El Juzgado de Familia
de Antofagasta dispuso la administración provisional directa -a cargo del
Servicio Nacional de Menores- de la residencia de lactantes y preescolares
"Amor y Vida", por el plazo de 1 año. Esto a raíz de la situación de
déficit de la Corporación Los Laureles, administradora del hogar, que pone en
peligro la continuidad de las prestaciones necesarias para asegurar los
requerimientos básicos de los niños y niñas.
La decisión fue adoptada por el comité de jueces del tribunal y suscrita por la juez presidente, Daniela Julia, tras analizar las posibles soluciones, en una reunión que se desarrolló ayer- jueves 6 de junio- y en la que participaron representantes de la corporación, Sename, el Ministerio de Justicia y la totalidad de los jueces de familia, encabezados por la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich.
En la cita se entregaron diversos antecedentes respecto a la situación de contaminación que sufrió la residencia, producto de una alcantarilla externa sin mantención que generó la clausura sanitaria del recinto, el pasado 3 de junio.
Se informó de la subsanación de la contaminación, por lo que se levantó su clausura, pasando luego a debatir sobre la situación financiera de la corporación.
Según informó la dirección regional de Sename, la Corporación Los Laureles se encuentra con deudas laborales que han generado el embargo de sus cuentas corrientes, de modo que se suspendió el pago de la subvención "al tenor del convenio respectivo y para evitar que sea objeto de gravamen".
Además se informó de gastos rechazados y no aclarados por parte de la Corporación en la última auditoría realizada.
Se agregó que durante la última visita de juez, realizada el mes de mayo del presente año, la directora de la residencia informó que los fondos existentes, dada la suspensión del pago de la subvención, alcanzarían a cubrir las necesidades básicas de los niños, niñas y lactantes, aproximadamente hasta el 20 de junio.
Ante todos los antecedentes expuestos, el tribunal dispuso el cambio de administración, "al tenor del artículo 16 del Decreto Ley 2.465 de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores, ya que el funcionamiento actual de la residencia no garantiza el bienestar ni la adecuada protección de los derechos de los niños, niñas y lactantes".
La decisión fue adoptada por el comité de jueces del tribunal y suscrita por la juez presidente, Daniela Julia, tras analizar las posibles soluciones, en una reunión que se desarrolló ayer- jueves 6 de junio- y en la que participaron representantes de la corporación, Sename, el Ministerio de Justicia y la totalidad de los jueces de familia, encabezados por la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich.
En la cita se entregaron diversos antecedentes respecto a la situación de contaminación que sufrió la residencia, producto de una alcantarilla externa sin mantención que generó la clausura sanitaria del recinto, el pasado 3 de junio.
Se informó de la subsanación de la contaminación, por lo que se levantó su clausura, pasando luego a debatir sobre la situación financiera de la corporación.
Según informó la dirección regional de Sename, la Corporación Los Laureles se encuentra con deudas laborales que han generado el embargo de sus cuentas corrientes, de modo que se suspendió el pago de la subvención "al tenor del convenio respectivo y para evitar que sea objeto de gravamen".
Además se informó de gastos rechazados y no aclarados por parte de la Corporación en la última auditoría realizada.
Se agregó que durante la última visita de juez, realizada el mes de mayo del presente año, la directora de la residencia informó que los fondos existentes, dada la suspensión del pago de la subvención, alcanzarían a cubrir las necesidades básicas de los niños, niñas y lactantes, aproximadamente hasta el 20 de junio.
Ante todos los antecedentes expuestos, el tribunal dispuso el cambio de administración, "al tenor del artículo 16 del Decreto Ley 2.465 de 1979, que crea el Servicio Nacional de Menores, ya que el funcionamiento actual de la residencia no garantiza el bienestar ni la adecuada protección de los derechos de los niños, niñas y lactantes".
Fuente: Noticias Poder Judicial
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