martes, 28 de agosto de 2012

Julio Cortés: Implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Julio Cortés, abogado y profesor de la Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Central.

El Ejecutivo anunció la adopción de 10 medidas que buscan poner freno a las situaciones de abuso sexual de menores en nuestro país. Como ya es habitual en el anuncio de medidas de emergencia, el grueso de éstas tiene una naturaleza represiva (aumento de penas, registro de pedófilos, brazalete electrónico, entre otras). Este tipo de medidas son las que generan mayor consenso político y social y, por lo tanto, su adopción a nivel legislativo no reviste en principio mayor complejidad. El problema es que no existe evidencia de que, en la práctica, tengan un efecto preventivo.

Los anuncios dicen relación, además, con medidas para evitar la re-victimización de los niños/as víctimas (entrevista única y aumento de recursos al Servicio Médico Legal), incursionando así en materias que resultan menos efectistas que el mero incremento de la represión, pero que son absolutamente necesarias para que el proceso penal no se constituya en una nueva fuente de vulneraciones de derechos. No obstante, lo más novedoso en el anuncio dice relación con medidas que en Chile están pendientes desde que se ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y que hasta el día de hoy ninguna agenda gubernamental ni situación de emergencia (ni siquiera situaciones tan emblemáticas como el caso Spiniak) ha logrado concretar.

En efecto, la nuevamente anunciada división del SENAME en dos servicios distintos (uno proteccional y otro infraccional) fue proyectada hace más de una década sin que ninguna administración hasta ahora haya logrado efectivizarla. En la misma situación se encuentra la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, llamada a crear un verdadero sistema integral de protección que redefina la relación entre el Estado, la sociedad y los niños/as y adolescentes, haciendo realidad su condición jurídica de sujetos de derecho. De paso, esta ley debiera derogar la Ley de Menores, que en su forma actual data de 1967 pero cuyo origen está en la Ley N° 4.447, de 1928, y que claramente no está a la altura de los desarrollos posteriores en materia de protección a las personas menores de edad. Hasta ahora han existido dos proyectos de ley, y lamentablemente ninguno ha prosperado.

Por último, al realizar estos anuncios el Presidente Sebastián Piñera se ha referido a la necesidad de crear la figura del Defensor de la Niñez, institución que, de acuerdo al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, debe estar incluida en las medidas generales que debe adoptar cada Estado que ha ratificado la Convención ya aludida, y que vendría a incorporar un nuevo actor al panorama nacional, encargado entre otras cosas de recibir quejas por violaciones de derechos y apoyar a los niños y niñas en el acceso a los tribunales de justicia.

Es de esperar que, en esta ocasión, la sociedad y el Estado se pongan de acuerdo no sólo en lo relativo a las medidas de naturaleza penal, sino que logren avanzar efectivamente en estas otras cuestiones pendientes que de seguir en carpeta indefinidamente estarían demostrando que la capacidad para indignarse puntualmente frente a situaciones de abuso de la infancia no se corresponde con la capacidad para tomar sus derechos en serio e implementarlos.

lunes, 27 de agosto de 2012

Columna de Tom Olsen, UNICEF Chile: Un sistema de protección integral para la infancia en Chile

"El pasado 14 de agosto se cumplieron 22 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile. Este es el tratado de derecho humanos más ratificado en el mundo y Chile fue uno de los primeros en suscribirlo.

En UNICEF consideramos que en estas casi dos décadas ha habido importantes y significativos avances, pero aún el país tiene algunas tareas pendientes. A comienzo de mes, el Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que reforma el Servicio Nacional de Menores, creando dos servicios especializados: uno para la protección especial de niños y niñas, y otro para la reinserción social de los adolescentes infractores de ley. Si bien dicha iniciativa puede contribuir a mejorar la oferta de programas y a asegurar que se respeten los derechos de los niños y niñas que requieren de protección especial, resulta indispensable avanzar, al mismo tiempo, en la creación de un sistema de protección integral para la infancia.

Este sistema debiera establecer una política y un plan nacional de infancia que, fundados en el respeto de los derechos de todos los niños, definan objetivos y prioridades, establezcan mecanismos de coordinación de la oferta e intervención pública, y sistemas de financiamiento, monitoreo y evaluación de tal intervención. Dicha política y plan nacional podrían constituir una oportunidad inmejorable para dotar de una perspectiva universal a la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su posición social, origen étnico, capacidades especiales, nacionalidad o género.

Finalmente, tal sistema debiera establecer mecanismos de coordinación y articulación de la intervención de los distintos ministerios y servicios (Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, Justicia, Seguridad Pública, etc.), con participación de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes. En UNICEF confiamos en que el debate legislativo que se inicia sobre la reforma al SENAME vaya acompañado de propuestas legales adicionales, que permitan consolidar una institucionalidad de infancia moderna, eficaz y respetuosa de los derechos de los niños y niñas de Chile."

Tom Olsen
UNICEF, Representante en Chile
Blog de La Segunda

lunes, 13 de agosto de 2012

Senadores Walker y Letelier presentan Proyecto de Reforma Constitucional, que crea la Defensoría de la Infancia


Con el objeto de controlar el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del gobierno con los niños y adolescentes y promover sus derechos, los senadores Patricio Walker y Juan Pablo Letelier presentaron el proyecto de crea una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, Boletín 8489-07.

La instancia fue derivada a la Comisión de Constitución para su posterior debate. Cabe precisar que el texto legal de Reforma Constitucional establece que "existirá una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que tendrá como misión salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley." Al respecto, los autores de la iniciativa legal comentaron que "Chile no puede esperar más por una profunda reforma global al Sistema de Infancia. La sociedad se ve reflejada en cómo trata a sus niños y adolescentes, y los niveles de pobreza y abandono de cientos de ellos en el Chile de hoy nos deben llevar a la reflexión y, sobre todo, a actuar".

Añadieron que "diversos hechos noticiosos nos recuerdan la precariedad en que viven muchos niños y adolescentes chilenos: pobreza, mal trato, trabajo infantil, abusos sexuales, constituyen las distintas caras de un panorama que, de tanto repetirse, nos lleva peligrosamente a perder la capacidad de impactarnos. Los países desarrollados (y Chile aspira a serlo) han avanzado hacia leyes de protección de los derechos de niños y adolescentes. Nuestro país requiere una ley al respecto y no basta con haber ratificado la Convención de Derechos del Niño; es necesario concretar en medidas específicas las obligaciones de la Convención". Los legisladores explicaron que "tenemos que avanzar en garantías explícitas para nuestros niños. Hoy uno de cada cuatro niños es pobre en Chile y por ello, debemos romper el círculo de la pobreza desde su inicio, invertir más recursos, especializar más profesionales para trabajar con niños y adolescentes vulnerables, mejorar la infraestructura pública para atenderlos, los programas, etc. Asimismo, añadieron que "es necesario introducir mecanismos judiciales y administrativos especiales para que niños y adolescentes hagan valer sus derechos.

Crear una instancia de coordinación de la política de infancia, aglutinando áreas del Gobierno tan diversas como Educación, Salud, Justicia, Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte".
Los parlamentarios también sostuvieron la necesidad de "impulsar la creación de una Defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Una instancia autónoma que controle el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del Gobierno con los niños y adolescentes. Y que, por otra parte, se preocupe de promover sus derechos.

El presente proyecto se concentra en impulsar el debate en torno a esta última medida que creemos urgente para efectos de instalar una preocupación central por los derechos de los niños y adolescentes en la agenda pública".

Puntualizaron que "el gobierno ha anunciado la concreción de un viejo proyecto, cual es separar la institucionalidad de infancia en dos servicios públicos, uno vinculado al área de protección de derechos, con dependencia de Ministerio de Desarrollo Social, y otro circunscrito a los adolescentes infractores de ley penal, con dependencia del Ministerio de Justicia. Celebramos ese esfuerzo, sin embargo, no podemos quedarnos sólo en este cambio. En otras palabras, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre pero ahora separado en dos servicios. Eso sería básicamente seguir administrando lo que tenemos". Expresaron que "tenemos una oportunidad histórica y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años. El gran desafío, más que la separación del trabajo con los niños y adolescentes en dos organismos, lo constituye la revisión permanente de la pertinencia, calidad y recursos que hemos entregado a los diversos programas que inciden en la protección de derechos de los niños y adolescentes. La búsqueda de las mejores prácticas internacionales".
Por eso, indicaron los parlamentarios "proponemos la siguiente iniciativa que crea en la Constitución Política de la República una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que posibilite, posteriormente, que el Ejecutivo patrocine la correspondiente regulación legal".


Ref Const DEFENSOR del niño

jueves, 2 de agosto de 2012

Proyecto de Ley que Suprime el actual Servicio Nacional del Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia

Proyecto de Ley que Suprime el actual Servicio Nacional del Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia
Boletín 8487-07
En primer trámite constitucional en Cámara de Diputados, en Comisión de Constitución.
SIN Urgencia.

Ha ingresado hoy este largamente esperado y numerosas veces anunciado -por distintos gobiernos- proyecto de ley que redefine el sistema de atención a la infancia vulnerada e infractora en Chile.

Luego subiré comentarios más acabados, por ahora cuatro ideas generales:

1. Es una buena noticia que se envíe a trámite legislativo a fin esta iniciativa de modo de permitir un debate informado en el espacio republicano de discusión acerca de qué sistema queremos construir para atender a los niños y jóvenes vulnerados gravemente en sus derechos (abandonados, maltratados, abusados, explotados) y para procurar la reinserción de aquellos adolescentes que han cometido un delito.

2. La técnica legislativa empleada sorprende. Una ley orgánica de un Servicio como el de Protección debe comprender más de 24 artículos y 33 en el caso del Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Hay idea fuerzas valiosas (el énfasis en la gestión, en la construcción de indicadores, en el trabajo de coordinación intersectorial) pero poca claridad acerca del cómo esto se producirá. Se elude referirse al personal y la necesidad de regularizar la irregular situación de que el 96% del personal esté a contrata. El proyecto entrega demasiadas cuestiones relevantes a la regulación de un reglamento por parte de la autoridad administrativa de turno impidiendo así, un debate público sobre el perfil de las nuevas instituciones más allá de los titulares

3. Es una equívoca señal no asignarle urgencia. Se requiere una decidida voluntad política para priorizar en la agenda legislativa la tramitación de este proyecto. La ausencia de urgencia (una decisión estratégica del ejecutivo) puede significar que este proyecto se sume a los numerosos proyectos sobre infancia que duermen el sueño de los justos en las comisiones parlamentarias.

4. Al igual que cuando se diseñó el nuevo sistema procesal penal, es necesaria una definición sobre la arquitectura general del sistema, más allá de los distintos proyectos que la hacen operativa. La dubitación del Ministerio de Desarrollo Social sobre el Anteproyecto de Ley de Protección de Derechos es preocupante. Al igual que el desconocimiento de si los nuevos servicios contarán con los recursos adicionales indispensables para enfrentar los desafíos que este proyecto les encarga. ¿Tendremos una política de infraestructura para el área de protección de derechos? ¿O seguiremos teniendo centros como "Fugahuel" (CTD Pudahuel) que a pesar de mil refacciones no cuenta con espacios idóneos para el delicado trabajo que allí se debe realizar? ¿Los hogares seguirán recibiendo una subvención absolutamente insuficiente para las tareas de reinserción familiar a la que están llamados?

  Proyecto Suprime SENAME y Crea Nuevos Servicios