viernes, 26 de julio de 2013

Informe del Centro de Políticas Públicas UC sobre el Proyecto de Ley de Protección Integral de la infancia: ilusión de universalidad

El presente documento, de autoría de la trabajadora social Carolina Muñoz -profesora e investigadora UC, con Master in Social Work, Local development and management, por el Boston College-, analiza el proyecto de ley presentado por el Presidente de la República, considerando para ello la contribución que la sociedad civil, representada por organizaciones no gubernamentales y otros actores dedicados a los temas de infancia, ha venido desarrollando hace más de una década para dar cuerpo a la normativa de protección, así como las recomendaciones establecidas por organismos internacionales


El juicio es negativo, tajante y consistente con lo que hemos señalado en este blog: “este proyecto es una respuesta a la demanda sostenida y consistente de la sociedad civil, organismos internacionales y legisladores, sin embargo, constituye una respuesta pobre a estas demandas. Su pobreza se expresa en la continuidad de una visión que enfatiza la responsabilidad del Estado solo por las necesidades de NNA vulnerables, extrañándose una clara disposición a reconocer el carácter universal y exigible de los derechos de los cuales esta población es titular. Sumado a lo anterior está la ausencia de un mecanismo de financiamiento permanente que asegure la viabilidad del proyecto.
En tercer lugar, el proyecto no puede ser considerado completo mientras no proponga derogar la vigente Ley de Menores.
Adicionalmente, sabemos que para asegurar la integralidad, la descentralización y la intersectorialidad deben resguardarse a ultranza, sin embargo en el proyecto de ley no se establece un escenario donde se traslade parte de la responsabilidad política y técnica para la elaboración de la política pública de infancia y adolescencia, su ejecución y fiscalización a los ámbitos regionales, departamentales y municipales. Tampoco establece Consejos que contribuyan a la implementación de la ley, sino que el proyecto habla de un Consejo que es más bien un organismo de carácter consultivo sin potestades vinculantes de incidir en las instituciones responsables de las políticas. Por último, este proyecto no incorpora la institucionalidad de un Defensor.”