Como el primer 21 de mayo del segundo mandato de la
presidenta Bachelet no existió ningún anuncio concreto, es fácil que se pueda
sostener: “se cumplió”. Los anuncios giraban en torno a avanzar en el proceso de
reformas, avanzar en estudios, etc.
Transcurrido 1 año y dos meses de gobierno no se ha
presentado ningún proyecto de ley sobre defensor del niño, ni ley de garantía de derechos
(como se llama ahora a la ley de protección de derechos), ni reforma a la ley
penal adolescente; no se ha aumentado la subvención para residencias y hogares,
no existe política de infraestructura para centros de protección, no se ha dado
suma urgencia a la reforma de la Ley de adopción que sigue en la Comisión de
Familia de la Cámara Baja, ni se ha tomado decisión sobre el destino del proyecto de reforma
del Sename (que estaba tramitándose y que, entiendo, se ha congelado).
El único avance lo marca la ratificación del Congreso
al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, firmado por el anterior gobierno y enviado a su ratificación por el
actual.
Se han realizado numerosos estudios. Algunos por el
Ministerio de Justicia, otros por el Consejo Nacional de Infancia y otros por Unicef. Ninguno de ellos se ha hecho público. En un reciente seminario –de sorprendente escasa difusión- la secretaria
ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia anunció que el proyecto de ley de
garantía de derechos ingresaría a trámite parlamentario en agosto. Ese plazo limita drásticamente la participación ciudadana sobre este proyecto e incluso, no deja suficiente espacio para realizar un proceso de consulta indígena, que conforme al Convenio 169, resulta necesario. Se sobreentiende que existe un anteproyecto, elaborado por un prestigioso experto nacional, pero
que aún no ha sido hecho público ni discutido con las ONG’s y actores relevantes, Es bueno recordar que un grupo de ONG's entregaron al ex presidente Piñera un anteproyecto de ley de protección de derechos.
La participación infantil en estas materias ha seguido
un tortuoso camino. Mientras por un lado (Consejo Nacional de Infancia) se
llevó a cabo un interesante proceso de consulta, por otro (Sename) se puso
abrupto fin a la institucionalidad que mediaba esa participación de modo
permanente, que eran los Programas de Prevención Comunitaria (PPC).
De este modo, los anuncios de mañana, en el actual
contexto político, no dejan mucho espacio a la imaginación ni la esperanza. Puede
que ingresen incluso proyectos de ley en el actual gobierno, pero no cuenten
con la prioridad necesaria para ser tramitados, dado el caudal de discusión legislativa
existente.
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