Don Carlos tuvo la gentileza el fin de semana de compartirnos a un grupo de actores latinoamericanos, esta columna en que revisa la dura condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina en el caso Mendoza y otros, referido a condenas a menores de edad a presidio perpetuo.
"Argentina es un país de grandes juristas. Todos los que hemos
estudiado derecho reconocemos la importancia y valor de la doctrina argentina.
Particularmente en el derecho penal y procesal penal, la influencia de
Argentina en nuestro medio ha sido muy significativa y muchos hemos estudiado
de la mano de prestigiosos autores argentinos. Sin embargo, esta valiosa
producción doctrinaria no se refleja en el ámbito legislativo. Probablemente
como sucede en muchos países, los políticos, que son los que toman las decisiones,
están muy alejados de los técnicos o expertos en la materia, lo cual produce un
verdadero atraso legislativo en muchos ámbitos. Ejemplo de ello es la
legislación argentina referente a la infancia y la adolescencia.
Prisión perpetua. Recientemente,
el 5 de julio del presente año, en el caso Mendoza y otros, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por haber sentenciado a
personas menores de edad a penas de prisión perpetua. No es la primera vez que
este máximo tribunal internacional condena a Argentina y evidencia el
incumplimiento y atraso de ese Estado en materia de derechos humanos de la
infancia. Ejemplo de lo anterior son los casos Bulacio (18 de septiembre del
2003) y Forneron (27 de abril del 2012).
Los hechos del caso por los que recientemente fue condenada
Argentina se refirieron a la imposición de penas de privación perpetua de la
libertad a cinco jóvenes por hechos delictivos que cometieron cuando aún eran
menores de edad, así como a la falta de atención médica, tortura e, incluso, la
muerte de uno de ellos mientras se encontraba bajo custodia estatal.
Violación de derechos. La
Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional de Argentina
por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal de los
jóvenes sentenciados a penas de prisión perpetua. Además, consideró que “dichas
penas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la
reintegración social de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño
de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo,
pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. Además,
por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó un trato
cruel e inhumano para los jóvenes mencionados y, además, violó el derecho a la
integridad personal de sus familiares”.
Sanción por venganza. Argentina
tenía pocas o nulas posibilidades de salir vencedora en este caso. Todo el
acervo del sistema de Naciones Unidas, particularmente la Convención de
Derechos del Niño, y las directrices y principios en materia de justicia
juvenil establecen que, si bien los Estados pueden imponer sanciones penales
juveniles a los adolescentes, estas se fundamentan y se justifican en una
finalidad educativa, resocializadora e integradora. No se puede justificar en
un verdadero Estado de derecho una sanción por pura venganza, es decir, con
fines retributivos, menos aún cuando se trata de una sanción privativa de
libertad. Las penas perpetuas, lo mismo que la pena de muerte, son los mejores
ejemplos de la exclusión social, incompatible con los principios de la dignidad
humana, fundamento del Estado social de derecho.
Proporcionalidad. También
la Corte Interamericana analizó el principio de proporcionalidad como fundamento
de la condena de Argentina. Es decir, no solo deben considerarse las
circunstancias del delito –por ejemplo, la gravedad de los hechos por los que
fueron condenados estos jóvenes–, sino también sus circunstancias personales,
su historia de vida personal y familiar, lo mismo que el contexto social en que
se desenvuelven estos jóvenes. Debe existir una verdadera ponderación de
intereses, en la que el Estado debe escoger, entre todas las medidas o penas,
la que menos afecte los derechos fundamentales. Si se decide por la privación
de la libertad como último recurso, debe ser con una finalidad educativa y por
el menor tiempo posible.
Revisión integral. La
Corte Interamericana, al igual que en la condena a Costa Rica en el caso
Mauricio Herrera, estableció que el recurso de casación penal no garantizó una
revisión integral y completa de las sentencias condenatorias contra los jóvenes
sentenciados a prisión perpetua. Aquí se recordó el importante precedente del
caso Herrera Ulloa, que sentó la obligación de los Estados de contar con un
recurso legal, eficiente, que permita la revisión integral de la sentencia
condenatoria (penas, pruebas y hechos), y, evidentemente, el recurso de
casación argentino, como lo fue el costarricense, no permite esta revisión
integral del fallo.
Quizás, el precedente más relevante de este fallo contra Argentina
es que la Corte Interamericana dejó sentada la imposibilidad de imponer a
personas menores de edad penas previstas para los adultos. Esto,
lamentablemente, es un objetivo de ciertos sectores políticos en la región, que
pretenden rebajar la edad de la responsabilidad penal y juzgar a los
adolescentes como adultos. Tal es el caso del intento de reforma legislativa en
Perú y Ecuador, lo mismo que fuera de nuestra región, como sucede en India.
Mientras tanto, en Uruguay se promueve un plebiscito con estos fines y, en
Costa Rica, esta idea fue oportunamente desechada del proyecto legislativo Nº
17.615.
Es hora de que Argentina cumpla con el fallo de la Corte
Interamericana, en especial con las formas de reparación establecidas para las
víctimas. Pero, sobre todo, que adopte disposiciones de derecho interno, como
lo hizo Costa Rica en su momento; que legisle ajustándose a los estándares de
protección y a las garantías consagradas en la Convención Americana de Derechos
Humanos, y, principalmente, que respete los principios y normas de la
Convención de Derechos del Niño cuando acuse y juzgue a una persona menor de
edad de haber infringido la ley penal. No basta con la reinterpretación judicial
o los cambios jurisprudenciales, es necesario que el ajuste venga desde la
política criminal del Estado. Para ello, Argentina cuenta, afortunadamente, con
una valiosa y bien formada doctrina jurídica."
