Presidente de la Suprema demanda política integral para enfrentar violencia intrafamiliar

El ministro Urbano Marín advirtió que se trata de un "grave problema social", tal como la delincuencia juvenil.

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"Una política integral para enfrentar en las respectivas competencias la situación de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la de los menores afectados por ella fue una de las demandas que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la cuenta pública que inauguró el Año Judicial 2009.

Según explicó, las cifras demuestran que es un "serio problema", pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25%, corresponden a violencia intrafamiliar.

A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, "la acción casuística de los tribunales no es suficiente", y se requiere que los "organismos competentes adopten medidas de otro orden".

Marín planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de "este preocupante fenómeno social", para luego fijar una política integral.

Otro "grave problema social", planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino "una derrota en su debida protección y desarrollo integral".

Al término de la ceremonia, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que para el Ministerio Público la violencia intrafamiliar "es una prioridad", y se sumó al planteamiento de Marín advirtiendo que el fenómeno "escapa a los organismos de represión y persecución penal".

Consultado por el alto porcentaje de casos que pese a ser denunciado ante la justicia no termina en condena -en 2008 alcanzó al 49,4%-, Chahuán explicó que por la baja penalidad que tiene un delito como el de amenazas (61 días), los fiscales normalmente optan por la suspensión condicional del procedimiento, ya que así pueden obtener medidas de protección para las denunciantes.

Chahuán reconoció defectos en el control de tales medidas cautelares, y subrayó que "ese control no es resorte exclusivo de la fiscalía, no es nuestra responsabilidad".

"Estamos dispuestos a revisarlo, pero no todos los juicios o todas las investigaciones por violencia intrafamiliar pueden llegar a condena. El sistema no está concebido así, y la ministra del Sernam lo sabe", agregó el fiscal nacional.

Chahuán recordó que el Ministerio Público implementó proyectos piloto de intervención inmediata en ocho regiones, y que pretende extenderlos a otras cuatro, que se elegirán entre las de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Aisén y Arica-Parinacota.

Transparencia, eficiencia y atención a los usuarios son las prioridades para este año

Mejorar la transparencia, la eficiencia y la atención a los usuarios son los desafíos en los que se deberá enfocar en 2009 el Poder Judicial, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.

Al cerrar su revisión al trabajo realizado durante 2008, el ministro señaló que "aspiramos a una justicia que llegue a quienes la necesitan, cuando la necesitan. Y que sea valorada por la comunidad, porque existe certeza de que procedió en forma honesta".

Respecto de la transparencia, y junto con valorar los avances en mayor acceso a la información que significaron los cambios a la página web institucional, Marín afirmó, citando a Voltaire, que "el ocultamiento de la verdad es el inicio de la corrupción de las costumbres".

"No basta que sea amplia la publicidad de los actos y resoluciones judiciales y expedito el acceso a la información. Lo que realmente importa es que ambos permitan comprobar que la acción judicial se lleva a cabo correctamente. Es lo que queremos lograr por estas vías: mostrar todo el tiempo que el Poder Judicial es honesto y trabaja con eficiencia", precisó.

Su discurso también hizo hincapié en la evaluación interna del Poder Judicial y en la probidad judicial, destacando que lo que corresponde es investigar las irregularidades y, si procede, corregirlas con los medios que franquea la ley. "Nuestro compromiso con esta exigencia lo demuestran los más de 14 casos en que la Corte castigó severamente tales anomalías en 2008", recordó. Urbano Marín también apuntó a la necesidad de hacer una revisión completa del sistema de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios a cargo de la Academia Judicial, y reorganizar y modernizar la secretaría de la Corte Suprema.

Inquietud por seguridad en juicios orales y tardía habilitación del Centro de Justicia

Aunque fue menos crítico que en otros discursos de apertura del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema cuestionó ayer que persistan algunos problemas advertidos en cuentas anteriores del Poder Judicial, entre ellos el de la seguridad al interior de los tribunales. "Sucesos recientes demuestran que se mantiene un déficit en las condiciones de seguridad en los tribunales, con riesgo para jueces y funcionarios, abogados, peritos, testigos y las personas involucradas", señaló Urbano Marín.

Hasta ahora la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha instalado 78 paneles de separación en salas de audiencia y pronto contratará más guardias para labores de control y vigilancia.

Marín también apuntó a la difícil situación de la mayoría de los juzgados mixtos -"los grandes olvidados de la reforma", planteó-, porque además de su variada competencia en asuntos antiguos deben conocer los nuevos procedimientos orales "sin contar con la estructura adecuada y dotaciones suficientes".

Otro de los puntos pendientes, a juicio de la máxima autoridad de la Suprema, es habilitar el Centro de Justicia de Santiago con los equipos de climatización necesarios para usuarios, jueces y empleados. Es un problema, dijo el magistrado, cuya solución se ha seguido postergando, "pese a la buena disposición de los ministerios de Justicia y de Obras Públicas".

"Esto significa tener ociosa gran parte del inmueble y continuar con un gasto tan oneroso como evitable por concepto de arrendamiento de otros recintos".

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, adelantó que se enviará un proyecto de ley que aumentará la dotación de los gendarmes, y prometió que este año el Centro de Justicia estará totalmente habilitado.

Colegio de Abogados apunta a reforma legal para fijar estándares a las ues

La preocupación de la Corte Suprema por el alto número de abogados que se han titulado en el último periodo (15.894 en la última década) -y por su idoneidad para ejercer la profesión- fue abordada ayer por Urbano Marín como uno de los temas que persisten como obstáculos para la mejor administración de justicia "y cuya resolución no depende sólo del Poder Judicial".

"Como le corresponde otorgar el título, a la Corte Suprema le inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía, sino la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal", manifestó el magistrado al inaugurar el Año Judicial 2009.

Acogiendo este planteamiento, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, recordó que han estado en conversaciones con las universidades y con la comisión de modernización de la Corte Suprema para llegar a una propuesta. No obstante, admitió que ha sido una tarea compleja.

Además, advirtió que al final una modificación al sistema dependería de una reforma legal.

"Estamos simplemente recogiendo ideas, porque le digo el problema está claro, pero los caminos de solución son extremadamente complejos. Ahora es problema del consejo del Colegio que se pronuncie sobre esta materia. (Pero) se requiere un cambio legal, porque tal como está la ley, cualquier persona que tenga un título de una universidad reconocida por el Estado puede obtener el título (en la Corte Suprema)".

Barros detalló que la idea del colegio es que se establezcan estándares mínimos en las facultades de Derecho, pues estima que "existe una tremenda asimetría y diferencia entre lo que son las buenas universidades y lo que es el estándar general que puede exigirse para obtener el título de abogado".

"Hay universidades o hay licenciados que no están adquiriendo las calificaciones mínimas para al ejercicio de la profesión, y el problema es ése. El título de abogado debiera acreditar suficientemente sus cualidades profesionales, y ésa es la duda que nosotros tenemos y que creemos que debe resolverse", concluyó Enrique Barros.

2.882.040
causas de primera instancia ingresaron en 2008.

13%
fue el incremento respecto del año anterior. Sumado al alza de 2007 alcanza el 30%.

107.200
recursos recibieron las 17 Cortes de Apelaciones. En 2007 fueron 107.467.

8.158
recursos ingresaron a la Corte Suprema, que resolvió 7.702.

JURAMENTO

EL EX SUPREMO Alberto Chaigneau y el ex ministro de Justicia Luis Bates juraron ayer como abogados integrantes.

Entrevista al juez : "La custodia compartida es el modelo al que la sociedad debe tender, los niños no se divorcian de sus padres"

Diario de la Sierra ha entrevistado al juez sevillano Francisco Serrano sobre temas de candente actualidad, tales como la violencia de género y la tenencia compartida.
Fuente: Lexfamily

Diario de la Sierra: ¿Cuál es su opinión en relación a la Violencia de Género en España?

Francisco Serrano: Considero que era necesaria una reforma estructural e integral para dar respuesta a la protección a las mujeres que han sufrido, sufren y siguen sufriendo situaciones de violencia machista en nuestro País, pero se han tergiversado y confundido los conceptos a la hora de redactar esa necesaria normativa pues se ha partido de un planteamiento de derecho penal de autor donde sanciona a la persona por estar encuadrada en un género, el masculino, y por mantener o haber mantenido una relación sentimental o de pareja con la víctima a la que se protege por el mero hecho de ser mujer. Es necesaria una norma de discriminación positiva pero para elevar el grado de reproche contra el hombre maltratador y proteger eficazmente a las mujeres maltratadas, ello implica la necesidad de redefinir el maltrato , reservando la aplicación de esa Legislación especial para supuestos e los que realmente se aprecie discriminación, desigualdad, relación de poder, miedo, humillación y degradación física o moral en las mujeres que padecen a esa lacra, las que, insisto, no superan el 10 o 15% de las denuncias que se formulan. El abuso y el fomento del abuso, por tanto, perjudica, ante todo, a las auténticas maltratadas que siguen desprotegidas tras denunciar y a las que no se atreven ante ese fracaso y desconfianza del sistema a denunciar su drama.

D.S.: ¿Cual es la diferencia con la Violencia Doméstica?

F.S.: En la violencia doméstica el marco de protección, en estrictos términos de igualdad, se extiende a todos los miembros de la familia, incluidos los cónyuges, hijos y abuelos. El mismo Juzgado conocería de todo ese fenómeno de violencia familiar que se procuraría paliar, en tal caso, sí, realmente, de forma integral y no sectaria.

D.S.: ¿Qué opina en relación a las Ordenes de Alejamiento dictadas sin ninguna investigación previa?

F.S.: Que sobre todo vienen a dar protección al juez que las adopta o al fiscal que las solicita, lo que no es de reprochar pues, en principio, ante la presión de lo políticamente correcto, y ante las críticas sociales de determinados lobbys de poder, cada uno procura autoprotegerse.

D.S.: ¿Cual es su posición en relación a la Tenencia Compartida?

F.S.: Que es el modelo de responsabilidad parental al que la sociedad debe tender y evolucionar pues los niños no se divorcian de sus progenitores. Es el modelo más favorable par los menores y para las madres a fin de hacer realidad el objetivo de conciliación de la vida laboral y familiar. En principio tendría que concienciarse a los padres para que propiciaran esa forma de custodia, siempre que durante la convivencia familiar no se hubieran limitado a un papel periférico en la crianza de los hijos. Lo paradójico es que el feminismo por la diferencia, al que denomino talibán, se empeña en negar esa conveniencia pues en definitiva lo que quieren preservar son privilegios desfasados y que también defendía el machismo cavernícola representado por la sección femenina de la Falange.

D.S.: ¿Existen antecedentes en otros países de leyes similares a las vigentes en España?

F.S.: No que yo conozca y sí conozco otros modelos como el francés donde un son los Juzgados de Asuntos familiares los que asumen competencias en materia civil y penal de familia y leyes en Uruguay, México, Argentina , Perú, Guatemala… en donde existen normas de protección contra la violencia familiar doméstica. El modelo de juzgado de violencia sobre la mujer, coexistiendo con los de familia, no existe en ninguna otra parte del mundo. Aquí se nos hace creer que las mujeres españolas en sus relaciones de pareja son las que sufren mayor desigualdad y discriminación. Afortunadamente, eso lo sabemos todos y todas, es hoy en día, radicalmente falso.

D.S.: ¿Sabe Ud. si existen hombres maltratados?

F.S.: Sí, mas en mucha menor proporción que las mujeres. Es cuestión de relación de poder y fuerza, el fuerte abusa del débil, por lo que cuando la mujer es la que domina, ella es la podría convertirse en maltratadora. Todos y todas también lo sabemos aunque se niegue y sea políticamente incorrecto decirlo. El hombre maltratado, sin embargo, no es que solo no se le proteja es que se niega su existencia, al igual que se niega la existencia de las madres que sufren alienación parental de progenitores varones. La mala leche no tiene sexo.

D.S.: ¿Existe alguna institución de protección o apoyo similar al que tienen las mujeres maltratadas?

F.S.: No porque el hombre al encontrarse en una situación de poder no lo requiere. Que se lo digan a muchos separados obligados a vivir de la caridad, en tiendas de campaña y privados de poder ver a sus hijos. Sinceramente yo creo que la igualdad discurre por otros derroteros

D.S.: ¿Es posible retirar una denuncia, tratándose de un fuero penal?. En caso afirmativo, ¿cuales serian las causales?

F.S.: Se puede por razones de acogimiento a la excepción del secreto familiar, las retiradas pueden obedecer a miedo, amenazas o falsa compasión con el maltratador, mas también al sentimiento innato de justicia de valoración de la desproporcionalidad entre lo denunciado y la pena y reproche que merece el denunciado, a quien se puede haber querido dar un escarmiento para obtener ventajas que cuando se visualiza además que a medio y corto plazo no se van a conseguir, se termina no manteniendo la acusación y reconociendo que ese denunciado puede ser un inmaduro, padre irresponsable o majadero pero no un maltratador

D.S.: ¿Como explica, si es que existe, que se haya implementado un Registro de Maltratadores, pero no uno de pederastas?

F.S.: Un fruto más de ese discurso políticamente correcto. En otros países también existen registros de progenitores alienadores de sus hijos, en Argentina por ejemplo.

D.S.: ¿Qué opinión le merecen los cursos obligatorios que se implementan para los maltratadores?

F.S.: Que son necesarios cuando nos encontramos ante auténticos maltratadores, pues se ha de procurar su rehabilitación social.

D.S.: Estos cursos tienen una duración de 9 meses con asistencia obligatoria semanal. Dada la situación económica laboral actual… ¿cómo se pueden efectuar obligatoriamente si el obligado debe obtener un permiso de su empleador?.

F.S.: Que reconozco la dificultad, pero cuando son necesarios se ha hacer todo lo posible para asegurar esa asistencia. la pregunta es si realmente lo son en todos los supuestos dado la defectuosa definición de maltrato

D.S.: ¿Existen denuncias falsas?

F.S.: Casi todo el mundo sabe que es cierto que existen, mas se trata de un tema tabú. Se abusa porque se utiliza la Ley como instrumento para materializar sentimientos de venganza, resentimiento y despecho, y por razones de interés pues con ello se consiguen evitar pretensiones de custodia compartida y se refuerzan actitudes y comportamientos de alienación y manipulación de los hijos, dirigidos a que se conviertan en huérfanos de padre. Si los hombres dispusieran de un instrumento legal también lo utilizarían en su propio provecho

D.S.: Ante hechos comprobados, ¿resulta esta acción punible?

F.S.: Es casi imposible, por no decir imposible, probar que una denuncia que no se ha probado, pueda, en negativo, acreditarse que se ha formulado con deliberada intención de falsedad, mas aun así, aun siendo punible, ese comportamiento nunca implicaría pena de privación de libertad. esa denuncia sale gratis, debiendo, al menos, tener consecuencias de cara a la custodia de los hijos, cuando se acredite que solo ha obedecido a la intención de apartar injustificadamente a un padre de su/s hijos.

D.S.: ¿Considera que desde el punto de vista legal, y en la praxis, los hombres son iguales a las mujeres?

F.S.: La auténtica igualdad es una abstracción, una entelequia. Sólo somos iguales anta la ley, mas en sociedad somos diferentes. Afortunadamente hombres y mujeres lo somos, por eso nos unimos en relación de pareja. En todo caso ante situaciones de igualdad de condiciones, de mérito y capacidad, no se pueden admitir discriminaciones de ningún género

D.S.: ¿El fuero especial de la violencia de género, no está ya contemplado en el articulado del Código Penal?

F.S.: En parte sí a través de las agravantes de parentesco y superioridad, mas lo cierto es que sí coincido en la necesidad de una norma especial de discriminación positiva, en tal sentido interpreto la sentencia del Tribunal Constitucional, para dar mayor protección a las mujeres que sufren ese maltrato indigno y castigar con mayor severidad a los cobardes maltratadores, al igual que es necesario una ley especial para castigar los delitos de terrorismo .

D.S.: Ha llegado a nuestro conocimiento lo que las organizaciones defensoras de los hombres maltratados, llaman la “bala de plata”, que son las denuncias falsas de violación por parte del hombre de los hijos de la pareja. ¿Tiene Ud. constancia o conocimiento de este tipo de situaciones?.

F.S.: Sí que he tenido, y resultan casos flagrantes de maltrato infantil que han de reportar consecuencias sancionadoras para quien utiliza consciente o inconscientemente esa estrategia, la principal la pérdida automática de la custodia del hijo. En una ejecución conflictiva cuando se demanda por un progenitor no custodio que se impida que el custodio siga obstaculizando el régimen de visitas, relación y contacto, y en esa fase este último, normalmente la madre pero en ocasiones también los padres, presenta denuncia de abusos, por mi experiencia, avalada por los principales Institutos de Anatomía Forense, en el 90% de los casos la denuncia resulta falsa. En la mayoría de las veces cuando se demuestra la falsedad ya es tarde para poder reestablecer una relación paternofilial truncada

D.S.: ¿Qué opina Ud. de la violencia de los hijos contra los padres o contra sus mayores en general?

F.S.: Pues que resulta un fenómeno cada vez más extendido, fruto de la hipocresía que impide educar en valores y ni tan siquiera corregir a los hijos razonable o moderadamente, facultad que los padres y madres perdimos tras la reforma de la Ley de Adopción Internacional de 28 Dic de 2007. Cuando son adolescentes ese defecto de corrección e imposición de límites y disciplina los convierte, en algunos casos, en bombas de relojería que les estallan en las manos, en primer lugar, a sus padres y luego a la sociedad en la que han de convivir.

D.S.: Tenemos conocimiento de que Ud. ha sido apercibido por el Consejo Superior. ¿Que puede decir al respecto?

F.S.: No es cierto que el Consejo General de Poder Judicial me haya apercibido, ni puede ni debe hacerlo por expresar mi opinión como autor del Libro Un Divorcio sin Traumas ni podría hacerlo en lo que respecta al ejercicio independiente de mi función jurisdiccional. No voy yo a ser menos que el Juez Garzón. El Consejo se ha limitado a desmarcarse, de hecho yo no pedí que se enmarcara, sobre mis opiniones en relación a los datos estadísticos ofrecidos del Laboratorio de Violencia Doméstica, datos que comuniqué sin valoraciones que reservo a la inteligencia de quien quiera contrastarlos, pues esos datos están en la propia pag Web del Consejo: De más de 480.660 asuntos penales ingresados en los tres primeros años de implantación de la Ley de Violencia, solo se han dictado por los juzgados penales y Audiencias Provinciales, menos de 32000 sentencias condenatorias por delito de maltrato. Un 6.57 %. Y eso sin considerar que esas condenas parten del concepto de maltrato que critico, y aunque reconozco que se habrán sobreseído y absuelto otros muchos asuntos en los que se haya retirado, como dije, la denuncia por miedo, amenazas o compasión mal entendida.

Ya es hora que nos dediquemos a proteger a quienes se ha de proteger, seleccionando, eliminando situaciones de abuso alentadas por convicción, ignorancia o puro y duro interés. La mejor forma de ganar una guerra es evitándola.