Con el objeto de
controlar el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del
gobierno con los niños y adolescentes y promover sus derechos, los senadores
Patricio Walker y Juan Pablo Letelier presentaron el proyecto de crea una
institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, Boletín
8489-07.
La instancia fue derivada a la Comisión de Constitución para su posterior debate. Cabe precisar que el texto legal de Reforma Constitucional establece que "existirá una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que tendrá como misión salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley." Al respecto, los autores de la iniciativa legal comentaron que "Chile no puede esperar más por una profunda reforma global al Sistema de Infancia. La sociedad se ve reflejada en cómo trata a sus niños y adolescentes, y los niveles de pobreza y abandono de cientos de ellos en el Chile de hoy nos deben llevar a la reflexión y, sobre todo, a actuar".
Añadieron que "diversos hechos noticiosos nos recuerdan la precariedad en que viven muchos niños y adolescentes chilenos: pobreza, mal trato, trabajo infantil, abusos sexuales, constituyen las distintas caras de un panorama que, de tanto repetirse, nos lleva peligrosamente a perder la capacidad de impactarnos. Los países desarrollados (y Chile aspira a serlo) han avanzado hacia leyes de protección de los derechos de niños y adolescentes. Nuestro país requiere una ley al respecto y no basta con haber ratificado la Convención de Derechos del Niño; es necesario concretar en medidas específicas las obligaciones de la Convención". Los legisladores explicaron que "tenemos que avanzar en garantías explícitas para nuestros niños. Hoy uno de cada cuatro niños es pobre en Chile y por ello, debemos romper el círculo de la pobreza desde su inicio, invertir más recursos, especializar más profesionales para trabajar con niños y adolescentes vulnerables, mejorar la infraestructura pública para atenderlos, los programas, etc. Asimismo, añadieron que "es necesario introducir mecanismos judiciales y administrativos especiales para que niños y adolescentes hagan valer sus derechos.
Crear una instancia de coordinación de la política de infancia, aglutinando áreas del Gobierno tan diversas como Educación, Salud, Justicia, Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte".
Los parlamentarios también sostuvieron la necesidad de "impulsar la creación de una Defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Una instancia autónoma que controle el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del Gobierno con los niños y adolescentes. Y que, por otra parte, se preocupe de promover sus derechos.
El presente proyecto se concentra en impulsar el debate en torno a esta última medida que creemos urgente para efectos de instalar una preocupación central por los derechos de los niños y adolescentes en la agenda pública".
Puntualizaron que "el gobierno ha anunciado la concreción de un viejo proyecto, cual es separar la institucionalidad de infancia en dos servicios públicos, uno vinculado al área de protección de derechos, con dependencia de Ministerio de Desarrollo Social, y otro circunscrito a los adolescentes infractores de ley penal, con dependencia del Ministerio de Justicia. Celebramos ese esfuerzo, sin embargo, no podemos quedarnos sólo en este cambio. En otras palabras, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre pero ahora separado en dos servicios. Eso sería básicamente seguir administrando lo que tenemos". Expresaron que "tenemos una oportunidad histórica y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años. El gran desafío, más que la separación del trabajo con los niños y adolescentes en dos organismos, lo constituye la revisión permanente de la pertinencia, calidad y recursos que hemos entregado a los diversos programas que inciden en la protección de derechos de los niños y adolescentes. La búsqueda de las mejores prácticas internacionales".
Por eso, indicaron los parlamentarios "proponemos la siguiente iniciativa que crea en la Constitución Política de la República una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que posibilite, posteriormente, que el Ejecutivo patrocine la correspondiente regulación legal".
La instancia fue derivada a la Comisión de Constitución para su posterior debate. Cabe precisar que el texto legal de Reforma Constitucional establece que "existirá una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que tendrá como misión salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley." Al respecto, los autores de la iniciativa legal comentaron que "Chile no puede esperar más por una profunda reforma global al Sistema de Infancia. La sociedad se ve reflejada en cómo trata a sus niños y adolescentes, y los niveles de pobreza y abandono de cientos de ellos en el Chile de hoy nos deben llevar a la reflexión y, sobre todo, a actuar".
Añadieron que "diversos hechos noticiosos nos recuerdan la precariedad en que viven muchos niños y adolescentes chilenos: pobreza, mal trato, trabajo infantil, abusos sexuales, constituyen las distintas caras de un panorama que, de tanto repetirse, nos lleva peligrosamente a perder la capacidad de impactarnos. Los países desarrollados (y Chile aspira a serlo) han avanzado hacia leyes de protección de los derechos de niños y adolescentes. Nuestro país requiere una ley al respecto y no basta con haber ratificado la Convención de Derechos del Niño; es necesario concretar en medidas específicas las obligaciones de la Convención". Los legisladores explicaron que "tenemos que avanzar en garantías explícitas para nuestros niños. Hoy uno de cada cuatro niños es pobre en Chile y por ello, debemos romper el círculo de la pobreza desde su inicio, invertir más recursos, especializar más profesionales para trabajar con niños y adolescentes vulnerables, mejorar la infraestructura pública para atenderlos, los programas, etc. Asimismo, añadieron que "es necesario introducir mecanismos judiciales y administrativos especiales para que niños y adolescentes hagan valer sus derechos.
Crear una instancia de coordinación de la política de infancia, aglutinando áreas del Gobierno tan diversas como Educación, Salud, Justicia, Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte".
Los parlamentarios también sostuvieron la necesidad de "impulsar la creación de una Defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Una instancia autónoma que controle el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del Gobierno con los niños y adolescentes. Y que, por otra parte, se preocupe de promover sus derechos.
El presente proyecto se concentra en impulsar el debate en torno a esta última medida que creemos urgente para efectos de instalar una preocupación central por los derechos de los niños y adolescentes en la agenda pública".
Puntualizaron que "el gobierno ha anunciado la concreción de un viejo proyecto, cual es separar la institucionalidad de infancia en dos servicios públicos, uno vinculado al área de protección de derechos, con dependencia de Ministerio de Desarrollo Social, y otro circunscrito a los adolescentes infractores de ley penal, con dependencia del Ministerio de Justicia. Celebramos ese esfuerzo, sin embargo, no podemos quedarnos sólo en este cambio. En otras palabras, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre pero ahora separado en dos servicios. Eso sería básicamente seguir administrando lo que tenemos". Expresaron que "tenemos una oportunidad histórica y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años. El gran desafío, más que la separación del trabajo con los niños y adolescentes en dos organismos, lo constituye la revisión permanente de la pertinencia, calidad y recursos que hemos entregado a los diversos programas que inciden en la protección de derechos de los niños y adolescentes. La búsqueda de las mejores prácticas internacionales".
Por eso, indicaron los parlamentarios "proponemos la siguiente iniciativa que crea en la Constitución Política de la República una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que posibilite, posteriormente, que el Ejecutivo patrocine la correspondiente regulación legal".
Ref Const DEFENSOR del niño
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