Se
trata de una "revisión completa" que realizarán equipos formados por
abogados, asistentes sociales y sicólogos. Deberán chequear la situación de cada
niño y denunciar de inmediato los posibles delitos. Especial foco habrá en
hogares donde comisión del Poder Judicial -en un informe todavía no divulgado-
detectó graves vulneraciones.
"La noticia comenzó a conocerse en forma lenta y casi como un rumor.
En manos del Poder Judicial estaba un informe
elaborado por una comisión de juezas de familia y Unicef, donde se revelaba que
en muchos hogares de menores del país se estaban produciendo gravísimas
infracciones: abusos sexuales, violencia, medicación descontrolada e incluso
comercio sexual con menores internadas.
[La nota alude al reportaje de Ciperchile]
El informe -que incluyó revisar las fichas de
6.500 menores y más de 300 entrevistas bajo anonimato- fue entregado a
principios de marzo a las autoridades del Poder Judicial, las cuales
argumentando problemas metodológicos rechazaron darlo a conocer.
El Sename también rechazó el informe, pero ayer su
director, Rolando Melo, dijo que se cerrarán cuatro centros y se determinó una
profunda reorganización en otros siete. Aseguró que se había actuado por
información de "diferentes fuentes".
Y la mañana de este miércoles, la ministra de
Justicia, Patricia Pérez, anunció a "La Segunda" que ordenó la
conformación de un "equipo interdisciplinario de intervención "
de 50 profesionales que recorrerá en un lapso no superior a tres meses las 274
residencias u hogares de menores en todo el país.
Se trata explicó la ministra, de una
"revisión completa", ya que las inspecciones serán realizadas por
equipos de tres profesionales (abogado, asistente social y sicólogo) con
facultades para denunciar de inmediato a la justicia o incluso querellarse por
hechos que constituyan delito. También para ordenar todas las medidas
necesarias, incluyendo un eventual cierre de los hogares con problemas graves.
Habrá un foco especial en aquellas residencias
identificadas como con mayores problemas en el informe realizado por las juezas
de familia de la llamada "Comisión Jeldres" (porque fue dirigida por
Mónica Jeldres) así como revisiones propias del ministerio.
Pidió informe a director de Sename
Recalcó la ministra que "el Gobierno tiene una
política de tolerancia cero frente a situaciones que puedan poner en riesgo la
integridad física o síquica de los niños. Es por esto que le pedí al director
del Sename un informe detallado de todas las acciones que ha emprendido el
servicio para poder superar las situaciones hechas ver en el informe. Pero,
además, me parece relevante tomar una medida específica: conformar un equipo de
trabajo dependiente del Ministerio de Justicia que va a intervenir (los
hogares). Es un equipo de intervención multidisciplinario que va a recorrer
todos los centros a lo largo del país".
El objetivo, agregó, es que cada equipo haga una
"actualización más allá de la infraestructura de la residencia, que
verifique el efectivo estado de cada niño, conversar con ellos. Y tener un
informe detallado de aquellos centros con mayores dificultades".
Recordó la ministra que ya el año pasado se
crearon comités interinstitucionales (CISC, conformados por seremis, expertos,
académicos, etc) que visitan dos veces al año los hogares con mayores
dificultades, Sename informa cómo los avances y el informe final se suben a la
web.
-Pero en el fondo ahora el ministerio reacciona a
un informe externo, el realizado por las juezas...
-Cuando creamos las CISC, se identificaron nudos
críticos en los cuales se ha estado trabajando. Ahora, nos pareció importante
verificar en terreno el nivel de avance y también tener una percepción directa
como Ministerio de Justicia más allá de esas comisiones. Incluso el
subsecretario de Justicia en mayo y junio hizo visitas sorpresivas a
residencias, advirtiendo deficiencias que requieren ser subsanadas de manera
más expedita. A partir de eso surge la idea de crear el equipo
multidisciplinario, para reforzar esta revisión.
-Pero, en vez de hacer una comisión que revisará
todo de nuevo, ¿por qué no actuar directo sobre lo denunciado por la Comisión
Jeldres?
-Es que no es volver a revisar todo. Más allá de
las deficiencias metodológicas, esa información debe ser considerada. Pero
debemos revisar a nivel nacional, porque ¿qué pasa si hay niños que están
siendo vulnerados y que no están en los centros detectados? Y además no tenemos
cómo identificar a los niños que respondieron las 300 encuestas anónimas. Por
eso se va a trabajar con los informes CISC, el informe conjunto Unicef-Poder
Judicial y lo que han fiscalizado los jueces de familia.
Ya se está elaborando un esquema técnico único de
trabajo y se planea contratar a los 50 profesionales en las próximas semanas
para que hagan el trabajo de campo durante tres meses, partiendo a fines de
agosto. Al final se harán públicas las conclusiones.
-¿El trabajo que usted anuncia es una
intervención?
-Es una intervención a nivel nacional. Es más que
una fiscalización, porque va a tener un especial foco en aquellos recintos que
sean más problemáticos. Y se van a tomar medidas de inmediato en caso
necesario, especialmente en caso de delito."
Informe de la polémica: "Yo no lo he
leído"
-Ministra, ¿no se va a entregar a la opinión
pública el informe elaborado por la "Comisión Jeldres"?
-Ese informe
es parte de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef. Yo no lo he leído.
Revisé lo que salió publicado y le pedí al director de Sename un informe sobre
las acciones realizadas. Entiendo que el Poder Judicial en un momento lo va a
publicar y espero que eso sea a la brevedad posible, pero la decisión de
publicar no es del Ministerio de Justicia. A mí me parece que es una
información que tiene que ser dada a conocer.
Fuente: La Segunda
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