El Ejecutivo ha, finalmente, ingresado al Congreso
el proyecto de ley anunciado tantas veces, sobre entrevista videograbada a
niños víctimas de delitos sexuales. Hacerlo a una semana de tramitación legislativa
es poco serio, aún más si le han recortado algunas de las innovaciones más
interesantes contenidas en los borradores previos.
No comparto el optimismo del
Presidente de la Fundación Amparo y Justicia, gran impulsora de esta
iniciativa. Ni se informan recursos adicionales en el sistema ni se efectúan
reformas de envergadura. El mejor ejemplo del fracaso de este proyecto es el
lenguaje que usa. Cuando en su art. 3° dice “se procurará evitar”, no está dando una orden, sino ofreciendo una
sugerencia. La misma fórmula se repite en el artículo 4 “El fiscal del
Ministerio Público (…), en un plazo de 72 horas contado desde la recepción de
la denuncia, podrá tomar la declaración del menor…” Los niños víctimas
necesitan mucho más que exhortaciones
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