Medida
en términos de derechos humanos, la cuestión penal juvenil resulta mucho más
que vergonzosa en la Argentina. Somos el país más atrasado y más brutal en la
materia. Tenemos el record absoluto de condenas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de infancia, cuatro entre 2003 y 2013. Tenemos
vigente un régimen penal de la minoridad que lleva la firma del mayor genocida
del continente, Jorge Rafael Videla. Somos el único país en la historia de
América Latina que hemos irrogado sentencias de reclusiones perpetua (doce para
ser exactos) por delitos cometidos por menores de edad. Desde hace muchos años,
las cárceles de menores resultan verdaderas cajas negras mantenidas bajo llave
con la complicidad de varios poderes del Estado y también por aquellos
organismos que específicamente deberían velar por su protección.
La
denodada, valiente y solitaria lucha de la Procuración Penitenciaria de la
Nación, solo por conseguir (hasta hoy sin éxito) ingresar a estas
instituciones, constituye una prueba irrefutable de esta afirmación. Solo
organismos cómplices y complacientes con las violaciones flagrantes a los
derechos más elementales, han conseguido autorización del órgano ejecutor y
responsable de la práctica de privación de libertad de los menores, la
Secretaria de la Niñez y la Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social (SENNAF). Por supuesto, los controles
oficiales confirmaron hasta hace poco el estado maravilloso de dichas cárceles, donde en los últimos días
varios adolescentes han muerto en circunstancias tan trágicas cuanto confusas e
incomprensibles (uno en el Manuel Rocca dependiente de la Sennaf, y dos en el Pablo Nogues y el Almafuerte de la provincia
de Buenos Aires).
Ahora
bien, incluso medida en los tristes y oscuros términos de la propia SENNAF, la
cuestión penal juvenil también ha sido un rotundo fracaso. Nunca para la SENNAF
el proyecto para la privación de libertad de los menores de edad, consistió en
otra cosa que no fuera desaparecer totalmente de los medios de comunicación y
por ende de cualquier forma de escrutinio público.
Las
absurdas muertes de los últimos días han logrado derribar (por lo menos
momentáneamente) el muro de indiferencia y silencio que rodea la cuestión penal
juvenil.
El
esfuerzo en tapar tanto muerto resulta cada día más difícil, lo que no se ve se
huele.
La
historia oficial apesta.
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