24 años. Mi columna sobre aniversario de Convención sobre Derechos del Niño

24 años se cumplen desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de un trabajo de 10 años, aprobara la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos de más universal vigencia.

Entre nosotros, se cumplen 23 años sin que se haya derogado la Ley de Menores, una legislación de 1928, reformada en 1967, y sin que contemos con una Ley de Protección de Derechos del Niño.

Los derechos del niño han ingresado en el vocabulario institucional y ciudadano pero creo que la tendencia latina a una retórica grandilocuente los ha devaluado. Esta baja inserción en nuestra cultura tiene mucho que ver-no todo, por cierto-  con el menguado presupuesto que los derechos del niño representan para el estado chileno. En los próximos días se terminará de discutir la Ley de Presupuesto 2014 y aunque los parlamentarios han conformado una comisión investigadora como reacción a abusos, maltratos y mal funcionamiento en hogares del circuito Sename, los recursos que se le entregan a estas instituciones que trabajan con cerca de 15 mil niños, los más maltratados de los maltratados, seguirán prácticamente iguales. Ni el Ministerio Público ni las policías o Gendarmería cuentan hoy, dentro de su programa de formación, con cursos relativos a los derechos del niño.   

Las buenas intenciones de quienes se indignan con los abusos carecen de un mínimo sentido histórico y parecen creer que los problemas se reducen a la renuncia del director nacional o de determinada jefatura o magistrado. El cambio de personas será la solución, parece el escondido eslogan cuya demolición dejo entregada a la revisión de los textos de historia de la infancia en Chile de Nara Milanich, Gabriel Salazar, o Jorge Rojas.

El estado ha fracasado en varios de los deberes que la Convención le impone, pero desde la sociedad civil organizada en la materia es preciso reconocer que no hemos sido capaces de generar acuerdos mínimos que superando las distintas agendas, proponga, con claridad, al estado y a la opinión pública una ruta de mejora, un conjunto de mínimos progresivos.