Recientemente, el ejecutivo español ha anunciado y
hecho público su anteproyecto para reformar la Ley de Protección integral del
menor. Dejo abajo un fragmento del comunicado oficial de La Moncloa, pero
quiero destacar, en sintonía con mi presentación del sábado recién pasado en el
Foro del PRO, como un novedoso recurso y una intuición compartida, la
necesidad de precisar el proceso de búsqueda del interés superior, y, para
esto, seguir la experiencia inglesa de la Children Act. No sólo soy yo
entonces, quien considera que este es el camino para introducir en nuestro
sistema jurídico una herramienta de utilidad sino que el largo trabajo de dos
años del ejecutivo español coincide en esa misma dirección. Nada como que otros
coincidan con uno.
• Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
• Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
El Consejo
de Ministros ha recibido un informe de la ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajin (en la foto),
sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la
infancia.
El objetivo de la nueva normativa es simplificar y
mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento
familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros
tutelares.
El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley. El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia.
Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia. Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996. Interés superior del menor Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.
Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar. Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído. También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera.
Opinión de UNICEF España:
"UNICEF España saluda como positiva la elaboración de este anteproyecto, y confía que las aportaciones que tanto UNICEF como otras organizaciones de infancia han realizado en las consultas previas sean tenidas en cuenta. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 supuso en su momento el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño como referente para las legislación española, pero muchos de sus aspectos deben ser revisados después de 15 años de vigencia.
A la espera de conocer el contenido definitivo del anteproyecto de ley, UNICEF considera muy positiva la inclusión en el texto de criterios específicos para la valoración del “interés superior del niño”, de manera que su opinión y su bienestar presente y futuro sean siempre la referencia fundamental a la hora de tomar decisiones judiciales o administrativas sobre los menores de edad. También se valora positivamente la apuesta decidida por el trabajo con las familias para prevenir la desprotección, y la apuesta por el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial como respuesta prioritaria cuando no es posible que un niño permanezca con su familia (especialmente en el caso de los más pequeños).
La exigencia de estándares de calidad en los centros de protección de menores y la regulación de los centros de menores con problemas de conducta han sido también dos de los temas reclamados tanto por UNICEF España como por el Comité de los Derechos del Niño que se contemplan en el anteproyecto.
UNICEF confía en que esta iniciativa fundamental para los derechos de los niños en España llegue a buen fin en este periodo de Gobierno o, en todo caso, sea una iniciativa prioritaria en una próxima legislatura."
"UNICEF España saluda como positiva la elaboración de este anteproyecto, y confía que las aportaciones que tanto UNICEF como otras organizaciones de infancia han realizado en las consultas previas sean tenidas en cuenta. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 supuso en su momento el reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño como referente para las legislación española, pero muchos de sus aspectos deben ser revisados después de 15 años de vigencia.
A la espera de conocer el contenido definitivo del anteproyecto de ley, UNICEF considera muy positiva la inclusión en el texto de criterios específicos para la valoración del “interés superior del niño”, de manera que su opinión y su bienestar presente y futuro sean siempre la referencia fundamental a la hora de tomar decisiones judiciales o administrativas sobre los menores de edad. También se valora positivamente la apuesta decidida por el trabajo con las familias para prevenir la desprotección, y la apuesta por el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial como respuesta prioritaria cuando no es posible que un niño permanezca con su familia (especialmente en el caso de los más pequeños).
La exigencia de estándares de calidad en los centros de protección de menores y la regulación de los centros de menores con problemas de conducta han sido también dos de los temas reclamados tanto por UNICEF España como por el Comité de los Derechos del Niño que se contemplan en el anteproyecto.
UNICEF confía en que esta iniciativa fundamental para los derechos de los niños en España llegue a buen fin en este periodo de Gobierno o, en todo caso, sea una iniciativa prioritaria en una próxima legislatura."
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