domingo, 21 de julio de 2013

En El Post: Vinka Jackson: Responsabilidades compartidas

Vinka Jackson plantea algunas preguntas, aún sin respuesta, sobre las responsabilidades compartidas en torno al estudio de UNICEF y la Comisión Jeldres:

“Poner atención sobre la metodología de un estudio y/o la idoneidad del equipo investigador, no es un distractor ni una forma de aliviar la tensión o atenuar responsabilidades del Estado, como algunos han querido creer (incluso colegas míos, y lo digo con pesar).
Podemos respetar mucho a Unicef y al Poder Judicial, pero tanto como en relación a SENAME y los hogares, hay exámenes que no son prescindibles.

Como psicóloga, activista y sobreviviente de abuso sexual infantil, estoy convencida de que no es renunciable la pregunta sobre estándares éticos de cuidado en el diseño y conducción de investigaciones donde participan niños, en general, y niños que han vivido abusos, en particular. Son estándares que existen en otros países, y creo que nos aporta saber cómo son aplicados, o no, en el nuestro.

Actualmente en Chile, se prohíbe a los medios filmar niños en cualquier lugar (así sea una plaza) sin autorización de sus padres o guardianes legales. Imagino que tampoco seríamos indiferentes si encuestaran a nuestros hijos en sus jardines o colegios -así sea para determinar sabores favoritos de yogur- sin previa consulta a sus apoderados. Me pregunto, ahora, cómo reaccionaríamos ante una “encuesta de satisfacción” -comparable a la que fue elaborada por Unicef para aplicar en los hogares SENAME y Aldeas SOS: un cuestionario que no sólo pregunta por infraestructura o rutinas cotidianas, sino sobre posibles experiencias de vulneración vividas por nuestros niños. Cualquier niño. Los niños
de las residencias no por su abandono están en una condición diferente.

No conocemos, a la fecha, la forma en que Unicef y el Poder Judicial abordaron el tema del consentimiento y el derecho a la privacidad e intimidad de los niños (algo más delicado que una sola garantía de “anonimato”), y de la consulta o información a sus familias. Algunos objetarán este punto por tratarse de familias cuestionadas en sus competencias para cuidar. Pero querría pensar que sí tiene valor, en el horizonte de revinculaciones posibles (las residencias deben aspirar a ser transicionales), propiciar la voz de al menos algunos padres en relación a sus hijos.”


La columna completa, aquí, en El Post