuestos terminales sin vulnerar la ley. Uno de los estudios presentados en las comparecencias que organizó el Senado revelaba que en un 40% de las muertes de menores con enfermedades incurables, los doctores decidieron interrumpir el tratamiento que mantenía al menor con vida.
Más allá de los menores, sobre los que no existen datos oficiales, Bélgica registra cada año alrededor de 1.000 casos de eutanasia, aproximadamente el 1% del total de muertes. Los casos han aumentado con rapidez en los últimos años.


Fuente: El País (España)

lunes, 10 de febrero de 2014

Mi respuesta a Marcelo Gidi sobre sus quejas del informe del Comité de derechos del Niño de NU

Debido a que pasaron varios días sin que El Mercurio publicase la carta al Director en que respondo la quejosa reacción del sr. Marcelo Gidi, la pongo acá  en su versión ampliada, y dejo infra los dichos que motivaron estas líneas. 



Santa Sede y derechos de los niños

El Sr. Marcelo Gidi, defendiendo el actuar de la Santa Sede frente al duro reproche efectuado por el Comité de Derechos del Niño de NU, sugiere que las críticas observaciones de este organismo están desactualizadas o desinformadas. Habiendo seguido el largo proceso del informe de la Santa Sede no puedo coincidir con el Sr. Gidi. Cualquiera que haya leído las vagas y tardías respuestas de la Santa Sede al cuestionario que le envió el Comité, cualquiera que haya seguido el diálogo del jueves 16 de enero repleto de evasivas respuestas vaticanas, puede acreditar que el comité reacciona con inusual dureza frente a problemas actuales: la falta de transparencia, la falta de adecuación del Derecho Canónico a las normas de la Convención de Derechos del Niño y, muy especialmente, la escasa colaboración con la justicia civil, la menguada preocupación por la reparación de las víctimas, incluida la práctica de condicionar indemnizaciones a pactos de silencio de las víctimas y sus familias.  En algunos de esos lamentables comportamientos, por cierto, la iglesia en Chile, incluidos los jesuitas, no ha sido la excepción.
Por otra parte, no es cierto lo que dice el sr. Gidi sobre la institucionalidad eclesial actual. Es justamente porque hoy no existe, que el comité recomienda “un mecanismo de alto nivel con el mandato y la competencia para coordinar la aplicación de los derechos del niño en todos los Consejos Pontificios, conferencias episcopales, así como respecto de las personas y las instituciones de carácter religioso, que funcionan bajo la autoridad de la Santa Sede. Este mecanismo debe contar con los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para cumplir su mandato.”

Un primer paso en los proceso de cambio es no faltar a la verdad. La Santa Sede demoró por más de una década la presentación de este segundo informe sin nunca dar explicaciones oficiales del retardo cuando fue oficialmente consultada. El Comité envió en julio un set de preguntas a ser respondidas hasta noviembre. A mediados de diciembre llegaron las respuestas. Por la fecha, no alcanzaron a ser traducidas a los diversos idiomas de los miembros del Comité, pero, lo más relevante, están repletas de ambigüedades y omisiones inverosímiles. Un ejemplo para refutar la nueva actitud a que alude el Sr. Gidi: El Comité le pide a la Santa Sede "el número de niños víctimas que han recibido asistencia para la recuperación, incluyendo el apoyo psicológico y la reinserción social y han recibido una compensación económica." Algo absolutamente mínimo. El Vaticano no respondió esa mínima pregunta. ¿Es creíble una institución que oculta esa mínima información? ¿Dónde está el cambio de actitud? 

El inédito reproche del Comité de Derechos del Niño merece una acogida más explícita en acciones y revisiones y menos en defensas corporativas, por elegantes que éstas sean.


Francisco Estrada V.
Abogado, ex Director Nacional de Sename

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Jueves 06 de febrero de 2014
Siempre la verdad: defensa de los derechos de los niños

Señor Director:

Se han dado a conocer no solo las recomendaciones sino que también el parecer que el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño hace sobre el comportamiento que como Iglesia hemos tenido al momento de defender los derechos de los niños y niñas en los casos de abusos sexuales.
En su informe de 16 páginas, el Comité de la ONU critica duramente al Vaticano. El Comité señala que está muy preocupado de que la Santa Sede no haya reconocido la amplitud de los crímenes cometidos, no haya tomado las medidas apropiadas para afrontar los casos de pedofilia y para proteger a los niños, y haya adoptado políticas y prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores.

Critica duramente el hecho de que, según el Comité, la Iglesia haya puesto por encima de la defensa de los niños los intereses de la institución y la protección del clérigo criminal, por mantener la imagen de la Iglesia y defender a los abusadores. En su informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la Santa Sede, un instrumento jurídicamente vinculante que compromete a los estados firmantes con la protección y el cuidado de los más vulnerables de la sociedad, afirma que el Vaticano no tomó "las medidas necesarias" para atender estos casos y proteger a los menores, y que aún no hace todo lo que debería hacer.

Quisiera recordar que ya el 9 de marzo de 2010, el Papa Benedicto XVI afirmaba, dirigiéndose a los obispos de Irlanda, esto mismo: "No se puede negar que algunos de vosotros y de vuestros predecesores habéis fallado, a veces gravemente, a la hora de aplicar las normas, codificadas desde hace largo tiempo, del derecho canónico sobre los delitos de abusos de niños. Se han cometido graves errores en la respuesta a las acusaciones. Reconozco que era muy difícil captar la magnitud y la complejidad del problema, obtener información fiable y tomar decisiones adecuadas a la luz de los pareceres divergentes de los expertos. No obstante, hay que reconocer que se cometieron graves errores de juicio y hubo fallos en el gobierno".

Como un activo miembro de la Iglesia en estos temas, acojo gran parte de este informe, sí lo comprendo desde el modo de actuar pasado de la Iglesia. Pero lo que me parece muy extraño e injusto del informe del Comité es que se juzgue en estos términos el hoy. En su primera parte, el mismo Comité reconoce el cambio de actitudes, las nuevas prácticas de prevención y de sanción de abusos de menores en la Iglesia, como asimismo alaba la implementación de prontas y decididas medidas de actuación delante de una denuncia; reconoce como un gran avance la próxima creación de una Comisión universal para la protección de menores, entidad que ya existe a nivel de iglesias locales.

A mi modo de entender esta situación, considero que nunca será suficiente lo que se haga por la defensa de un niño, ni menos por un niño abusado. El informe juzga con razón el pasado, pero es irracional e injustificadamente parcial si quiere juzgar el actual modo de reaccionar que tiene la Iglesia Católica en temas de abuso sexual a menores.

El documento parece no estar actualizado, o tal vez no ha considerado suficientemente lo que en los últimos años se ha hecho en la Iglesia, con pertinentes medidas de protección tomadas directamente por la Santa Sede y por las Conferencias Episcopales, que muestran una serie de cambios en la defensa de los niños y en la prevención de este tipo de delitos en los lugares y por sacerdotes y otros miembros de la Iglesia.

Entre tantos otros, hay una nueva actitud y una más clara normativa; hay comisiones adecuadas, estudios y organismos eclesiales dedicados a garantizar el bienestar del menor en la Iglesia; hay protocolos eficaces para hacer frente a estas denuncias; no hay denuncia que no se investigue, y culpable que no se sancione. De hecho, el Papa Benedicto XVI expulsó entre 2011 y 2012 a cerca de 400 sacerdotes por asuntos relacionados con abuso sexual a menores, el doble respecto a los 171 sacerdotes que expulsó en los años 2008 y 2009.

Este informe nos ayudará, sin duda alguna, a seguir trabajando por el bien y la defensa de los niños y niñas, a restablecer la justicia, castigar a los culpables y a evitar nuevos abusos, pero no por esto no debemos contestar los graves errores que contiene.

P. Marcelo Gidi, sj