jueves, 28 de abril de 2011

Mis críticas al Protocolo de la Iglesia Católica en Terra.cl: Ex director del Sename por protocolo de obispos: “Tiene sombras”

La periodista Cynthia Rosales del medio electrónico Terra.cl tuvo la gentileza de pedir mi opinión sobre el Protocolo de la Iglesia a propósito de algunos dichos míos en twitter. Aprovecho de adjuntar infra, un documento que he citado (también en Radio BioBío donde fui entrevistado) como el parámetro con el cual comparar el esfuerzo de los obispos nacionales: El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de los Obispos Católicos de EE.UU. 


"El ex director del Servicio Nacional de Menores, Francisco Estrada, criticó el protocolo entregado por la Iglesia Católica chilena para evitar los abusos de menores cometidos por clérigos. En visión de abogado, el documento contiene elementos innovadores como la posibilidad que un laico investigue las denuncias, sin embargo, aclara que “no eleva el estándar” en cuanto al manejo con la justicia.

“Tiene algunas sombras. Me parece muy dudoso que mantengan o resguarden la amenaza de una sanción a quien hace una denuncia falsa. Me parece un error establecer que cuando un sacerdote admita responsabilidad, eso excluya la investigación previa e inmediatamente se tienen que enviar los antecedentes al Vaticano. Cuando hay un sacerdote que admite responsabilidad en un acto, hay que investigar, justamente porque lo que la vivencia internacional muestra, es que estos casos se repiten en el tiempo” señaló el jurista a TERRA.cl

En su preocupación por este protocolo, Estrada cuestiona que la Iglesia no obligue a sus sacerdotes a entregar los antecedentes a la justicia. Según explica, el artículo 37 del protocolo, “en caso alguno, un tribunal perteneciente al Poder Judicial, ni un miembro del Ministerio Público pueden intervenir en los asuntos sometidos a la jurisdicción eclesiástica”.
Este martes la integrante del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abusos Sexuales, Ana María Celis, recalcó que no le corresponde a la autoridad eclesiástica denunciar, sino al afectado. “Lo más grave que me parece a mí, es que se atengan a la letra del Código Procesal Penal y no eleven el estándar de actuación en cuanto a denuncias”, explica el jurista.

“Sin protección, no hay reparación posible a las víctimas, de ahí la importancia que siempre se activen, lo más pronto posible, los mecanismos de protección a las víctimas (que) son competencia de la autoridad civil, el juzgado de familia o la fiscalía, no de la Iglesia. La Iglesia no tiene facultades para proteger a las víctimas”, aseveró Estrada.
“Uno de los temas que agrava la cuestión del abuso por sacerdotes religiosos tiene que ver con la relación de confianza, el temor y respeto que genera una red que inhibe de denunciar. Si la iglesia es consciente de ese efecto, que está documentado ampliamente en la experiencia comparada, debiera ella misma asumir que es preciso cooperar desde el primer minuto en la denuncia con la justicia civil”, precisó.

En su opinión, tras la denuncia existe un proceso fundamental en el cual se debe resguardar a la eventual víctima. “Hay una fase muy importante por el vínculo que se ha generado con el agresor. Hay una relación de cierto sometimiento por parte de este sujeto que goza de un especial lugar en la sociedad, que le ha sido entregado por la Iglesia, y ese lugar le permite ejercer ese rol. Romper esa relación es también un deber de la Iglesia”.
No obstante, advierte que “hay que hacer mucha resistencia para denunciar. Es responsabilidad de quienes tienen los más altos estándares morales apoyar la obligación de denunciar”.

“NO HAY OBSTÁCULOS CANÓNICOS”

También asegura que la Iglesia argumenta impedimentos canónicos para no obligar a sus clérigos a acudir a la justicia en caso de conocer algún tipo de abuso a menores. Sin embargo, afirma que se trata de un “gran error”.
“Yo no veo cómo el código canónico va a ser un obstáculo si los obispos de Estados Unidos lo pudieron hacer. Yo creo que los obispos nacionales no hicieron lo que uno habría esperado”, argumentó.
Añadió que “es una contradicción que hagan una declaración de preocupación por las víctimas y no adopten la primera medida que en todos los manuales se recomienda, que es iniciar una denuncia ante la autoridad civil”.

Francisco Estrada formó parte del grupo de expertos que trabajó en una guía clínica para abordar el abuso infantil en el Ministerio de Salud. Actualmente ejerce como abogado, realizando consultorías sobre infancia y familia. Trabaja también como académico en la Universidad de Chile y participa en una investigación de la Universidad de La Frontera sobre la integración psicosocial de los jóvenes que han cometido delitos. Además, administra un blog especializado en justicia penal adolescente."

Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes