viernes, 22 de agosto de 2014

Documento de Estudio Nº 3 /2014: Nueva infraestructura y justicia de familia. Francisco Estrada Vásquez

Los juzgados son edificios únicos - funcional y simbólicamente- en las ciudades y desde muy antiguo están estrechamente unidos al desarrollo cultural de éstas. En tanto edificio público, un tribunal de justicia constituye la representación física de la institución que alberga. En el caso del edificio proyectado objeto de este comentario, la justicia de familia.  Esos volúmenes entregan forma al sentido que la comunidad tiene del orden y de la justicia. Los edificios de tribunales han sido históricamente puntos focales de las ciudades, y, muy a menudo, su instalación genera en derredor suyo, espacios públicos o cívicos que resultan centrales para la vida cotidiana de la comunidad. Cuando las ciudades y las comunidades tienen espacios cívicos significativos, los ciudadanos tienen un fuerte sentido de comunidad y de identidad; por el contrario, cuando se carece de tales espacios, la gente se siente menos conectada entre sí y con las instituciones del estado. Un ejemplo de esto, en sentido positivo, lo constituye el despliegue de una serie de edificios del Chile Atiende, que logran exitosamente acercar una serie de trámites burocráticos al espacio donde se habita, lo que equivale a un acercamiento del estado al nivel local.

Hoy resulta tragicómico, una rareza que haría las delicias de Freud o Foucault, que justo enfrente del edificio donde funcionan los juzgados de familia de Santiago, funcione el llamado mall del sexo, y que jueces, litigantes y litigados deban transitar entre prostitución,  migrante y nacional. A sólo una cuadra de la Plaza de Armas el mensaje de deterioro y menosprecio cívico resultan insoslayable y contundente y ninguna retórica de autoridad – gubernativa o judicial-  puede disminuir la sensación que perciben los concurrentes a este edificio en semejante contexto. Ese menosprecio resulta violento cuando hablamos de víctimas de violencia intrafamiliar que deben transitar  esperar en los mismos espacios y pasillo, esa indolencia institucional es coherente con lo que hemos denominado “la ilusión de la protección” cuando la magistratura que debe proteger los derechos de niños vulnerados los ubica, para espera, en salas inidóneas, o permite que ingresen, para deleite de la prensa, a la vista de todos, luego de haber sido detenidos, en suma, cuando la judicatura se torna cómplice de la vulneración de derechos. Todo eso a $70 millones al mes el arriendo.


En ese contexto, la noticia del desarrollo de un nuevo edificio para los juzgados de familia de Santiago constituye una oportunidad para repensar a la justicia de familia en medio de la ciudad, para darle el espacio que se merece, uno que no debiera ser de entidad más disminuida que la justicia penal. Proceso reflexivo que debiera encararse no sólo de modo autista por la judicatura (Corporación Administrativa del Poder Judicial) como si los edificios públicos, como si los tribunales sólo importasen a los jueces y juezas y a los funcionarios judiciales. Muy por el contrario, y en línea con la retórica de participación del actual presidente de la Corte Suprema, y de sus dos antecesores, este nuevo edificio debe responder preguntas que están en los labios y mentes de numerosos ciudadanos.